La Abogacía Española exige "el cese inmediato de las repatriaciones de menores sin garantías jurídicas" desde España a Marruecos, ya que duda de que se estén "cumpliendo estrictamente los convenios internacionales y el propio convenio bilateral" con el país vecino, y que se preserve el interés superior del menor. El Ministerio del Interior empezó este viernes a retornar a Marruecos a parte de los 800 menores que entraron en Ceuta durante el 17 y 18 de mayo y que permanecían en la ciudad autónoma, una decisión contra la que se han pronunciado varias ONG, el Defensor del Pueblo y, en las últimas horas, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Mientras, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía de Ceuta han decidido abrir diligencias de investigación para conocer las condiciones en las que se está produciendo la repatriación de los cerca de 800 menores marroquíes no acompañados. Ambas fiscalías desconocen desde el plan de repatriación puesto en marcha por el Ministerio del Interior hasta los detalles ya que sólo habrían recibido una comunicación genérica que no decía ni cuántos, ni quiénes ni cuándo iban a empezar.
La Abogacía se opone a estas devoluciones porque considera que pueden no respetar las normas y los convenios internacionales, así como por dos sentencias del Tribunal Constitucional español, en todas las cuales se exige asegurar protección al menor y seguir cada caso individualmente.
Subraya que la ONG Save the Cildren había valorado a la mayoría de estos niños acogidos en Ceuta y "había constatado que muchos llegaron a España huyendo de situaciones de violencia, explotación laboral, sexual o maltrato". "La Abogacía está preocupadísima porque se puedan estar repatriando a niños/as especialmente vulnerables y que no le hayan dado la información o facilitado la posibilidad de solicitar protección internacional", señala el órgano de representación de los abogados en un comunicado.
Recuerda que el Tribunal Constitucional (TC) reconoció -en dos sentencias de 2008- a menores marroquíes el derecho a oponerse judicialmente a su repatriación, al tener “capacidad y madurez suficiente” para impugnar ante la Justicia decisiones que perjudiquen sus intereses. Y explica que las repatriaciones que se llevan a cabo se fundamentan en un convenio bilateral entre el Reino de España y el Reino de Marruecos que entró en vigor el 2 de octubre de 2012, que entra en colisión con lo estipulado por la legislación y los convenios internacionales y por las citadas sentencias del TC.
La Abogacía pone de relieve que, según estas normas internacionales, el proceso de devolución "debe ser individualizado y garantizar además que los menores, que en la mayoría de los casos se puedan negar a volver a su país, sean informados de su retorno y de los derechos que les asisten, entre ellos ser escuchados". "Tampoco pueden ser devueltos sin que se realice en todo este procedimiento una evaluación del interés superior del menor", añade.
Duda también del cumplimiento de los propios requisitos impuestos en el convenio bilateral entre España y Marruecos, en el que se exige primero la reunificación con sus familiares, "hecho que tiene que ser constatado fehacientemente en los procesos administrativos individuales".
Recalca la Abogacía que, si no fuera posible y tras garantizarse por ambas partes la repatriación a centros de menores, se deben garantizar que ese centro de acogida al que sean derivados cuente con recursos materiales y humanos suficientes o la creación de un comité de seguimiento. "Subir a una furgoneta a los menores sin explicarles la decisión y trasladarlos a la frontera vulnera el derecho internacional y el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente administrativa y jurisdiccional produciéndose situaciones de hecho que vulneran el artículo 24 de la Constitución y el interés superior del menor consagrado en todos los tratados internacionales sobre los niños", advierte la Abogacía.
