Belarra propone al PSOE actualizar las pensiones mínimas con el IPC en julio

Las negociaciones para el segundo escudo social para hacer frente a los efectos de la inflación ya han comenzado en el seno del Gobierno. PSOE y Unidas Podemos preparan un decreto para prorrogar y ampliar durante los próximos meses las medidas que se han quedado insuficientes ante la escalada de los precios. En este sentido, el Ministerio de Derechos Sociales ya ha propuesto a los departamentos del PSOE un paquete de medidas para ayudar a los más desfavorecidos.

Una de las nuevas propuestas que ha partido del Ministerio que dirige Ione Belarra y que tiene al secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, como principal negociador es actualizar las pensiones no contributivas con carácter inmediato al IPC, adelantando dicha actualización en la nómina de julio. De este modo, las pensiones más bajas podrían hacer frente al incremento de precio que están sufriendo sin tener que esperar a final de año ni ver como durante estos meses se produce una merma de su capacidad adquisitiva. Sería una decisión histórica, nunca antes se ha hecho esto en España.

Además, el departamento de Derechos Sociales propone crear un fondo de ayuda a municipios y comunidades autónomas para reducir reducir el precio del transporte público en todo el territorio nacional. El transporte público se ha encarecido por el incremento de los precios de la energía, de forma que este fondo especial debería servir para rebajar los bonos. Ya lo ha hecho Alemania. Los de Belarra proponen reducir el abono mensual hasta los 10 euros en todas las ciudades y autonomías.

La tercera propuesta de Derechos Sociales afecta al bono social. Proponen reformarlo, aprobando con urgencia su modificación con varios objetivos: ampliar su extensión para que llegue de una vez a los dos millones de familias que lo necesitan, agilizando su acceso mediante la automatización de los trámites y el intercambio de información entre administraciones, y regulando la aplicación del principio de precaución para que, ante una situación de impago, la empresa deba informar necesariamente de la situación de vulnerabilidad del cliente antes de emprender cualquier acción.

Los negociadores del equipo de Belarra consideran que el primer escudo social aprobado el pasado mes de marzo y convalidado en el Congreso gracias a los votos de EH Bildu debe prorrogarse hasta el próximo 31 de diciembre. El PSOE habla en privado de ampliarlo hasta el 30 de septiembre.