Blanco asegura que la modificación de la ley de Navegación Aérea busca satisfacer a todos

Londres.- El ministro de Fomento, José Blanco, defendió hoy el proyecto que modifica la Ley de Navegación Aérea y aseguró que logra compatibilizar los intereses de España con los derechos de los vecinos de aeropuertos como el de Madrid-Barajas.

"Hemos hecho un gran esfuerzo para tratar de compatibilizar los derechos y las reclamaciones de los vecinos con el interés de un país que quiere tener un gran aeropuerto con gran capacidad y para el que se hizo una inversión de 6.000 millones de euros", dijo Blanco durante una visita de trabajo a Londres.

En declaraciones a la prensa tras explicar al ministro británico de Transportes, Andrew Adonis, las prioridades de su departamento para la presidencia española de la UE durante el primer semestre de 2010, el titular de Fomento argumentó que la modificación de la ley era esencial para convertir Barajas en una referencia aeroportuaria.

El ministro reiteró que se va a buscar el acuerdo para salvaguardar los derechos de los afectados por el impacto acústico de la ampliación del aeropuerto, sin dejar de trabajar para que Barajas sea "un gran hub" del transporte aéreo comercial.

Blanco recordó que se ha hecho una gran ampliación que posibilita aumentar la capacidad del aeropuerto de 78 operaciones por minuto a 120 -en la actualidad se realizan 98- y consideró que Barajas está en el camino de ser una referencia internacional, teniendo en cuenta también los planes de fusión entre Iberia y British Airways.

El ministro señaló también el decisivo peso económico del aeropuerto -"es la primera empresa de Madrid, generando miles de empleos y millones de euros en recursos"- y consideró que "no haber buscado una solución hubiera dejado inoperativa la ampliación".

"Sería un mazazo a la economía de la Comunidad de Madrid y, por lo tanto, de España. Sería un gran problema para el impulso turístico de nuestro país y para las relaciones comerciales", dijo.

A propuesta de Blanco, el Consejo de Ministros impulsó el viernes el proyecto de modificación de esta ley, con la que el Gobierno también quiere fijar un marco jurídico que fije las obligaciones objetivas y precisas del Estado en materia de calidad acústica.

En virtud de estos cambios, el Estado estará obligado a garantizar que los aeropuertos cumplan los objetivos de calidad acústica, a aprobar planes de acción con las correspondientes medidas correctoras y a que las autoridades aeronáuticas hagan una evaluación del impacto ocasionado por la infraestructura.

El proyecto da un plazo de seis meses al Estado para que en las grandes infraestructuras -más de 250.000 movimientos al año- se aprueben las correspondientes "servidumbres acústicas" y se estudien los derechos de los afectados por los vuelos.