Sábado, 30.05.2020 - 14:47 h
El nuevo sistema se retrasa hasta 2021

El bloqueo institucional impide renovar el plan de residuos nucleares tras 14 años

El tratamiento de los desechos radiactivos es el punto más sensible y caro del acuerdo para cerrar centrales pactado por las eléctricas hasta 2035.

Gráfico nucleares.
Gráfico nucleares.

Dos meses después de celebrar elecciones generales, no hay Gobierno. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ejerce en funciones. Es un motor que funciona con marchas cortas. Sin Gobierno electo, no hay interlocutor. Es lo que le sucede a Enresa, la empresa pública encargada de gestionar los residuos nucleares. Ha elaborado un nuevo Plan de Residuos Nucleares -el VII- que debe sustituir al vigente, pero no tiene a quién mandarlo. Ni el Gobierno ni el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) han recibido el documento, según confirman fuentes al tanto del proceso.  Enresa señala al respecto que sigue trabajando en la propuesta. La tramitación del nuevo plan es fundamental para afrontar el apagón nuclear pactado por las eléctricas y el Gobierno Sánchez, pero va a sumar nuevos retrasos al retraso después de 14 años.

Enresa, que renovó su dirección hace un año, ha cumplido. Se comprometió a elaborar un nuevo Plan de Residuos antes de julio de 2019 y lo ha hecho. Pero el bloqueo institucional impide ir más allá. Fuentes ministeriales explican que no tiene sentido que un Gobierno en funciones examine y tome decisiones sobre un asunto clave como es la gestión de los residuos de las centrales. Así, seguirá vigente el plan de residuos actual, que fue elaborado en el año 2006. En 2014, con Gobierno del PP, Enresa ya elaboró un borrador para sustituirlo. Pero el documento se perdió en los meandros de la legislatura.

El plan vigente es un problema porque no sirve y ya ha costado una seria advertencia por parte de Bruselas. En España, los residuos más peligrosos se almacenan en piscinas y contenedores en las instalaciones nucleares. Pero rebosan. Las piscinas están ocupadas en un 84% de media, según los datos del Foro Nuclear correspondientes a 2018 (página 248). Sin un lugar concreto donde almacenar los residuos porque el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas fue paralizado por el Gobierno Sánchez, el problema crece.

El borrador elaborado por el equipo de Enresa que dirige desde julio del año pasado el exconsejero de Industria de Extremadura, José Luis Navarro, es clave para encauzar el cierre de las centrales nucleares pactado. Según lo acordado por eléctricas y Gobierno, el cierre de instalaciones será escalonado. Se desarrollará entre 2025 y 2035, lo que supone una horquilla temporal amplia: seguirán funcionando más de 40 años, pero menos de 50.

Para hacer frente a lo que se viene encima, el nuevo plan que maneja Enresa prevé, entre otros puntos, aumentar un 20% la tasa que pagan las eléctricas para gestionar los residuos -de 6,69 euros/Mw a 8,08 euros MW- y resucitar el ATC para abaratar el coste de gestión de los desechos. El almacén entraría en operación en 2028, aunque no necesariamente en el lugar previsto hasta ahora. En todo caso, la aprobación del VII Plan de Residuos permitiría encauzar una situación que, según los datos de Foro Nuclear ha costado 1.778 millones entre 2010 y 2018 y que costará otros 1.486 millones entre 2019 y 2022.

Gráfico nucleares II.
Gráfico nucleares II.

La factura crece y crece. El 1 de julio de 2017 finalizó el acuerdo de España con la compañía francesa Areva (ahora Orano) para almacenar en Francia los residuos radiactivos de la central Vandellós I, clausurada en 1989. Y cada cada día transcurrido sin que España repatríe la basura nuclear conlleva una penalización de 73.000 euros.  Un suma y sigue.

De momento, la solución es sólo un deseo. Enresa no ha canalizado su propuesta de forma oficial y el reloj no corre. No habrá consulta pública a corto plazo, por lo que el retraso en un asunto tan sensible irá en aumento. Hay un trámite insoslayable: el plan debe someterse a una auditoría ambiental. Es lo que marca la Ley de Evaluación Ambiental de 2013. La norma obliga a someter a una adecuada evaluación todo plan, programa o proyecto que pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente. El cumplimiento de todas las obligaciones puede retrasar hasta al menos el año 2021 la aprobación del plan de residuos.

La pieza central, se apruebe cuando se apruebe el plan, es el ATC. Enresa lo defiende. Pero no se pronuncia sobre su posible ubicación. Tampoco lo ha hecho el Gobierno. Ha paralizado el proyecto de Villar de Cañas (Cuenca) pero sin descartarlo por completo y barajando la posibilidad de acometer un proyecto alternativo en alguno de los municipios nucleares ya existentes. El ATC de Cuenca sólo cuenta con un informe favorable de emplazamiento del Consejo de Seguridad Nuclear -son necesarios tres- y carece de declaración de impacto ambiental.

El futuro del proyecto es incierto, pero no lo es el esfuerzo que ya ha supuesto. Desde el año 2012, Enresa ha pagado o comprometido 42,8 millones de euros. La mayor parte, el 58%, ha ido a parar a la filial de ingeniería Iberinco, filial de Iberdrola. El CSN tradujo a horas los trabajos ya realizados por sus especialistas. El organismo ha empleado  en las evaluaciones relativas a la solicitud autorización de construcción del ATC, unas 43.000 horas de personal técnico propio del organismo, así como otras 4.900 horas de personal externo contratado. Y la tarea sigue pendiente.

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