El bloqueo político congela el sueldo de los trabajadores de Patrimonio Nacional

El bloqueo político tiene congelado el sueldo de la inmensa mayoría de los empleados públicos destinados en Patrimonio Nacional, los encargados de la conservación y el mantenimiento de los bienes del Estado vinculados tradicionalmente a la Corona Española. Se trata del personal laboral –no funcionario–, que supone en torno al 80% de la plantilla total, entre los que se encuentran trabajadores de los reales sitios, en su mayor parte ubicados en la Comunidad de Madrid, como el Palacio Real, el Valle de los Caídos, El Pardo, San Lorenzo de El Escorial, La Granja de San Ildefonso o los monasterios reales. A tres meses de que acabe el año, todavía no han cobrado la subida salarial de 2019.

Hay casi 1.000 afectados entre guardas, personal de mantenimiento, conservadores, restauradores, carpinteros, jardineros, personal de taquillas... En concreto, según los datos facilitados por Patrimonio Nacional, los trabajadores de la plantilla de personal laboral ascienden a 980 personas. A diferencia de los 300 funcionarios del organismo, estos empleados dependen de Presidencia del Gobierno y se rigen por un convenio colectivo propio. Por tanto, su subida salarial no es automática en cuanto se aprueba por ley, sino que sigue una tramitación más compleja en distintos órganos de la Administración.

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El proceso, en resumen, es el siguiente: Patrimonio Nacional solicita a Hacienda una determinada masa salarial y, una vez aprobada por el Ministerio, celebra la reunión de la Junta de Personal. En la Mesa Retributiva, representantes de la Administración y de los trabajadores deciden cómo se distribuye esa masa salarial y envían a Hacienda la distribución acordada. De nuevo, el Ministerio tiene que dar el visto bueno y solo entonces procede a abonar las nóminas actualizadas.

"El procedimiento es tan complejo que lo retrasa todo", denuncian fuentes del sindicato de funcionarios CSIF que achacan la congelación de los sueldos directamente al adelanto electoral y a la parálisis institucional. En Patrimonio Nacional, sin embargo, no consideran que exista un bloqueo. Si bien admiten que en ausencia de Gobierno, "las circunstancias son complejas" y "las administraciones están funcionando al ralentí", por lo que el proceso se retrasa más de lo habitual y, en consecuencia, los sueldos de estos trabajadores siguen congelados transcurridos ya nueve meses del año.

Con todo, desde el organismo público aseguran que "los trámites están en marcha". Fue el pasado mes de marzo cuando solicitaron a Hacienda el incremento correspondiente al 0,2% de la masa salarial. Mientras, fuentes del Ministerio que dirige María Jesús Montero justifican que "las peculiaridades del organismo han dificultado el proceso", pero en estos momentos confirman que "ya se ha aprobado la masa salarial y se ha dado la autorización para iniciar el trámite que culmine con la revalorización".

Pero entrado ya el mes de octubre, para los sindicatos es tarde. A la espera de que Hacienda libere los fondos correspondientes para atender la actualización de estos casi mil sueldos, desde el sindicato de funcionarios advierten de que convocarán movilizaciones durante el otoño. A esto se suma que el Gobierno en funciones todavía no ha garantizado la subida salarial a los empleados públicos en 2020. En ausencia de Presupuestos Generales del Estado para el año que viene, el Ejecutivo tendría que aprobar la actualización de las nóminas por real decreto ley, pero las restricciones legales en la actual situación de interinidad se lo prohíben.

Hay que recordar que, a diferencia del personal laboral cubierto por convenios colectivos propios, los sueldos de los 2,5 millones de funcionarios sí subieron este año. Lo hicieron un 2,25%, tras la aprobación de un real decreto ley por parte del Gobierno de Pedro Sánchez para dar cumplimiento a los pactos en materia retributiva del II Acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, firmado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y las organizaciones sindicales CCOO, UGT, y CSIF el 9 de marzo de 2018.

Además, según el acuerdo alcanzado el año pasado, a ese 2,25% se añadiría un 0,25% adicional con efectos a 1 de julio si el Producto Interior Bruto (PIB) crecía al menos un 2,5% anual en 2018. El pasado 5 de junio el Instituto Nacional de Estadística (INE) avanzó que la tasa de variación del PIB de 2018 respecto a 2017 fue del 2,58%. Una cifra que, según aprobó el Consejo de Ministros del 21 de junio, hacía preceptiva la aplicación de la revalorización variable del 0,25% en la retribución de los empleados públicos. Esta subida se materializó en las nóminas de julio, agosto y septiembre, según los distintos departamentos, tal y como confirman fuentes de Hacienda.

Y ello a pesar de que posteriormente el INE revisó a la baja el avance del PIB de 2018 y lo dejó en el 2,4%, por debajo del 2,5% que se exigía en el acuerdo para elevar los sueldos ese 0,25% adicional. En concreto, en el pacto entre funcionarios, sindicatos y Gobierno que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se recogía que "para un crecimiento (del PIB) inferior al 2,5%, el incremento (salarial) disminuirá proporcionalmente en función de la reducción que se haya producido sobre dicho 2,5%". Así, el aumento total de los sueldos que les correspondería a los empleados públicos sería del 2,45%, por debajo del 2,5% aplicado. La diferencia, no obstante, es mínima.