BM otorga a Nicaragua 40 millones de dólares para ordenamiento de propiedad

Managua, 27 mar.- El Banco Mundial (BM) aprobó hoy una financiación de 40 millones de dólares a Nicaragua para ejecutar la segunda etapa de un proyecto de ordenamiento de la propiedad en este país centroamericano, que beneficiará a 90.000 familias.

Con esos fondos se regularizará los derechos de propiedad y se modernizará las instituciones encargadas de la administración de la tierra en Nicaragua, precisó ese organismo multilateral en un comunicado difundo en Managua, en el que no detalló las condiciones del crédito.

El procurador general de Nicaragua, Hernán Estrada, señaló en una declaración escrita que "la modernización del sistema integral de la propiedad del registro público ha sido uno de los mayores logros del proyecto en su primera etapa", que inició en 2002, "mediante el desarrollo del Sistema Integrado de Información de Catastro y Registro".

Por su parte, Camille Nuamah, representante del BM en Nicaragua, explicó que a la fecha en este país hay un promedio de 24.000 kilómetros cuadrados equivalentes al 18 % del territorio nacional catastrados.

De ese total, 13.000 kilómetros cuadrados corresponden a áreas catastradas por el proyecto en las provincias de León, Chinandega, Estelí y Madriz, en el occidente y norte del país.

"Con esta segunda etapa esperamos alcanzar 33.000 kilómetros cuadrados para un total de 25,4 % del territorio nacional catastrado", detalló.

La ejecutiva del BM precisó que se contempla el barrido catastral de otros 9.000 kilómetros cuadrados en 8 municipios de la provincia de Jinotega y 12 municipios en la provincia de Nueva Segovia, ambas al norte de Nicaragua.

Nuamah resaltó que al menos el 50 % de los títulos se entregan a mujeres o parejas.

A la fecha se han entregado cerca de 70.000 títulos de propiedad en Nicaragua, de los cuales 24.000 son resultado del barrido catastral que permitió registrar 224.000 parcelas, según la información oficial.

En esta segunda etapa se continuará con el proceso para beneficiar a otras 90.000 familias pobres de las zonas rurales y urbanas, especialmente la población excluida con poca posibilidad de desarrollo y limitada por la falta de título de propiedad, indicó el BM.

En esta segunda etapa, que finalizará en 2018, se continuará con el trabajo en resolución alterna de conflictos de la propiedad mediante la capacitación de mediadores y personal de las instituciones que realizan estas actividades.