Desde el lunes, miles de habitantes de la capital se vieron obligados a caminar largas distancias o a abordar camionetas para trasladarse a sus trabajos o a sus casas ante la virtual paralización de los servicios de autobuses.
Los empresarios guardaron sus unidades durante tres días atemorizados por las amenazas de las pandillas, que para hacer valer el sabotaje mataron a siete choferes que no acataron la orden.
Lo ocurrido esta semana, "es lamentablemente una muestra del poder que han alcanzado las pandillas en este país, un poder que basan en aterrorizar a la gente", aseguró el experto en temas de seguridad, Julio Valdivieso.
A criterio de Valdivieso, con el boicot al transporte las pandillas "quieren mostrar que están dispuestas a todo, hasta a desafiar a las autoridades".
El gobierno responsabilizó del boicot a la pandilla Barrio 18, a la cual también se le atribuye el asesinato de los choferes.
Los jefes pandilleros exigen que se les incluya en una instancia del gobierno y la sociedad civil, que bajo la coordinación técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) analiza opciones frente a la criminalidad, atribuida por las autoridades en buena medida a las pandillas.
A mediados de julio, en una carta filtrada a la prensa, los cabecillas pidieron al Consejo Nacional de Convivencia y Seguridad ser incluidos en un diálogo, y no una negociación, para establecer "acuerdos" que permitan parar la violencia.
"Siempre hemos manifestado que si somos parte del problema también somos parte de la solución", pusieron en esa carta líderes pandilleros que se encuentran recluidos en una cárcel de máxima seguridad en Zacatecoluca (60 km al sureste de San Salvador).
El gobierno ha cerrado toda posibilidad de dialogar con las pandillas. El fiscal general, Luis Martínez, ha amenazado con "aplicar la ley a quien intente negociar acuerdos" con esos grupos.
"Dialogar con pandillas no creo que sea lo mejor, eso sería darles un protagonismo y un poder de decisión que si se les concede no sabemos qué puede pasar", advirtió el sociólogo y analista político Antonio Martínez.
En marzo de 2012, las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha declararon una tregua que se mantuvo por 15 meses, tiempo durante el cual se redujeron de 14 a cinco los homicidios diarios en el país.
En ese entonces el gobierno, encabezado por el presidente Mauricio Funes (2009-2014), adoptó una postura de "facilitador" de la tregua y permitió que cabecillas de las pandillas salieran de un presidio de máxima seguridad a otros más flexibles para que transmitieran lineamientos a los pandilleros en libertad con el fin de reducir la violencia.
Pero la violencia criminal volvió a dispararse. En primer semestre de este año, según fuentes oficiales, se registraron 2.865 asesinatos, superando los 1.840 del mismo período de 2014.
La vorágine de crímenes ha llevado al gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén a impulsar políticas de mano dura.
Además de 6.300 soldados que ya colaboran con la Policía en tareas de seguridad pública, la Fuerza Armada ha conformado tres batallones élite antipandillas, cada uno de ellos con 200 hombres.
"No creo que políticas de mano dura sean el camino que debemos seguir para detener el derramamiento de sangre, la violencia genera más violencia", consideró el obispo auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez.
Para Rosa chávez, "parte de la solución" al problema de inseguridad pasa "por atacar los problemas sociales" como la pobreza y la marginación.
"Todo este fenómeno de las pandillas se origina en las clases más pobres (...), entonces lo que hay que hacer es atender a los pobres y darles herramientas para que puedan tener un mejor porvenir y para eso es necesario que como sociedad nos abramos", reflexionó el obispo.
Para la especialista en temas de pandillas, Janeth Aguilar, las políticas de mano dura "solo sirven para agravar más la situación de violencia" y coincide en que se debe atacar antes aspectos como la pobreza.
Las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha son las dos más violentas estructuras criminales en el país. Se originaron en la década de 1980 entre grupos de migrantes que llegaron a Centroamérica a principios de los noventa por efecto de deportaciones masivas.
En El Salvador hay 12.851 pandilleros encarcelados, pero en las calles operan otros 60.000, según estimaciones oficiales.
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