Bolaños apacigua a los jueces y abre la puerta a un pacto para renovar el CGPJ

El acuerdo al que han llegado Gobierno y PP, de la mano del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para la renovación pendiente del Tribunal Constitucional y otros tres organismos del Estado ha logrado apaciguar la beligerancia con la que los jueces y sus distintas asociaciones profesionales estaban criticado la falta de consenso en torno al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por entender que se abre la puerta a un cambio de sus vocales, aunque sea con tres años de retraso. A pesar de las reticencias que el Partido Popular mantiene todavía sobre el órgano de gobierno de los jueces, fuentes políticas y judiciales aseguran que el paso que se ha dado servirá para reiniciar un proceso de renovación que ha estado ya en varias ocasiones a punto de cerrarse.

Desde el entorno de Presidencia aseguran que van a mantener el diálogo abierto con los 'populares' para “enganchar” el acuerdo al que se ha llegado en el caso del TC, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) a los 20 vocales del CGPJ, entre ellos su presidente, Carlos Lesmes. Uno de los grandes escollos a los que se enfrentaba Bolaños en todo el proceso fue la cruzada que las asociaciones de jueces realizaron en Bruselas y que supuso un serio aviso para las autoridades españolas por no ser capaces de renovar la institución en tanto tiempo, por más que desde Madrid siempre se haya echado la culpa de ello al los impedimentos del PP. La iniciativa del ministro ha servido, por lo pronto, para calmar el malestar que se estaba apoderando de toda la magistratura, con un órgano de gobierno bloqueado en sus nombramientos y víctima de iniciativas legislativas extemporáneas marcadas por los vaivenes políticos de uno y otro signo.

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Que se haya dejado fuera al CGPJ del acuerdo exprés no ha sentado especialmente mal en el sector judicial. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por La Información celebran este primer pacto y admiten que les da "esperanzas" para creer que el bloqueo instaurado desde el 4 de diciembre de 2018 está llegando a su fin. Los vetos a algunos de los nombres propuestos y las posturas contrarias que socialistas y 'populares' mantienen sobre el sistema de elección, como ocurre ahora, han provocado que el órgano de gobierno de los jueces haya superado los 1.000 días creyendo estar en una situación de no retorno. El partido de Pedro Sánchez sostiene que el modelo actual de designación -a través de las Cortes Parlamentarias- es el correcto y "constitucional", por lo que se niega a cambiarlo. En el lado contrario se encuentran los de Pablo Casado, que defienden que el sistema se debe modificar y que los vocales deben ser elegidos por sus pares, como reclaman la mayoría de las asociaciones de jueces.

Este choque ha hecho que el bloqueo se arrastrara a los otros órganos constitucionales que estaban pendientes de renovación. De hecho, las fuentes consultadas aseguran que no entendían por qué las instituciones que no tienen una vinculación "tan estrecha" con el Poder Judicial se estaban viendo perjudicadas, pues en su caso sólo entra en juego los "nombres" de los futuros miembros de dichos órganos, "sin poner entredicho la independencia de los jueces y magistrados". Por ello, aseguran que la negociación con respecto al CGPJ va a seguir siendo más complicada, aunque confían en que PSOE y PP llegarán pronto a un "punto común" que permita sortear las principales diferencias que sostienen. En este sentido, apuntan que las conversaciones sobre el órgano de gobierno de los jueces seguramente no se inicien hasta que el PSOE celebre este fin de semana su Congreso Federal, y después de que el próximo 25 de octubre se ratifiquen en las Cámaras  los nuevos miembros de las cuatros instituciones 'salvadas'.

Futuro bloqueo del TC

Cabe recordar que con el fin de evitar que un CGPJ caducado siguiera haciendo nombramientos en la cúpula judicial, y bajo la excusa de proteger la independencia de los jueces y magistrados, el Gobierno impulsó la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para limitar las funciones del órgano de gobierno una vez haya terminado su mandato. Ahora bien, esta reforma podría volverse en contra de Sánchez si la renovación del órgano de gobierno de los jueces no llega en los próximos meses. En junio de 2022 expira el tiempo por el que fueron elegidos cuatro miembros del Tribunal Constitucional. Dos de ellos escogidos por el Consejo y los otros dos por el Gobierno. Fuentes jurídicas consultadas por este diario explican que si el órgano que preside Lesmes sigue entonces en situación de interinidad, y con su actuación acotada, la designación directa del Ejecutivo en el tribunal de garantías podría verse también bloqueada, y por tanto se demoraría la sustitución de los puestos que ahora mismo ocupan dos magistrados del bloque conservador.

Por otro lado, el acuerdo sellado por Bolaños y García Egea tampoco ha supuesto ninguna sorpresa para la mayoría de las asociaciones judiciales. Aunque insisten en la necesidad de la renovación tenga lugar cuanto antes, creen que el pacto recién anunciado es un "paso necesario para normalizar institucionalmente el país". Para la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) la prioridad sigue siendo que el modelo para designar a los vocales del CGPJ se modifique de una vez por todas para que el nuevo órgano sea ya elegido por los jueces. En este sentido, recuerdan que así lo exigen la Comisión Europea; el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders; el Consejo de Europa; y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), entre otras instituciones europeas. 

Desde la Asociación Profesional de la Magistratura se comparte esta opinión, no obstante admiten que les hubiese gustado, al menos, haber escuchado a los partidos políticos anunciar su disposición para renovar ya el órgano de gobierno de los jueces y, a la vez, acceder a las reclamaciones de las asociaciones para cambiar el sistema en cuestión. Por su parte, la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) sí que considera "llamativo" que entre las instituciones a renovar de forma inmediata no se haya incluido al CGPJ, por lo que confía en que se encuentre una "pronta solución".