El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, tiene una importante cita el próximo 5 de julio en la Audiencia Nacional. El juez del 'caso Pegasus' le ha citado como testigo en el marco de la investigación abierta por la infección con el programa espía del mismo nombre de los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de los ministros Margarita Robles (Defensa) y Fernando Grande-Marlaska (Interior), así como el intento fallido en el de Luis Planas (Agricultura), en mayo y junio de 2021. No obstante, el que fuera secretario general de la Presidencia del Gobierno tiene encima de la mesa la posibilidad de solicitar permiso para responder "por escrito" a las preguntas del magistrado instructor y así evitar que los medios de comunicación puedan capturar su imagen entrando en sede judicial.
El artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) prevé que "el presidente y los demás miembros de Gobierno", entre otros cargos públicos, "están exentos de concurrir al llamamiento del juez, pero no de declarar, pudiendo informar por escrito sobre los hechos de que tengan conocimiento por razón de su cargo". Asimismo, la norma señala que "si fuera conveniente recibir declaración a alguna de las personas a las que se refiere en el apartado sobre cuestiones de las que no haya tenido conocimiento por razón de su cargo, se tomará la misma en su domicilio o despacho oficial".
Existen precedentes de políticos citados como testigos en distintos procedimientos que se han acogido al 'privilegio' que otorga la ley para no tener que acudir personalmente a la sede judicial. Por ejemplo, las exministras socialistas Leire Pajín y Elena Salgado en el 'caso Campeón' en 2012; el exministro 'popular' Luis de Guindos lo hizo en la instrucción del 'caso Bankia' en el año 2013, si bien unos años después compareció por videconferencia en el juicio. Ese mismo año, el juez instructor del 'caso Gürtel' aceptó la declaración por escrito de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y se desplazó al despacho en el Senado de su entonces presidente, Pío García Escudero. No obstante, ambos dirigentes del PP tuvieron que declarar de manera presencial en la vista oral por este caso de corrupción.
Secretario general de Presidencia
En la época del 'hackeo' de los móviles del Gobierno, Bolaños era secretario general de Presidencia, convirtiéndose en ministro de dicho ramo en julio de 2021, con la remodelación que hizo Sánchez de su equipo, sustituyendo a Carmen Calvo. Será en calidad del cargo que ocupaba en la primera mitad del año pasado por el que, previsiblemente, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama le tomará declaración. Según los decretos por los que se reestructura la Presidencia del Gobierno del 27 de enero de 2020 y de 26 de julio de 2020, el departamento de Seguridad depende orgánicamente de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno.
Dichos decretos señalan que al mencionado departamento corresponde la "protección del personal, edificios e instalaciones del Complejo de la Moncloa, así como las funciones y actuaciones necesarias para la seguridad integral del Presidente del Gobierno y otras personas e instalaciones que determine el director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno -que en la época era Iván Redondo-, en coordinación con el Ministerio del Interior".
El pasado 11 de mayo, tras conocerse la apertura de una investigación en la Audiencia Nacional por el espionaje con Pegasus, la oposición preguntó directamente en sesión de control a Bolaños por estos hechos y el ministro de Presidencia negó que tuviera alguna responsabilidad en la seguridad de los teléfonos móviles del presidente del Gobierno y de los ministros que sufrieron el ataque informático. Presidencia "no marca ningún protocolo de seguridad para ningún Ministerio", explicó en el hemiciclo.
"Tenemos que dar toda la información"
Este podría ser uno de los detalles que aclare ante el juez de la Audiencia Nacional. Cabe destacar que Bolaños fue el miembro del Gobierno que compareció en rueda de prensa el pasado 2 de mayo para informar que el Centro Criptológico Nacional (CCN), adscrito al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), había detectado dos intrusiones en los teléfonos móviles de Sánchez y Robles, por lo que la Abogacía del Estado presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional. Posteriormente, tras un análisis del resto de dispositivos de los miembros del Ejecutivo, los técnicos de dicho centro detectaron también la infección del móvil de Grande-Marlaska y un intento fallido en el de Planas.
Dependiendo de si el magistrado quiere recabar los detalles que Bolaños conoció tan solo hace un mes como miembro del Gobierno o si el interrogatorio se centrará en cómo funciona la Seguridad de la Moncloa, extremo con el que tuvo contacto como secretario general de Presidencia, el ministro podrá acogerse a alguna de las dos opciones que establece la LECrim para evitar tener que acudir a la Audiencia Nacional, según precisan fuentes jurídicas consultadas, que recuerdan que no se conocen los pormenores de la investigación, ya que ha estado bajo secreto de sumario.
En los pasillos del Senado, antes del inicio de la sesión de control de este martes, Bolaños ha restado importancia a su citación como testigo y ha recordado que fue el Ejecutivo, a través de la Abogacía del Estado, el que denunció el espionaje. "Ahora, por supuesto, lo que tenemos que hacer es dar toda la información que tenemos para que el juez conozca todo lo que obra en poder del Gobierno. Somos los primeros interesados en saber quién ha sido quien espió los móviles del presidente del Gobierno y de los ministros", ha dicho a preguntas de los periodistas. Tras ello ha dirigido un dardo a la oposición y ha asegurado que "cuando nos llama un juez colaboramos con la Justicia y no obstruimos su labor".
Secreto de sumario
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha acordado la citación de Bolaños en el marco de una resolución en la que levanta el secreto de sumario bajo el que se han practicado las diligencias durante el mes que lleva en curso la investigación. Entre ellas, el magistrado ha interrogado como testigo a la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban, cesada a raíz de la polémica por el uso de dicho programa informático para investigar al menos a 18 líderes independentistas, y al funcionario del CNI encargado de elaborar los informes sobre el 'hackeo'. Todo ello después de que el Consejo de Ministros autorizase, el pasado 24 de mayo, al servicio de inteligencia a poner en conocimiento del órgano judicial toda la información confidencial que conozca sobre el asunto.
Fuentes jurídicas han señalado que aunque la investigación no se vaya a hacer 'a puerta cerrada' como hasta ahora, en la práctica continuará predominando el secreto para evitar que las diligencias trasciendan públicamente. Ello se debe a que los interrogatorios que se han realizado, como las que se practicarán, así como los informes que obran en la causa, son materia clasificada, indican las mismas fuentes. Este fue el principal motivo por el que la Fiscalía de la Audiencia Nacional -única parte personada en la causa junto a la Abogacía del Estado- solicitó con la apertura de la investigación que las pesquisas se declararan secretas por la delicadeza de la información que se maneja.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios