Los bonistas del Banco Popular quieren que se depuren todas las responsabilidades penales por la quiebra de la entidad en 2017 y, por eso, en un requerimiento a la Audiencia Nacional para que se investigue una presunta trama opaca del banco en Luxemburgo, advierten de que los efectos de estas irregularidades se prolongaron hasta principios de 2017.
En el escrito enviado al juzgado por Anchorage y Algebris se pone el foco no solo en la presunta existencia de un entramado financiero 'off shore' para sanear sus balances, sino en que el mismo afectó a los ejercicios de esos años (es decir, al periodo comprendido entre 2011-2015) y, además, a las cuentas de 2016 y 2017. Esto se debe a que la financiación canalizada a través de las sociedades luxemburguesas vencía, en muchos de los casos, hace apenas unos meses.
La Agencia Tributaria concluyó en su día que el importe de la financiación concedida a través de esta estructura ascendió a 196 millones de euros, pero los préstamos que se camuflaron como "al día" en lugar de mora suman, al menos, 500 millones. Precisamente, en esta cifra se amparan los propietarios de bonos para instar al juzgado que estudie este asunto en profundidad.
También advierten de que existe un peligro real de que se destruyan documentos puesto que se está tratando de disolver estas sociedades luxemburguesas para evitar repercusiones por estos hechos. Además, denuncian que los mismos se produjeron durante la presidencia de Ángel Ron y que no solo se atribuyen al banco sino también a su inmobiliaria Aliseda.
Igualmente quieren que se incorpore al sumario de la causa todas las sociedades creadas en su día por Thesan (que actuó de intermediaria) una lista detallada de los costes en los cuales ha incurrido el Banco Popular y Aliseda, el conocimiento que pudieron tener de estos hechos el Banco de España, el BCE y CNMV y, además, un listado de todas las personas implicadas en esta operativa. Sobre este último punto, los bonistas apuntan directamente a Tomás Pereira, exdirectivo de la entidad y hombre de confianza de Ron.
Recuerda que la CNMV advirtió del maquillaje de las cuentas
Con todo, los fondos de inversión amparan su reclamo en el informe de la CNMV con fecha de 23 de mayo de este año que concluyó que la información financiera consolidada del Banco Popular del ejercicio 2016 no representaba la imagen fiel de su situación financiero patrimonial. Incluso apuntó que se puede demostrar que hubo una intención premeditada por parte de los exdirectivos de la entidad de alterar los ratios de capital con todo lo que ello supuso en el devenir del banco, que acabó adquiriendo el Santander por un euro.
El recurso ahora presentado no caerá en manos del hasta ahora titular del Juzgado Central de Instrucción, Fernando Andreu. El que fuera instructor del caso está recién aterrizado en la Sala de lo Penal y, de hecho, ha sido nombrado ponente de las causas todavía pendientes de juzgar de la trama Gürtel. Por ese motivo y según ha podido saber este diario, el titular del Juzgado Central número 2, Ismael Moreno, será el que coja las riendas de esta compleja causa hasta que entre, en sustitución de Andreu, José Luis Calama Teixeira, quien ha estado al frente del juzgado número 15 de Madrid.
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