Viernes, 19.10.2018 - 20:30 h
La nueva reforma del bono social eléctrico

El 'bono Ribera' para calefacción será en metálico según vivienda, renta y clima

La ayuda para complementarlo se destinará a pagar combustible de calefacción, agua caliente sanitaria y cocina.

La electricidad influyó en el aumento de precios. EFE
El Gobierno prepara medidas para abaratar la luz a colectivos vulnerables. / Efe

El bono para calefacción anunciado por la ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera, pendiente de aprobación en Consejo de Ministros, será en metálico y servirá para pagar combustible de calefacción, agua caliente sanitaria y cocina. La ayuda, a la que se podrán acoger los solicitantes del bono social como un complemento tendrá en cuenta, además de la renta, las características de la vivienda y el clima de la comunidad autónoma en la que esté ubicada.

La cuantía de las ayudas y su impacto en las arcas del Estado ya está calculado para distintos escenarios, según señalan fuentes ministeriales. Pero el importe final sólo se concretará cuando el Gobierno de vía libre a la nueva ayuda y cuándo se sepa cuántos usuarios solicitan el nuevo bono social que prepara el ministerio de Teresa Ribera.

Gráfico bono social.
Gráfico bono social.

Las cifras no están cerradas porque ni siquiera se sabe cómo se van a ampliar los límites del bono social antiguo. Hay confusión. Se han mezclado bonos, ayudas y conceptos. Los hechos son estos: a día de hoy, la mayor parte de los beneficiarios del "bono de primera generación", el de antes de la reforma que aplicó el ex ministro Nadal en 2017, no han renovado la ayuda.

El "bono de primera generación" consideraba disponer de una potencia contratada inferior a los 3KW como una de las condiciones básicas para acceder a los descuentos, además de los bajos ingresos. Según datos de Transición Ecológica, sólo 715.000 usuarios de un total de 2,4 millones han renovado el bono. Tienen hasta el día 8 de octubre para hacerlo e ignoran en su mayor parte que no hay renovación automática.

A partir del día 8, a la espera de la reforma anunciada por Ribera, se puede solicitar el bono que reformó Nadal (la segunda generación) y que atiende más a criterios de renta y de consumo. Pero este no es el bono definitivo. El nuevo Gobierno lo quiere reformar para extenderlo y acercarlo lo más posible a la cifra de 4,6 millones de ciudadanos que no pueden pagar el mínimo indispensable para iluminar y calentar la casa, según los datos que maneja el Gobierno.

Condiciones del bono

Mientras Transición Energética da forma a las nuevas ayudas, siguen en vigor las condiciones que aprobó el Gobierno del PP el año pasado para el bono: descuentos del 25% sobre la parte del consumo de la factura para hogares con una renta máxima de 11.182 euros al año -familias sin hijos- y de 14.910 euros si tiene un hijo. El límite se eleva a 18.637 euros si hay dos hijos. Las familias numerosas y los pensionistas con prestaciones mínimas también pueden acceder a los descuentos. La rebaja puede llegar al 40%para hogares en riesgo económico severo. Un sistema que no ha funcionado.

Y  surge la eterna pregunta: ¿quién va a pagar el nuevo bono y su complemento? Las empresas eléctricas se han resistido siempre a pagar  una factura que, en su última versión, costaba en torno a los 240 millones anuales. Recurrieron al Supremo, que les dio la razón en 2016, lo que obligó al Gobierno a devolver lo cobrado y a distribuir la carga entre todas las empresas comercializadoras de electricidad. Hasta entonces, Endesa cubría el 41% de la factura social, Iberdrola el 38% y Gas Natural el 14% mientras las demás se repartían el 13% restante.

Si se mantiene la tradición, la nueva regulación del  bono social  no va a contentar a nadie. Ni a las grandes comercializadoras, ni a las pequeñas, ni probablemente a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).  A la espera de las decisiones para los colectivos más vulnerables a las subidas de los precios energéticos, el Ministerio de Transición Ecológica intenta animar a solicitar ayudas a través de una campaña publicitaria que sólo cuenta con un presupuesto -dispuesto por el Gobierno anterior- de 1,4 millones de euros.

La complejidad de armar un nuevo sistema de ayudas para los colectivos vulnerables la revela un dato: la próxima reforma del bono social será la cuarta que acomete un Gobierno. Dos de ellas fueron tumbadas en el Tribunal Supremo por recursos de las empresas.

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