Desde 1959, los establecimientos turísticos españoles tienen la obligación de llevar un registro de los viajeros que pasan por sus instalaciones. Lo que nació como un trámite administrativo de naturaleza más bien censal ha pasado con el discurrir de los años a convertirse en una medida básica de seguridad ciudadana, principalmente tras los atentados terroristas del 11-S. Según la información que ofrece el portal web del Ministerio del Interior, esta obligación es extensible no solo a los establecimientos de hostelería más tradicionales -hoteles, hostales o pensiones- sino también a "cámpings, apartamentos, bungalows y otros alojamientos similares de carácter turístico", cuyos responsables deben remitir esos registros a la Policía Nacional o a la Guardia Civil que corresponda por el lugar en el que estén ubicados.
El 'boom' de los pisos turísticos en los últimos años al calor de la aparición de plataformas digitales como AirBnB o Homeaway y el ensanchamiento de mercado generado por el fenómeno ha venido a agrietar el esquema de seguridad y control de inquilinos creado a partir de esos libros registro de viajeros. Fernanda Rodríguez, directora general corporativa de CE Consulting Empresarial, la red de asesorías de empresa que agrupa a más de 600 profesionales a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, advierte que los profesionales de la firma han detectado un desconocimiento generalizado entre los particulares que ponen sus pisos en alquiler de las obligaciones administrativas que están obligados a cumplir en materia de identificación de viajeros.
"Lo que vemos es que tras las campañas de la Agencia Tributaria tienen bastante claro cuáles son sus obligaciones fiscales y los impuestos que tienen que pagar, pero cuando les preguntamos por el libro-registro de viajeros la mayoría no saben ni qué es eso; y es una obligación que tienen que cumplir". La web de Interior pone a disposición de todo aquel que quiera el formulario en el que se deben transmitir datos personales como DNI o pasaporte, nombre, sexo, fecha de nacimiento, nacionalidad y la fecha de entrada y salida de los huéspedes antes de que pasen 24 horas de la entrada del viajero. "El problema es que el incumplimiento les puede acarrear una sanción", asegura la directiva de CE Consulting Empresarial.
Castilla y León, Murcia, Sevilla... en los últimos dos años los medios de comunicación se han hecho eco de las sanciones impuestas a establecimientos turísticos que no cumplían con esta obligación. El régimen sancionador previsto en la ley establece multas que van desde los 600 a los 30.000 euros en función de la gravedad del incumplimiento: los leves se multan con cuantías de entre 601 y 10.400 euros; los que se consideren de grado medio oscilan entre los 10.400 y los 20.200 euros; y las graves pueden llegar a los 30.000 euros, además de la retirada temporal o definitiva de la licencia para operar o, en este caso, para poner un inmueble en alquiler.
Ante la situación creada, el portal de referencia de alquiler de pisos turísticos, AirBnB, incluyó información sobre el asunto en su página de anfitriones responsables en la que recuerda a los propietarios que utilizan la plataforma la obligación de cumplir con la normativa, y les aporta información útil sobre impuestos y otras regulaciones. "Nosotros recordamos a los anfitriones que comprueben y cumplan con las leyes locales antes de anunciar su espacio, en nuestra página de anfitriones responsables y en la información que compartimos con la comunidad", aseguran desde AirBnB, que hace un año eliminó 2.500 pisos de su cartera en Barcelona por las quejas registradas por el Ayuntamiento.
Hacienda logra poner los alquileres bajo control
La popularización de un tipo de turismo menos hotelero y la irrupción en el mercado de los alojamientos informales ha supuesto un desafío para las administraciones públicas. Uno de los organismos que lo ha enfocado con más éxito ha sido la Agencia Tributaria, que después de remitir 700.000 avisos sobre la obligación de tributar a contribuyentes sobre los que constaba su condición de propietarios de pisos turísticos ha conseguido aflorar en los últimos tres años 120.000 nuevos declarantes del Impuesto sobre la Renta.
Para hacerse una idea de lo que la campaña de Hacienda ha supuesto, la Agencia Tributaria reveló en su presentación de los resultados de la lucha contra el fraude en 2018 que esos nuevos declarantes constituían una tercera parte de los declarantes totales de rendimientos inmobiliarios en el IRPF. El importe total de los rendimientos aflorados ascendió a 1.346 millones de euros, lo que supone que los nuevos declarantes de ingresos por poner en el mercado pisos turísticos obtuvieron por su actividad una media de ingresos superior a los 11.000 euros.
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