Domingo, 20.10.2019 - 19:31 h
Pagará 425.000 euros a la consultora

Borrell contrata a Deloitte para resolver el caos salvaje en las ayudas al desarrollo

El Tribunal de Cuentas estima en cerca de 34 millones de euros los fondos concedidos que no se utilizaron y que aún están pendientes de devolución.

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell / EFE
Borrell ha contratado a Deloitte para poner fin al descontrol en la ayuda oficial al desarrollo denunciado por el Tribunal de Cuentas. / EFE

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha decidido ponerse en manos de Deloitte para resolver el tremendo caos administrativo en la gestión de la Ayuda Oficial al Desarrollo, de la que se encarga la Aecid, que hace apenas una semanas puso de manifiesto el Tribunal de Cuentas en un duro informe de fiscalización en el que revelaba, entre otras cosas, la existencia de 34 millones de euros en ayudas concedidas y nunca aplicadas por los beneficiarios que todavía no habían revertido de nuevo en las arcas públicas.

La fiscalización detectaba, entre otras lagunas, "retrasos muy significativos en la revisión y comprobación económica de las cuentas justificativas (de las ayudas recibidas), que han demorado el inicio del procedimiento de reintegro, aumentando el riesgo de impago en el caso de cantidades no justificadas o no aplicadas a su finalidad".

El Tribunal de Cuentas afeaba en este sentido a la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (Aecid) que no hubiera desarrollado un mínimo manual de procedimiento para la gestión de las subvenciones de la Ayuda Oficial al Desarrollo, lo que se había traducido -denunciaba el órgano de fiscalización- en ausencia de controles sobre la aplicación efectiva de las subvenciones concedidas, demoras en la apertura de los procedimientos de reintegro en los casos en que éstas no fueron aplicadas de manera completa, inaplicación de las causas de devolución previstas en la Ley de Subvenciones e incluso caducidad de procedimientos de reintegro abiertos por falta de seguimiento.

Los datos recabados por el Tribunal de Cuentas resultan demoledores. Según la información incluida en el informe, a noviembre de 2018 de las 107 resoluciones de reintegro dictadas entre 2005 y 2012, sólo una se había resuelto y 106 permanecían todavía con deuda pendiente de retorno por parte de los beneficiarios. El importe pendiente de reintegro por subvenciones no aplicadas o por la existencia de gastos justificados por debajo de la subvención concedida ascendía entonces a 14,47 millones de euros, un 13% sobre la subvención total concedida.

La ausencia de controles y de un procedimiento administrativo reglado para hacer el seguimiento de las subvenciones concedidas y de los reintegros procedentes ha facilitado que esta deuda no haya dejado de crecer, hasta el punto de que el último dato recabado por el Tribunal de Cuentas con la información disponible hasta el mes de octubre de 2018 elevaba a cerca de 34 millones de euros el importe de las ayudas no aplicadas, pero todavía no reingresadas en las arcas de la Aecid.

Configurar un nuevo sistema de reporte y seguimiento

En su informe de fiscalización, el Tribunal de Cuentas terminaba recomendando a Exteriores  la realización de una "evaluación exhaustiva de los procedimientos implantados que conduzcan al cumplimiento riguroso de la normativa que regula esta materia y a la mejora del control interno de esta área de actividad" para superar las lagunas e incumplimientos detectados en el actual modelo de gestión.

Exteriores ha venido contratando este servicio a externos desde hace algunos años con éxito dispar. Entre 2015 y 2017, por ejemplo, la cuenta de derechos pendientes de cobro se disparó de 26,4 millones de euros a más de 40 millones. En 2018, por el contrario, ésta se redujo a los 34 millones de euros que constituyen la última cifra conocida.

En esta ocasión, el departamento dirigido por Josep Borrell ha decidido no atender tanto al criterio de precio como a los criterios técnicos y ha admitido contratar el servicio por casi el doble de los fondos por los que se contrató hace solo un año: 425.000 euros, por los 214.700 euros por los que el servicio se adjudicó a Agroconsult Internacional hace un año. El beneficiario en este caso ha sido Deloitte. Y la pugna ha sido intensa. Hasta nueve ofertantes se presentaron para ejecutar este servicio que Exteriores ha considerado crítico dados los precedentes y un puñado de ellos como KPMG, EY, Oesia, Horwarth o la propia Agroconsulting recurrieron sin éxito su exclusión del concurso por no cumplir los más exigentes requisitos impuestos por Exteriores para este año.

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