Jaime Botín estará en el banquillo el 4 de noviembre por contrabando de su Picasso

  • El banquero será juzgado por sacar del país el cuadro valorado en 26 millones sin autorización del Gobierno. Puede sufrir una multa de 100 millones. 
Fotografía de Jaime Botín
Fotografía de Jaime Botín
EFE

Ya hay fecha para el juicio que afronta el banquero Jaime Botín, supuestamente, por sacar de España su 'Picasso' en el año 2015 pese a la prohibición expresa del Ministerio de Cultura. La vista que acoge el Juzgado de lo Penal número 27 de Madrid arrancará el 4 de noviembre y se prolongará los días 5 y 8 de ese mes, según confirman a este diario fuentes jurídicas. En la misma, el hermano del fallecido Emilio Botín se enfrenta a una pena de cuatro años de prisión por delito de contrabando de bienes culturales y multa de 100 millones de euros.

La vista estaba señalada para el pasado 22 de julio si bien tanto la Fiscalía como la defensa del banquero solicitaron su aplazamiento en el arranque de la misma. De acuerdo con el escrito de acusación del Ministerio Público, los hechos se remontan al año 2012 cuando Jaime Botín se puso en contacto con la empresa Christies, especializada en subastas de obras de arte, con el fin de vender el cuadro 'Cabeza de mujer joven'; un lienzo pintado en 1906 y que el banquero guardaba en su residencia de Pozuelo de Alarcón (Madrid). 

La casa de subastas le advirtió que, al tratarse de un bien perteneciente al Patrimonio Histórico Español y contar con más de 100 años de antigüedad, tenía que solicitar una autorización al Ministerio de Cultura si es que quería trasladarlo a Reino Unido. Jaime Botín, por su parte, dio luz verde a la empresa a finales de 2012 a que gestionara la licencia de exportación ante el Ministerio de Cultura, pero la respuesta del Ministerio fue denegar la pretensión de sacar del país el 'Picasso', valorado en más de 26 millones de euros. 

Traslado del cuadro a Córcega

La Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes de Patrimonio Histórico Español le precisó que el lienzo del pintor malagueño no podría ser exportado porque no existe obra semejante en todo el territorio español. Todo ello llevó al departamento que entonces dirigía José Ignacio Wert, a emitir una orden ministerial declarando la inexportabilidad del cuadro como medida cautelar hasta que el mismo fuera declarado Bien de Interés Cultural. 

"Pese a ser plenamente consciente de la total y patente prohibición administrativa expresa, en vigor desde entonces, el acusado trasladó el cuadro al yate de su propiedad real, cuando en el mes de junio estaba atracado en el puerto de Valencia, con la finalidad de sacarlo ilícitamente de nuestro país dando instrucciones a su capitán para que ocultara a las autoridades la presencia de la obra en el barco", reza el escrito del Ministerio Público. En junio de 2015 la Guardia Civil realizó una inspección al buque y requirió al capitán una declaración de todos los bienes que estaban a bordo. Éste, cumpliendo las órdenes de Botín, enumeró un listado de obras excluyendo expresamente 'Cabeza de mujer joven'.

Sin embargo, la obra fue incautada por los servicios aduaneros franceses cuando el barco atracó en Córcega en julio de ese año. De este modo, las autoridades frustraron el intento de Botín de trasladar el cuadro a Ginebra en un vuelo que previamente había reservado. Los agentes, que encontraron la pintura embalada en la cabina del comandante, la intervinieron. El cuadro fue trasladado a Madrid, previa petición de la Justicia española, y se depositó en el Museo Reina Sofía. Por todo ello el acusado se enfrenta a cuatro años de prisión y multa de 100 millones de euros y a la petición de la Fiscalía de que el 'Picasso' se declare de dominio público. 

Con todo, este no es el único frente judicial de Botín. El pasado mes de junio el Tribunal Supremo confirmó la sanción interpuesta por la Audiencia Nacional de 300.000 euros por ocultar que tenía una participación de cerca del 8 por ciento de acciones en Bankinter, entidad que presidió entre 1986 y 2002. El alto tribunal desestimó su recurso al entender que había cometido una infracción muy grave prevista en la Ley de Mercado de Valores por estos hechos que tuvieron lugar hace ahora nueve años. El fallo consideró probado que estaba en la obligación de comunicar a la CNMV su participación por su doble condición no solo de presidente de la entidad sino de vicepresidente de la sociedad Cartival, compañía a la que se le traspasó el paquete accionarial de Bankinter. 

Mostrar comentarios