Ana Botín ha decidido no acudir a la cumbre con la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, de este viernes. La presidenta del Banco Santander recibió la invitación del Ministerio de Economía para asistir a una reunión importante por el momento, apenas diez días después de que Pedro Sánchez anunciara en el Congreso que aprobará un impuesto extraordinario a la banca para los dos próximos años. Sí asistirán a la cita el resto de grandes banqueros, que esperan recibir de la máxima responsable de la política económica información sobre la tasa en el horizonte.
La cita es importante para el Gobierno y también para los bancos. Por eso la amplia mayoría de presidentes de las entidades han decidido aceptar la invitación y acudir a escuchar a Calviño. Botín es, según confirman fuentes del Santander, la única que no lo hará. En su lugar acudirá el CEO, José Antonio Álvarez, responsable de negocio de la entidad por su función jerárquica. La presidenta, por su parte, estaré este viernes en un acto en Cantabria.
Del resto de entidades financieras invitadas no habrá ausencia de los primeros espadas. José Ignacio Goirigolzarri representará a CaixaBank, Carlos Torres hará lo propio con BBVA y Josep Oliú, con el Sabadell, según confirman fuentes de cada uno de los bancos. Manuel Azuaga, por su parte, acudirá como presidente de Unicaja Banco. A la cita también están confirmados la presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán, y el director general de CECA, José María Méndez, así como el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.
Fuentes implicadas en la cumbre explican que tanto los presidentes de los bancos como la vicepresidenta primera tienen la intención de comparecer ante los periodistas. Son los planes iniciales -las declaraciones que Calviño están aseguradas en la agenda del Gobierno- a la espera de comprobar como evoluciona la reunión, que no se presupone sencilla. En el caso de las asociaciones bancarias, la presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán, tiene la intención de asumir el protagonismo.
El Gobierno apenas ha ofrecido información sobre el futuro impuesto a la banca. Sólo se conoce que será temporal, durante dos años, y que la intención es recaudar 3.000 millones de euros en 2022 y 2023 gravando a las entidades que facturen más de 1.000 millones de euros al año. Todas las presentes en la cita de este viernes cumplen ese umbral.
El Ejecutivo ha elevado el tono afirmando en los últimos día que los bancos pidiendo a los bancos que "arrimen el hombro" por "responsabilidad social" ante el coste de la guerra, el alza de los precios y el contexto de subida de tipos de interés que generará más ganancias para los bancos. El Banco Central Europeo acometió este jueves una subida de 0,5 puntos, la primera en once años.
Fuentes del sector admiten que la situación es "complicada" y que los bancos están dispuesto a "colaborar" con el Gobierno, ofreciendo ayudas a familias y empresas. Pero rechazan un impuesto que consideran injusto y que uno de los banqueros presentes, Carlos Torres, presidente de BBVA, criticó porque podría "acabar afectando negativamente" al consumo, a la inversión, al crecimiento y a la recaudación. Este mismo jueves el Instituto de Estudios Económicos (IEE) consideraba que los nuevos impuestos anunciados por el Gobierno, que gravarán los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas y el citado del sector financiero, son "ineficaces" e "ineficientes". Calculaba que podrían provocar la pérdida de 72.000 puestos de trabajo, al generarse una contracción del empleo del 0,4%.
Un escenario del que también avisaba esta semana la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa. Lo consideró una "burda manipulación" y avisó de las consecuencias negativas para el sector. Ya anunció que su entidad tiene previsto plantar "batalla" en los tribunales.
Además del impuesto a la banca, la vicepresidenta primera y el sector tienen previsto abordar la situación macroeconómica y las perspectivas en un momento en el que la inflación sigue al alza y existe riesgo de que haya un corte total del suministro de gas a Europa por parte de Rusia. Un escenario que el Gobierno considera "plausible".
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