Viernes, 06.12.2019 - 04:32 h
Participaron en la compra de Inassa

​Juan Bravo, Arturo Canalda y Pedro Calvo afrontan 7 años de cárcel por el caso Lezo

La fiscal les atribuye una "palmaria y consciente dejación de funciones" por los hechos con los que se desviaron entre 23 y 35 millones de dólares. 

Canalda dice que por Inassa "no se pagó un euro más" de lo que valía pero admite que Emissao pierde ahora 6 millones
Arturo Canalda es uno de los principales acusados en esrta pieza. / EP.

Los exconsejeros del Gobierno madrileño Juan Bravo y Pedro Calvo y el expresidente de la Cámara de Cuentas de Madrid Arturo Canalda se enfrentan a una pena de siete años de cárcel por su implicación en la adquisición por parte del Canal de Isabel II de la colombiana Inassa por 73 millones de dólares en el año 2001, de acuerdo con el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía Anticorrupción. El mismo se dirige contra un total de 22 personas por el delito de malversación de caudales públicos aunque pone el foco en estos exaltos cargos del Ejecutivo regional por su "palmaria y consciente dejación de las funciones". 

El Ministerio Público considera que todos ellos, para los que pide penas de cárcel que oscilan entre los seis y los siete años, deben responder penalmente por esta operativa que habría supuesto un sobrecoste de entre 23 y 35 millones de dólares. De este modo, impone las penas más altas a los que fueran consejeros del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón (para el que se le archivaron las actuaciones) así como para los exdirectivos del Canal José Antonio de Cachavera y Juan Pablo López Heras. 

El Ministerio Público considera que ambos "obviaron deliberadamente" hacer especial mención a los riesgos que suponía esta operativa en el marco de la explicación que dieron a los exconsejeros del Canal de Isabel II de cara a autorizar la compra del 75 por ciento de Inassa que se efectuó mediante la sociedad Canal Extensia. En la misma medió, además, la empresa panameña Aguas de América S.A, de acuerdo con el relato de la fiscal Anticorrupción al frente de la causa, Ana Cuenca, que enfatiza que ambos exaltos cargos del Canal "antepusieron los intereses económicos de los vendedores a los del ente público, al que se le causó un grave perjuicio". 

La Fiscalía sustenta su acusación en un informe de Hacienda incorporado a la causa y al que ha tenido acceso este diario el cual advirtió que la empresa pública de aguas pagó 24 millones de dólares más de lo presupuestado, por lo que el coste total de la operativa habría ascendido a 97,4 millones de dólares. Los técnicos de la Agencia Tributaria explicaron en su informe que el estudio de esta operativa en el Consejo de Gobierno se hizo con posterioridad  a la presentación de oferta acompañada de aval irrevocable por lo que la adquisición ya estaba cerrada por los principales acusados antes incluso de que fuera dada a conocer a los consejeros. 

Por este motivo el Ministerio Público pidió el archivo de las actuaciones en esta pieza primera de la macrocausa Lezo para Alberto Ruiz-Gallardón y el resto de miembros de su equipo de Gobierno (a excepción de Bravo y Pedro Calvo) además de para el también exmandatario regional Ignacio González al considerar que todos ellos desconocieron el "menoscabo económico" que supuso para el Canal esta adquisición. El criterio fue compartido por el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón el cual decretó el archivo de la causa para todos ellos y procesó a otras 22 personas también investigadas en esta pieza que se sentarán en el banquillo de los acusados por este asunto. 

El papel clave de Aguas de Barcelona

Entre los procesado se encuentran el expresidente de la Cámara de Comercio Arturo Canalda de quien la Fiscalía dice que dio "el beneplácito" a los planes de López Heras y De Cachavera y facilitó la tramitación y presentación del plan a los consejeros del Canal pese a ser conocedores de esta operativa, fraudulenta a ojos de la principal acusación de la macrocausa. Igualmente se dirige contra seis exaltos cargos de Aguas de Bacelona S.A (Agbar), la cual era socia de Inassa. 

La Fiscalía explica que consiguieron vender su participación a la panameña que intermedió en la operativa y la cual era de su propiedad. El siguiente paso fue vender esta sociedad pantalla al Canal, operación que se llevó a cabo "por un precio muy superior a su valor real obteniendo así, a costa del erario público autonómico, cuantiosas plusvalías de las que se beneficiaron tanto ellos como los socios colombianos locales", de acuerdo con el escrito del Ministerio Público. 

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