Castellón, 26 oct.- La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Gabriela Bravo, ha afirmado que reside en el Parlamento la "legitimidad" para abordar los cambios legislativos necesarios para solucionar el problema social de los desahucios.
El informe rechazado el pasado miércoles por el CGPJ contenía las propuestas de seis jueces para agilizar los procedimientos civiles, entre ellos los de desahucios, que en el segundo trimestre de este año aumentaron un 13,4 % con respecto a 2011, y de los que creen que se puede abaratar su coste.
Bravo ha hecho estas declaraciones hoy en la Universitat Jaume I de Castellón donde ha asistido, junto al vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, a la firma de un convenio marco de colaboración.
El Consejo, ha dicho Bravo, "no encargó un informe sobre la situación de los ciudadanos afectados por las ejecuciones hipotecarias" y ha añadido que la propuesta tenía un anexo que "no había sido ni siquiera formalmente presentado" y que era "un mal resumen del informe presentado por el Defensor del Pueblo en febrero".
Ese, según ha insistido la portavoz, es el motivo por el cual el CGPJ no puede asumirlo, por estar presentado en "esas condiciones" y por "ni siquiera incorporar unas propuestas concretas del grupo de trabajo".
Pero en este caso, ha insistido, no asumir el informe no significa que "no estén solidarizados", sino que se trata de "un documento de 3 folios sobre un problema muy grave".
En el momento en el que el consejo entienda oportuno pedir a una comisión que haga un estudio que haga unas propuestas, así se hará, ha dicho Gabriela Bravo.
Para la portavoz, el hecho de no asumir esos trabajos, no significa que el CPJG no esté sensibilizado con los problemas de los ciudadanos y con "las miles de personas que pierden sus casas".
Bravo ha dicho que el Consejo cree que existe un "problema grave social" y que "hay que buscar los instrumentos y favorecer procedimientos para evitar una estigmatización y que siempre sea el ciudadano el más perjudicado".
El CGPJ, ha añadido, ha hecho propuestas en numerosas ocasiones para mejorar textos legislativos y aquello que redunde en el beneficio de la administración de justicia.
La representante del CGPJ ha explicado que quienes administran justicia tienen un "conocimiento muy cercano de los instrumentos para la aplicación de la ley" por lo que "es necesario que haya comunicación entre los tres poderes del Estado".
En este sentido ha hecho hincapié en que es necesario que "el legislativo pueda escuchar al poder judicial en todo aquello que sean propuestas que redunden para salvaguardar y resolver los conflictos de los ciudadanos.
Por otra parte, al ser preguntada por el posible aumento de las tasas judiciales, Bravo ha recordado que el CGPJ ya aprobó en mayo un informe en el que advertía de los posibles efectos disuasorios que podría tener el incremento, y que además podría ser una "merma" a la tutela judicial efectiva.
Bravo ha mostrado su deseo de que en el trámite parlamentario del anteproyecto de ley las advertencias del CGPJ "se incorporen en la medida de lo posible para evitar que se obstaculice un derecho fundamental".
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