Relación "estrecha" con Boris Johnson y un Brexit ordenado. Son las dos principales conclusiones políticas que saca el Gobierno español en funciones tras la victoria de los 'tories' en las elecciones británicas del pasado jueves. Pero en el terreno económico la incertidumbre es elevada. Por eso el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha dado un paso al frente y ha encargado un informe para cuantificar el impacto económico, comercial y financiero en España del adiós de Reino Unido de la Unión Europea. El área económica gubernamental se moviliza de urgencia.
Los ministerios de Economía e Industria ya están monitorizando la situación. También el Departamento de Asuntos Económicos de La Moncloa. ¿Y ahora qué? Esa es la gran pregunta en el Gobierno en funciones. Todas las miradas se dirigen a Johnson y a la decisión que tomará. ¿Habrá Brexit duro o con acuerdo? La cuestión debería despejarse en los próximos días ya que la fecha límite es el 31 de enero. El Ejecutivo español quiere estar preparado para cualquier escenario y por esto ha puesto en marcha este estudio que elaborarán expertos de la Universidad Complutense de Madrid para la Secretaría de Estado de Comercio.
El Gobierno valora tres escenarios posibles para resolver el Brexit. En primer lugar contempla una salida de la UE sin acuerdo. El divorcio duro. En ese caso los intercambios económicos quedarían sujetos a la normativa de la Organización Mundial del Comercio. Sería la opción más traumática y ante la que Moncloa, a pesar de todo, dice estar preparada. De hecho el pasado mes de marzo el Consejo de Ministros aprobó un Real-Decreto Ley con carácter de urgencia para adaptar el ordenamiento jurídico español a este hipotético caso de ruptura sin pacto.
Otra opción contemplada por el Gobierno es que Reino Unido abandone la UE con un acuerdo de unión aduanera. Sería una postura intermedia. Y, en tercer lugar, también se trabaja con la posibilidad de que las islas británicas se marchen con acuerdos de intercambios similares al Acuerdo Económico y Comercial Global que la UE y Canadá tienen suscrito. Con algunas novedades, eso sí, ya que habría que perfilar el "alineamiento regulatorio" entre Reino Unido y la UE.
Son los tres marcos contemplados y el Gobierno quiere conocer qué impacto macroeconómico tendría cada uno de ellos. A saber, consecuencias en el PIB, en el comercio exterior (tanto de mercancías como de servicios) y en la inversión directa en España. También en los impactos bilaterales entre España y Reino Unido. Todo ello, pide el Ejecutivo de Sánchez, debe ser cuantificado de forma precisa.
En relación al impacto en el PIB, por ejemplo, el Ejecutivo en funciones quiere conocer las consecuencias del divorcio, sea como fuere, en la productividad, el empleo, el capital, la composición del tejido empresarial, la fiscalidad... Así como en la demanda, es decir, en el consumo, el comercio, la inversión, la incertidumbre... También se exige que en este estudio se haga un análisis preciso de las consecuencias el Brexit en sectores como el agroalimentario, el químico, el textil o el automovilístico.
Hay que recordar que en el Real Decrero-Ley aprobado en marzo ya se contemplaban una serie de medidas para proteger a los trabajadores y pensionistas cubiertos por los sistemas de seguridad social británico y español. Estas medidas serán aplicables hasta un período determinado y solo en defecto o hasta que se firme un acuerdo internacional (entre la UE y Reino Unido o, de manera bilateral, entre España y Reino Unido) que regule con carácter permanente la coordinación de ambos sistemas.
En esta misma normativa se recogió que el acceso a la asistencia sanitaria sería el mismo que en la actualidad. España continuará prestando a los nacionales británicos asistencia sanitaria en los mismos términos y con las mismas condiciones establecidas con anterioridad a la retirada del Reino Unido de la Unión Europea, siempre y cuando el Gobierno de Johnson cumpla con dos supuestos: que garantice estas mismas condiciones a aquellas personas que tengan derecho a recibir asistencia sanitaria con cargo a España y que se comprometa al reembolso de los gastos por la asistencia sanitaria prestada en España por los servicios sanitarios en los mismos términos que en la actualidad.
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