Dentro de siete días Antoni Brufau e Isidró Fainé acudirán a la Audiencia Nacional para declarar por las contrataciones de Repsol y Caixa con el Grupo Cenyt. Los directivos, que fueron imputados en el caso Villarejo por el conocimiento que pudieran tener de estos encargos, han fiado su defensa a abogados especialistas en derecho penal. Así, mientras el presidente de Repsol ha optado por Uría Menéndez (despacho de confianza de los Botín), el que fuera presidente de CaixaBank ha hecho lo propio con David Velázquez Vioque, exmagistrado del Tribunal Superior de Cataluña y profesor de Derecho Penal en la universidad Esade.
Así lo han comunicado a la Audiencia Nacional después de que el magistrado Manuel García Castellón les imputara en la pieza vigésimo primera de la causa. En sendas providencias recogidas por La Información, los principales investigados en esta parte de la macrocausa informan de su defensa letrada cuando falta una semana justa para que declaren en sede judicial por este asunto. De este modo, Antoni Brufau trasladó en su escrito de personación que le va a defender Jesús Remón. Se trata de uno de los letrados más prestigiosos del país que forma parte desde mediados de la década de los noventa del despacho Uría Menéndez. Con todo, para el bufete el caso Tándem no le pilla de sorpresa ya que también lleva la defensa de BBVA en calidad de cliente de los negocios del comisario jubilado.
Si primero fue el banco que preside Carlos Torres el que se puso en manos de este despacho, ahora ha sido Brufau el que ha contratado sus servicios. En su caso apuesta por la figura de un letrado especialista en arbitraje (es responsable de este área dentro de la firma y presidente de honor del Club Español del Arbitraje) y proviene además de una familia dedicada a esta rama del derecho. En concreto su hermano, Álvaro Remón, también está especializado en arbitraje y en penal. Este último es socio fundador del bufete De Carlos Remón y en su cartera de clientes se encuentran también figuras de la banca como el italiano Andrea Orcel. El actual CEO de Unicredit delegó en Álvaro Remón para que le defienda en su litigio contra el Santander por su fichaje fallido con el banco. Curiosamente a la entidad de Ana Botín le defiende su hermano Jesús Remón.
Confían en el abogado del Rey Emérito
Además de Brufau y Fainé, el magistrado imputó, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, a otros altos cargos de ambos entes tras implicarles en los espionajes que encargaron a Villarejo para proteger a Repsol ante el intento de asalto de Sacyr. Entre los investigados por el proyecto que se desarrolló entre 2011 y 2012 y que se bautizó como 'Wine', se encuentran el que fuera secretario general de la petrolera y actual consejero externo, Luis Suárez de Lezo, los exdirectivos Juan de Amunategui y Joaquín Uris y el exvicepresidente de Caixa Antonio Massanell. Todos ellos están también llamados a declarar entre el miércoles y jueves de la semana que viene a tenor de los trabajos que realizó el comisario jubilado y que, a juicio del Ministerio Fiscal son constitutivos de delito de cohecho y de descubrimiento y revelación de secretos.
Suárez de Lezo acudirá acompañado de los abogados Javier Sánchez Junco y de Ana Navarro Abad. El letrado es conocido por haber ejercido la defensa de numerosos banqueros y empresarios de la élite desde el despacho que montó tras 20 años de carrera fiscal. En la actualidad, Sánchez Junco defiende al Rey Emérito en el marco de la investigación que sigue el Ministerio Público por su fortuna en el extranjero. No obstante, el caso Villarejo tampoco le pilla de nuevas ya que también representa al exconsejero de OHL Javier Villar Mir. El empresario está imputado en otra de las piezas de la macrocausa en la que se investiga si contrató los servicios privados del espía para, presuntamente, amenazar a la dermatóloga Elisa Pinto.
Así las cosas, el letrado Pablo Rodríguez-Mourullo defenderá a Joaquín Uris, mientras que el catedrático Javier Sánchez Vera (de Oliva-Ayala abogados) hará lo propio con Juan de Amunategui. Por su parte, Antonio Massanell también ha fichado a otro fiscal de carrera. De acuerdo con la providencia del magistrado Manuel García Castellón, el histórico de Caixa ha apostado por Carlos Saiz Díaz. El socio del despacho de abogados Gómez-Acebo y Pombo pertenece desde 1989 a la carrera fiscal y, hasta el año 2005 ejerció en la Sección de Delincuencia Económica de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, además de en la Fiscalía Anticorrupción. En lo que respecta a la figura de Massanell, el magistrado destaca que validó con su firma una de las facturas emitidas por Cenyt por importe de 88.500 euros. Se trata de una versión que defendió el que fuera jefe de seguridad de la entidad, Miguel Ángel Fernández Rancaño, pese a que Massanell lo descarta.
Los motivos del juez
En su declaración ante el juez el pasado mes de diciembre, Rancaño explicó que fue el propio Masanell el que le informó que iba a contactar con su homólogo en Repsol (Rafael Araujo) para tratar el encargo y que la petrolera ya tenía buscada una empresa para impulsar esta investigación que se centró en la figura de Luis del Rivero, entonces presidente de Sacyr. En dicha declaración Rancaño añadió también que fue Massanell el que le dijo que este asunto lo trataría directamente con el presidente Fainé como uno de tantos en las reuniones que mantenía. Precisamente, este testimonio unido a los audios que se incautaron a Villarejo y el 'compliance' de Repsol han precipitado las imputaciones de estas dos figuras del Ibex. El primero en solicitar esta diligencia fue el propio Del Rivero. Lo hizo el pasado mes de febrero al considerar que hay indicios de sobra que apuntan que Brufau y Fainé sabían que se contrataban los servicios de un policía en activo.
A ello se añaden las grabaciones relativas a un encuentro que mantuvieron en noviembre de 2011 Araujo, Rancaño y Villarejo en relación a este asunto. Los entonces jefes de seguridad de la petrolera y del banco aseguraron que los directivos habían hecho un frente común contra Sacyr y Pemex ante el temor de que se hicieran con el control de la compañía. Igualmente aseguraron que estaban al corriente de este asunto y que había mucha preocupación por esta acción sindicada. En su cita ante el juez, tanto Araujo como Rancaño defendieron la legalidad de las contrataciones y aseguraron que desconocían que Villarejo estaba en activo en aquel momento. Sin embargo, el instructor ha considerado que hay indicios para escuchar en sede judicial a los directivos de ambas compañías, que ahora blindan su defensa a los mejores despachos de España.
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