El que fuera director de seguridad de Repsol, Rafael Araujo, quiere proteger al presidente de la petrolera del procedimiento Tándem y, de paso, al de Criteria Caixa. El policía ha pedido al magistrado que investiga todos los proyectos de espionaje de José Manuel Villarejo que llame a declarar al jefe de cumplimiento normativo de la compañía ('compliance'), Enrique Hernández, para que aclare en sede judicial las conclusiones de su trabajo sobre las contrataciones con el Grupo Cenyt. Según alega Araujo, no hubo irregularidad alguna ni en los servicios encargados al entramado del comisario jubilado ni en el posterior abono de las facturas que se ordenaron desde la petrolera y también desde CaixaBank.
En un escrito dirigido a la Audiencia Nacional y al que ha tenido acceso La Información, Araujo explica que la Fiscalía Anticorrupción ha hecho una interpretación errónea del compliance elaborado por la petrolera y adherido a esta causa apenas días después de su apertura. Araujo -que también es comisario pero en situación de excedencia- hizo esta solicitud al magistrado apenas días después de que el Ministerio Público informara a favor de imputar en esta pieza vigésimo primera al presidente de Repsol, Antonio Brufau, y al expresidente de Caixa, Isidro Fainé. El instructor de la causa dio luz verde a esta solicitud, que formuló inicialmente el empresario Luis del Rivero, y acordó sus citaciones como investigados que se fijaron para el próximo 7 de mayo.
Sin embargo, todavía no se ha pronunciado sobre el requerimiento del que fuera jefe de seguridad de la petrolera, el cual trató de evitar que las contrataciones al Grupo Cenyt acabaran salpicando a la directiva de Repsol. Pese a que Anticorrupción basó su petición en las conclusiones del informe de 'compliance', Araujo sale al paso asegurando que de lo ratificado por el jefe de cumplimiento normativo no se puede advertir irregularidad alguna. De este modo cuestiona punto por punto las razones de la Fiscalía para implicar a los dos grandes del Ibex en el caso Villarejo haciendo hincapié en que no se contrató al Grupo Cenyt para defender a las cúpulas de ambos entes sino para proteger a sus accionistas, teniendo en cuenta que el objetivo era controlar de cerca la acción sindicada que prepara Sacyr junto con la mexicana Pemex.
"Trabajaba para todo el Ibex"
"Ni la Policía Judicial, ni el informe del 'Chief Compliance Officer', ni mi representado han afirmado en ningún momento que la contratación de Cenyt fuera una reacción a las consecuencias del pacto Pemex/Sacyr para los entonces directivos de la compañía. Antes al contrario, el informe deja claro que las actuaciones realizadas tenían por finalidad analizar el acuerdo y su incidencia sobre los legítimos derechos del resto de los accionistas así como su posible impacto en la integridad y sostenibilidad de los negocios y activos de la compañía", reza el escrito que firma la defensa del policía. En su declaración ante el juez el pasado mes de diciembre tanto Araujo como su entonces homólogo en Caixa, Miguel Ángel Fernández-Rancaño, aseguraron que la preocupación entonces era máxima porque temían que Pemex quería controlar los activos internacionales de Repsol y Sacyr los de España.
Ahora bien, ambos negaron que supieran que Villarejo fuera un policía en activo insistiendo que escogieron sus servicios de inteligencia porque tenía muy buena fama en el sector. Araujo dijo entonces que se planteó contratar una empresa externa para que les ayudase en servicios de inteligencia y que sabían que Villarejo tenía una firma especializada que "trabajaba para todas las empresas del Ibex". Al hilo recalcó que ellos no sabían que era miembro en activo en la Policía Nacional en el momento de los hechos y aseguró estar convencido de que estaba en excedencia o en segunda actividad. El asunto acerca de si los clientes conocían la condición de Villarejo en el momento de su contratación se ha convertido en una cuestión crucial en toda la macrocausa teniendo en cuenta que Anticorrupción sostiene que todos ellos sabían que era policía que se valió de medios públicos para sus trabajos, lo que sería constitutivo de delito de cohecho.
Claridad en las facturas
También discrepan en relación a la contratación de los servicios de Cenyt. La Fiscalía impulsó las últimas imputaciones advirtiendo que ésta se hizo por un procedimiento excepcional y sin formalizarlo por escrito. Araujo responde ahora que el compliance determina "con absoluta claridad" que la Dirección de Seguridad Corporativa era la única responsable para pactar estos servicios y que lo hizo acorde a la normativa interna para este tipo de investigaciones reservadas. Los agentes de Asuntos Internos acreditaron siete abonos en dos cuentas de Cenyt, cuatro de los cuáles eran de Repsol y los otros tres de Caixa. El proyecto, que se bautizó con el nombre de 'Wine', se presupuestó en cerca de 1 millón de euros aunque finalmente se pagaron 413.600 euros.
En relación al capítulo de las facturas, el máximo responsable de la seguridad de Repsol alegó que los conceptos los determinó el entramado de Villarejo. "Lo aceptamos como bueno, no le dimos más importancia", razonó ante el juez. Al respecto su defensa asegura que esta respuesta es "coherente" con lo recogido por el 'compliance', el cual concluyó que eran descripciones genéricas hechas así adrede para no dar pistas del contenido concreto de los encargos a personas ajenas a estos espionajes. Sin embargo, la Fiscalía considera que hubo opacidad en los servicios porque se quería ocultar la verdadera finalidad de los pagos, que no sería otra que la de espiar mediante el control de llamadas telefónicas y seguimientos a Luis del Rivero y a todo su entorno (además de directivos de Pemex) en el marco de su intento frustrado para hacerse con un tercio de las acciones de Repsol.
Brufau y Fainé, ante el juez
El hallazgo de material relativo a este proyecto en los domicilios de Villarejo dio pie a la apertura de esta pieza en diciembre de 2019, tal y como adelantó este diario. Entonces Asuntos Internos recogió en un oficio de más de 100 páginas el contenido una reunión que mantuvo el espía con Araujo y su homólogo en Caixa (principal accionista de Repsol, entonces) a finales de 2011 en relación al asunto de Sacyr. En los audios ambos hacían alusión al supuesto conocimiento que tendrían del asunto Fainé y Brufau además de la necesidad de hacer un "frente común" contra Del Rivero para evitar su irrupción en la petrolera. Éste, por su parte, figura como perjudicado por partida doble de los espionajes de Cenyt (también se personó en la pieza del BBVA). El expresidente de Sacyr confirmó en sede judicial la existencia de esta estrategia y explicó que en ese mismo tiempo Villarejo también le ofreció sus contraservicios si bien Sacyr declinaron la oferta.
El contenido de las escuchas unido a las conclusiones del 'compliance' y las declaraciones de los exjefes de seguridad en sede judicial complicaron el horizonte judicial de Brufau y Fainé hasta terminar salpicados por este asunto. En su auto de imputación, el juez destacó que del informe de Enrique Hernández se apunta la intervención del presidente de Repsol en la contratación de Villarejo. Además, el juez imputó también a los exdirectivos de Repsol Luis Suárez de Lezo, Juan de Amunátegui y Joaquín Uris y al exvicepresidente de Caixa, Antonio Massanell. Todos ellos declararán en sede judicial la próxima semana a la espera de que el juez resuelva sobre la solicitud de Araujo de recabar también el testimonio (en calidad de testigo) del 'Chief Compliance Officer' de Repsol.
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