Golpe de Bruselas a España. La Comisión Europea ha dado un paso más en el procedimiento sancionador a nuestro país por la alta vinculación entre la gestora pública de las infraestructuras, Adif, y el Estado, y ha enviado un dictamen motivado en el que pone en solfa esta situación, tal y como ha podido saber La Información. Todo ello se produce a apenas una semana del fin del plazo para que los futuros competidores de Renfe presenten una solicitud de capacidad de red de cara a la liberalización del mercado de viajeros que se producirá el 14 de diciembre de 2020.
En concreto, este documento se centra en la vinculación directa que existe entre la estructura de cánones de Adif y los Presupuestos Generales del Estado, un tema que ya lleva tiempo en el punto de mira de la Comisión Europea y por el que España ya ha sido advertida con anterioridad. Ahora, este órgano ha decidido enviar a nuestro país un dictamen motivado, es decir, una petición formal para que se dé cumplimiento a la legislación. Bruselas insta así al Estado a que le informe de las medidas adoptadas, en plazo concreto de tiempo, por lo general, de dos meses.
Los cánones actuales fueron estipulados en los Presupuestos Generales del Estado aprobados en julio de 2018, lo que supone -al no existir PGE aprobados con posterioridad- que se mantienen inamovibles desde esa fecha. Cada año estas tasas se han ido prorrogando sin incluirse modificación alguna, por lo que pese a haber subido levemente los costes de mantenimiento de la infraestructura, estos no han podido ser trasladados al operador.
La última propuesta de cánones ferroviarios que la gestora de las infraestructuras presentó hace apenas unas semanas y que tendrá como objeto el periodo 2020-2024 -primeros años de la liberalización ferroviaria del mercado de viajeros-, también depende de su incorporación, tal y como la propia compañía señalaba en el momento de presentación, en el Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado que se pueda desarrollar a partir de ahora. Además, aún está a la espera de la respuesta de la CNMC, organismo al que ya ha sido remitida la documentación.
En caso de que no haya Gobierno tras las elecciones del 10-N y, como consecuencia, vuelva a no haber presupuestos, los cánones actuales deberán prorrogarse de nuevo y no se podrán incorporar los incrementos de precio en unas líneas y las rebajas en otras, que fijó Adif en el último marco tarifario de la compañía.
Adif busca soluciones
A día de hoy, y según confirmaba Manuel Fresno, Director General Económico Financiero y de Control de Gestión de Adif, la gestora de infraestructuras ya está trabajando en modificar su vinculación con el Estado. En concreto, tiene la intención de modificar la calificación de tasa o tributo, con la que cuentan actualmente los cánones, y dejarlos como prestaciones públicas de carácter no tributario.
Esta modificación supondría desligar los cánones de las decisiones políticas, desvinculándolos por completo de los dictámenes que puedan tener lugar en el Congreso de los Diputados y permitiendo que sea la propia Adif, a título personal, quién decida qué hacer en cada momento. Del mismo modo, desde la empresa pública tratarán de vincular estas tarifas al grado de desgaste de las infraestructuras, asimilándolas a las legislaciones existentes en otros países.
La próxima semana, en concreto el día 31, tendrá lugar el cierre del plazo para que los futuros rivales de Renfe presenten sus ofertas para conseguir capacidad de red en el futuro mercado liberalizado de viajeros. En cambio, no será previsiblemente hasta marzo, cuando se conozcan los consorcios definitivos que pondrán sus trenes en las vías el 14 de diciembre de 2020.
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