Semana clave en el conflicto entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. Pese a la decisión del Gobierno de no seguir adelante con la reforma que rebaja la mayorías para elegir a los vocales del CGPJ, las tensiones siguen vigentes entre la carrera judicial y la clase política. El motivo reside en la modificación legal que sí ha visto la luz y que limita la competencia del Consejo General del Poder Judicial mientras se encuentre en funciones. En relación a este segundo asunto, los jueces pidieron amparo a Europa en un gesto que fue bien acogido por Bruselas y que se materializará el próximo jueves con una reunión a varias bandas entre asociaciones y la Comisión Europea.
La escalada de tensión entre las partes ha ido en aumento las últimas semanas hasta el punto de que tres de las cuatro principales asociaciones remitieron un comunicado a Bruselas advirtiendo de que había un riesgo claro de "violación grave" del Estado de Derecho en España. La misiva, dirigida a la vicepresidenta de la UE para Valores y Transparencia, Vera Jourová, elevó el tono contra el Ejecutivo denunciando que la reforma que ya ha entrado en vigor prevé un "apagón" del CGPJ puesto que le deja sin funciones para poder designar cargos judiciales en esta situación hasta que sean renovados los 20 vocales que lo integran. Sin embargo, lo que realmente hizo saltar las alarmas fue la advertencia de que el no cumplimiento de todas estas recomendaciones de Europa estaba poniendo en un claro riesgo el reparto de los Fondos Europeos de Recuperación de 140.000 millones de euros.
La respuesta de Bruselas fue clara. Por un lado, accedieron a reunirse con las asociaciones denunciantes (que representan a más de 2.500 jueces de la carrera) y, por otro, activaron la vía para advertir al Gobierno de las consecuencias de seguir adelante con la reforma de mayorías. Así, en lo que respecta al primer punto, se concretó una cita para este próximo jueves 29 de abril que será virtual y que arrancará a las 9.00 horas. Los representantes de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria además de Foro Judicial Independiente y la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) trasladarán su preocupación con el cambio del sistema de elección de vocales. Cabe recordar que Europa lleva más de tres décadas instando a España a que modifique la ley pero en aras a que los jueces participen más en la elección de sus homólogos.
Con este caldo de cultivo, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció en el Consejo de Ministros del pasado martes que la reforma planteada por los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos no seguiría adelante. La rápida reacción del ministro del ramo se produjo a tenor de una llamada el día anterior de la propia Jourova en la que le recordó no solo que las intenciones del Ejecutivo iban a la contra de lo recomienda el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) sino también que urge dar respuesta a la situación de parálisis del CGPJ. El mandato de su actual presidente, Carlos Lesmes, concluyó en diciembre de 2018 y aunque las negociaciones han podido llegar a buen parto al menos en un par de ocasiones, lo cierto es que todavía no se ha materializado un acuerdo político que urge especialmente.
El último intento fallido de pacto que se produjo en febrero dejó el asunto en punto muerto pese a las advertencias del Gobierno acerca de que había que renovar el órgano ya caducado. No obstante, el cambio del panorama político tras la convocatoria de elecciones en la Comunidad de Madrid dio paso a un nuevo escenario. Fuentes de las negociaciones consultadas por La Información explican que tras los comicios que se celebran el próximo 4 de mayo se podría producir el enésimo intento por pactar los próximos 20 vocales que integrarán el órgano de gobierno de jueces. Mientras tanto, el actual CGPJ sigue adelante con su calendario aunque sin llevar a cabo los nombramientos de aquellos puestos en la carrera que se quedan vacante y sin sustituto.
En este contexto, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha dado un paso al frente instando al órgano que todavía preside Carlos Lesmes a que dé respuesta al actual estancamiento y retome los nombramientos de jueces que ya se habían convocado antes de la aplicación de la reforma que limita sus funciones. Consideran que la norma que entró en vigor el 29 de marzo no tiene carácter retroactivo y, por tanto, no debiera afectar a aquellas designaciones que ya se habían activado antes de este cambio legal y que afectan en su mayoría a plazas del Tribunal Supremo así como a jefaturas de tribunales superiores de Justicia. El CGPJ ya advirtió antes de la modificación legal que seguiría adelante con la hoja de ruta marcada al tratarse de un mandato constitucional, aunque llegaron a suspender las votaciones en varias ocasiones ante el avance de las negociaciones políticas.
La vía del TC
A tenor del fracaso de las mismas, este órgano siguió celebrando sus encuentros. El último Pleno tuvo lugar este mismo jueves y en el orden del día se incluía estudiar el informe sobre el alcance de esta ley. Los técnicos que elaboraron el escrito advirtieron que, con este nuevo marco legal, se estaba impulsando la parálisis y la atrofia del CGPJ pese a que, paradójicamente, esto es justo lo que el Ejecutivo dice que pretende evitar. No obstante, concluía que la supresión de la atribución para hacer nombramientos discrecionales debía hacerse extensiva a la designación de magistrados del Tribunal Supremo procedentes del Cuerpo Jurídico Militar y de cargos judiciales de esta jurisdicción.
Pero el asunto no termina aquí. El Pleno dejó en el aire la posibilidad de celebrar un encuentro de carácter extraordinario en los próximos días para debatir si terminan llevando esta norma al Tribunal Constitucional por conflicto de competencias. La vía se estudiará a la par que Bruselas se reúna con tres de las cuatro asociaciones de jueces para intentar rebajar la tensión que se ha disparado en los últimos meses. De momento, la intervención de Europa en el conflicto ya ha implicado una retirada de la modificación para rebajar las mayorías de elección de vocales aunque también apremia a que las dos principales formaciones vuelvan a impulsar las negociaciones para sellar un acuerdo definitivo de renovación del órgano.
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