La Comisión Europea ha hecho pública la revisión de la aplicación de su normativa medioambiental y solicita a España que aumente los impuestos 'verdes' a los actores más contaminantes. Al mismo tiempo, pide reducir las subvenciones perjudiciales para el entorno natural, según ha señalado la Comisión Europea en su revisión de la aplicación de la normativa medioambiental. Bruselas señala como uno de los grandes retos pendientes el "trasladar la fiscalidad desde el trabajo al medio ambiente y reducir las subvenciones perjudiciales para éste".
Este informe ayuda a los Estados miembros a hacer frente a los obstáculos sistémicos para la integración de las cuestiones relacionadas con el medio ambiente en sus política nacionales. "España es uno de los Estados miembros con los impuestos medioambientales más bajos de la UE en relación con su producto interior bruto nacional", ha apuntado el informe. Asimismo, la revisión comunitaria hace hincapié en la necesidad de mejorar la gestión del agua, "en particular el tratamiento completo de las aguas residuales urbanas".
Bruselas pide una mejora desde la propia gobernanza del agua, la rehabilitación de las masas de agua y su eficiencia del agua. "Son necesarias más inversiones en infraestructura. España está pagando multas por su incumplimiento con la Directiva relativa al tratamiento de aguas residuales urbanas", ha recordado. El informe pide también a España "un paso adelante" para mejorar la gestión de los residuos municipales y desarrollar más la economía circular. Tras confirmar que España no cumplió los objetivos de la UE para 2020 de reciclar el 50% de los residuos municipales, el Ejecutivo europeo asegura que hará falta un "esfuerzo significativo" para llegar a la meta actual de reciclar el 55% de los residuos urbanos para 2025.
Eso sí, Bruselas pone la nota positiva en la adopción en julio de 2021 del plan nacional de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización del agua, y la aprobación de una Estrategia de Economía Circular a nivel nacional en junio de 2020. También considera un importante progreso que grandes áreas metropolitanas hayan aprobado crear zonas de bajas emisiones de aquí a 2023 para hacer frente a la calidad del aire y ve con buenos ojos la Estrategia estatal de infraestructura verde y de la conectividad y restauración ecológicas.
