Las alarmas se han encendido en Bruselas por el intento del Gobierno de controlar la financiación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal española (Airef) para sus estudios y análisis. Los Presupuestos Generales de 2021 contemplan una modificación en la partida correspondiente al organismo presidido por Cristina Herrero que cercenaría, en parte, su independencia del poder Ejecutivo. En concreto, la autoridad fiscal pasaría a depender económicamente para sus trabajos técnicos del Ministerio de Hacienda. El PP presentó una enmienda durante la tramitación de las cuentas públicas en el Congreso de los Diputados y ahora es la Comisión Europea quien ha preguntado por esta modificación.
Las autoridades comunitarias han sometido a vigilancia las consecuencias que tendría la aprobación del artículo 8.1.4 del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021. Dice así: "Durante la vigencia de estos presupuestos se considerarán vinculantes los siguientes créditos de los presupuestos del Estado, Organismos Autónomos y resto de entidades del sector público administrativo estatal con presupuesto limitativo (...) Estudios y trabajos técnicos". Esto significa que, de entrar en vigor los PGE el próximo 1 de enero, la Airef vería limitada su independencia financiera al tener el Ministerio dirigido por María Jesús Montero la última palabra sobre las partidas destinadas a sus estudios.
La Comisión, según las fuentes consultadas por La Información, ya ha transmitido al Gobierno su "preocupación" por esta maniobra que afecta a un organismo creado a instancias precisamente de Bruselas. En la capital comunitaria quieren mantener la escrupulosa independencia de la Airef y no comparten que el equipo de Herrero vaya a tener que pedir permiso a Hacienda en un momento, además, histórico en el que las reglas fiscales han sido suspendidas por el Gobierno y donde la labor de inspección o auditoría de los poderes públicos se hace más necesaria e intensa si cabe. El Gobierno, por su parte, ha transmitido que la Airef seguirá gozando de total autonomía, tanto para sus trabajos técnicos como de cara a su financiación.
Una solución a este conflicto sería volver a la situación que ha imperado hasta ahora. En este momento, la Airef, también en la época del actual ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, puede disponer de créditos limitados para llevar a cabo sus estudios. Es decir, Hacienda presupuesta una cantidad fija en cada proyecto de ley y autoriza la transferencia directa año tras año a la autoridad independiente. Ese montante en los próximos PGE en de 2,8 millones. Se trataría, en definitiva, eliminar la condición de "créditos vinculantes" para que la Airef no tenga que pasar previamente por el filtro de Hacienda para poder disponer de las partidas presupuestarias.
El PP enmendó durante la tramitación de los Presupuestos en el Congreso este cambio legal. Los populares quisieron excluir de ese artículo 8 a los créditos de la Airef con el objetivo de salvar la independencia financiera del organismo de fiscalización. Sin embargo el Gobierno no negoció esta enmienda presentada por el grupo económico dirigido por Elvira Rodríguez y las cuentas públicas salieron de la Cámara Baja sin modificación alguna en este apartado. En el Senado tampoco está previsto que haya cambios.
La Comisión ya ha transmitido al Gobierno su "preocupación" por esta maniobra que afecta a un organismo creado a instancias de Bruselas
La Airef siempre ha apelado a su independencia. Para eso fue concebida y para eso está 'blindada' a través de su propia ley orgánica. Pero con la modificación en ciernes -que entraría en vigor el 1 de enero- se mermaría la capacidad financiera del organismo autónomo. Se ataría, en definitiva, en corto a un equipo fiscalizador que encara un año de gran importancia desde el punto a vista de vigilancia de la labor económica del Gobierno. Fuentes de la Airef no quisieron comentar ni hacer declaraciones sobre este cambio contemplado en los PGE.
El conflicto Escrivá - Montoro
Hay que recordar que la Airef ya fue protagonista en 2015 de un sonado conflicto con el Ministerio de Hacienda, dirigido entonces por Cristóbal Montoro, el 'cerebro' de los PGE que aún hoy en día se encuentran en vigor. El organismo, que se encontraba presidido por el actual ministro Escrivá, decidió recurrir ante la Audiencia Nacional una orden en la que el Gobierno establecía que fuera la Central de información económico-financiera, dependiente de Hacienda, quien tramitar la petición de datos por parte del organismo independiente. La autoridad fiscal vio en esa maniobra de Montoro una "vulneración de la autonomía e independencia funcional" del organismo creado dos años antes a instancias de la Comisión Europea.
Meses después, en 2017, el ministerio decidió rectificar esa orden para posibilitar que la Airef pudiera tener acceso a la información que necesite para sus estudios y análisis de forma independiente a Hacienda.
Objetivos y cambios en ciernes en la AIReF
La Airef tiene presupuestado en 2021 realizar 31 informes y estudios para garantizar el cumplimiento efectivo por las administraciones públicas del principio de estabilidad presupuestaria. Las actividades más significativas para el próximo año, según se puede comprobar en el proyecto de ley del Ministerio de Hacienda, son el informe sobre las previsiones macroeconómicas, sobre la metodología para calcular las previsiones tendenciales de ingresos y gastos y la tasa de referencia de crecimiento, sobre el proyecto de programa de estabilidad, sobre el análisis de la ejecución presupuestaria, deuda pública y de la regla de gasto, sobre el establecimiento de los objetivos individuales para las Comunidades Autónomas... Así hasta 31.
Asimismo, según se puede leer en el mismo proyecto de ley, la Airef está estudiando modificar el Real Decreto 215/2014, de 28 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto Orgánico de la institución, para incorporar a su estructura organizativa una nueva División de Evaluación de Políticas Públicas, con dos áreas, cuyos responsables tendrían nivel orgánico de subdirector/a general. Actualmente el organismo cuenta con la División de Análisis Económico, la de Análisis Presupuestario y la Jurídico-Institucional.
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