La bula tributaria de los funcionarios internacionales

La semana pasada me despedí temporalmente de un buen amigo, alto funcionario de Hacienda. Muy pronto, el empollón y gafitas Manolo Churumbel asentará sus reales en Ginebra. Mi amigo Manolo ha aceptado una oferta de trabajo de Naciones Unidas para auditar la contabilidad de varias de sus agencias. Cinco años (prorrogables hasta un total de diez) con un sueldo anual de siete dígitos (el triple de lo que cobraba en España), vivienda oficial, contactos personales de gran nivel y, además,… "Tax Free".

Manolo Churumbel es un profesional excelente y muy fogueado en puestos de responsabilidad. Estoy seguro de que desempeñara muy bien sus nuevas funciones y que merecerá sobradamente las contraprestaciones que recibirá por sus servicios. Todas, menos una: el famoso "Tax Free". 

Nunca he entendido el estatuto fiscal tan benigno del que disfrutan los funcionarios internacionales. Es difícil de comprender que a una mayor capacidad económica le corresponda una menor carga tributaria. Tampoco me parece razonable que a un profesional formado por un sistema educativo nacional 'se lo lleve', 'gratis et amore', una entidad que no ha contribuido ni mucho ni poco en su alta cualificación. No solo me parece un caso de competencia desleal. También es una figura próxima al delito de contrabando o de evasión de capital humano. Nadie fabrica un elemento de gran precisión para regalárselo al primero que llame a la puerta con un gran fajo de billetes en la faltriquera. 

Si, en mi opinión, ese privilegio fiscal ('las bulas del oficio') nunca se ha llevado bien con la regla democrática que dicen observar todas las organizaciones internacionales, ahora menos. La palabra clave es pandemia, ese mal que nos afecta a todos. Resulta obsceno contemplar, junto a la enfermedad, la muerte o la miseria de millones de personas, el ánimo de rapiña que late en el corazón (sic) de algunos. Lo primero que debe eliminar la mal llamada “nueva normalidad” es el fomento de la 'avaricia ad libitum' y caiga quien caiga. 

Hace poco salió en un repertorio fiscal el 'problema' de un funcionario europeo cuya oficina radica en La Haya. El señor, de nacionalidad francesa, es un experto en patentes, le pagan el sueldo desde Múnich y, cuando se jubile, tiene la intensión de residir permanentemente en España. Su estatuto fiscal es pintoresco. Lo regula el Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas. Forma parte inseparable del Convenio (según disponen sus artículos 14 y 164) el Protocolo sobre Privilegios e Inmunidades. De entrada advirtamos el lenguaje feudal ("privilegios e inmunidades") en el que se enrosca el Protocolo, cuando debería hablar de los derechos y obligaciones que conciernen a sus funcionarios. España se adhirió al Convenio de Múnich el 5 de octubre de 1973, aunque su entrada en vigor se retrasó hasta el 1 de octubre de 1986.

Si el lenguaje del Protocolo es medieval, los privilegios de los funcionarios europeos también lo son (como el "excusado" o la "bula de cruzada"). Sus retribuciones están exentas de cualquier impuesto nacional sobre la renta. Solo pagan una cuota a la Organización Europea de Patentes. Una bagatela. Algo así como el importe que pagan los socios de un casino que les permite jugar a la ruleta y a las tragaperras de forma gratuita. Los socios contribuyen a mantener el tinglado que los hace millonarios y, si sobra algo, el exceso se destinará al riego del exuberante jardín por el que pasean los funcionarios cuando el tiempo lo permite. No insinúo en absoluto que estos señores se dediquen a la molicie, sino que son unos privilegiados de la "comunidad internacional".

Solo cuando los 'patentados' se jubilen, deberán tributar por la cuantía de sus pensiones (que seguirán abonándose desde Múnich) al Estado de su residencia, España en el caso de autos. Pobrecillos, tendrán que solicitar un crédito al banco para satisfacer la gabela.