El buzón para denuncias y consultas relacionadas con la Covid-19 abierto a finales de marzo por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) se ha convertido en un nuevo motivo de crítica interna y tensiones en el seno del organismo. La iniciativa, encuadrada en la dirección general de Competencia que dirige Beatriz de Guindos, ha provocado malestar tanto en algunos de los consejeros del organismo como entre algunos técnicos. El buzón, según ha explicado el presidente de la CNMC José María Marín Quemada en reuniones internas hace apenas unos días, ha recibido 300 denuncias.
Los mensajes en el buzón (covid.competencia@cnmc.es) describen abusos en los precios, posiciones de dominio que llevan al exceso, acuerdos que presuntamente vulneran la competencia y transacciones de bienes y servicios afectados por la crisis sanitaria. Pero en mes y medio desde la puesta en funcionamiento del buzón, no han dado lugar a medidas cautelares y tampoco han pasado al consejo del organismo. Los casos permanecen a nivel de dirección general, según detallan las fuentes internas.
En el organismo, con la mitad de consejeros con mandato vencido y muchas batallas libradas, ha habido debate interno sobre la utilidad del buzón. Para algunas de las fuentes consultadas es simplemente un recurso publicitado para hacer presente el organismo en plena crisis sanitaria. La CNMC no ha tomado medidas en los asuntos más polémicos relacionados con la pandemia como han sido el precio de las mascarillas, que el Gobierno limitó, o los abusos detectados en algunos servicios funerarios en lo peor de la crisis.
Sanciones y resultados
Tras las críticas se esconde un debate que ha estado muy presente en el organismo, especialmente en los dos últimos años: los desajustes entre los anuncios de sanciones, las sanciones mismas y los resultados finales. Los reveses sufridos por la CNMC ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, que ha anulado sanciones récord a grandes empresas, extendieron la sensación de que los castigos de Competencia son como pompas de jabón: espectaculares cuando se anuncian pero efímeras y sin consecuencias.
Para frenar la polémica, la CNMC llegó a publicar un documento de "indicaciones provisionales" que justificaba sus actuaciones. Básicamente, explicaba que su política de sanciones se basa en la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de enero de 2015 que tumbó la metodología de cálculo de multas del año 2009 aprobada por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) de entonces.
La CNMC sostiene que los tribunales respetan sus decisiones. Al menos en su mayor parte. Según los datos del organismo, en el período 2014-2017 "la Audiencia Nacional ha confirmado de media el 75% de las resoluciones sancionadoras de la autoridad de competencia. Este porcentaje se eleva al 82,7% en el caso del Tribunal Supremo" sostiene en su blog oficial.
El blog del organismo recoge que entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de enero de 2019, el Tribunal Supremo dictó 41 sentencias, hoy firmes, relativas a Resoluciones sancionadoras de la CNMC en materia de Derecho de la competencia. Las sentencias afectaban a un total de 38 expedientes sancionadores. De ellos, siete fueron anulados por cuestiones de fondo o forma. No obstante, en más de un 63% de los casos el alto tribunal ordenó recalcular el importe de la sanción, reduciéndola.
El viaje legal de las sanciones de Competencia por la Audiencia Nacional fue, sin embargo, bastante más agitado. La Audiencia, que decide en primera instancia los recursos interpuestos contra las resoluciones de la CNMC, anuló un 58,3% de las resoluciones revisadas durante 13 meses de 2018 y 2019 (14 Resoluciones de 24 recurridas) y un 86% del importe de las multas impuestas por la autoridad de competencia.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios