Toledo, 28 feb.- Más de setenta mil empleados de la Administración regional están llamados mañana a secundar la primera huelga general que se convoca en la función pública de Castilla-La Mancha en contra de los ajustes del Ejecutivo presidido por la presidenta María Dolores de Cospedal.
El paro ha sido convocado por ocho sindicatos con representación en el área pública regional: Intersindical de Castilla-La Mancha, en la que están STAS y STE; el Sindicato de Celadores, Personal de Gestión y Servicios (SIC-GS); CCOO, UGT, USO y FSES, en el que están ANPE (Educación) y SATSE (Enfermería).
De la convocatoria se han desvinculado CSI.F, mayoritario en la función pública regional, y el Sindicato Médico (CESM), aunque ambas centrales respetan la decisión de sus afiliados para secundar o no la huelga de mañana.
En el caso de Sindicato Médico, siguen barajando la posibilidad de convocar su propia jornada de huelga, ya que el colectivo médico tiene sus propias especificidades y los recortes, dicen, les están afectando más que al resto de los empleados públicos.
Los sindicatos han expresado su desacuerdo con los servicios mínimos fijados en sanidad, que Satse considera dificultarán el seguimiento de la protesta en el ámbito sanitario, mientras que CCOO ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia los servicios considerados esenciales en Educación por "abusivos y desproporcionados".
El desencadenante de la jornada de protesta de hoy ha sido el plan de ajuste contemplado en las denominadas 'Medidas Complementarias al Plan de Garantías de los Servicios Sociales Básicos', que, entre otras, contempla la rebaja de los salarios de los empleados públicos en un 3% y el aumento de dos horas y media más de trabajo a la semana.
Estas medidas, que, previsiblemente, se publicarán mañana en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, han provocado ya el despido de unos seis mil interinos y contratados, según los cálculos de UGT, a los que se podrían sumar entre tres mil y cuatro mil del área sanitaria, según el Sindicato de Celadores (SIC-GS)
Los sindicatos convocantes hacen un llamamiento a la huelga por entender que las medidas aprobadas por el Gobierno regional son injustas, porque se ceban en los colectivos más castigados por la crisis, son ineficaces porque no crean, sino que destruyen empleo, y también son regresivas, ya que suponen el desmantelamiento de los servicios sociales.
Por su parte, el consejero de Administraciones Públicas y portavoz de la Junta, Leandro Esteban, ha hecho un llamamiento al diálogo y considera que el Gobierno regional "no merece" la huelga, mientras que la titular de Empleo, Carmen Casero, ha dicho que no es momento de "barricadas" y apela a la responsabilidad de los sindicatos. EFE.
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