Caamaño asegura que los Consejos de Justicia no serán órganos de las Comunidades Autónomas en el Poder Judicial

Madrid.- El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha garantizado hoy que los Consejos de Justicia no serán órganos de las Comunidades Autónomas en el Poder Judicial sino al contrario, y que su regulación respetará la unidad del Poder Judicial, a su órgano de gobierno y a la doctrina constitucional.

Caamaño ha inaugurado hoy, junto con el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, una jornada de debate sobre la nueva Ley de Planta y Demarcación.

Durante su intervención, el ministro se ha referido a los cambios que deben abordarse en la organización territorial del sistema de Justicia, que ha considerado caducos, y ha recordado que el Gobierno se ha comprometido a modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para desarrollar los Consejos de Justicia previstos en "absolutamente todos" los Estatutos de Autonomía de nueva generación.

El ministro ha sostenido que la LOPJ debe ser la norma en la que se abone esta regulación y ha destacado la necesidad de "no confundir las cosas".

"Cuando hablamos de Consejos autonómicos y de su regulación no estamos hablando de crear órganos de las Comunidades Autónomas en el Poder Judicial, porque eso evidentemente sería inconstitucional, sino, por el contrario, de órganos del Poder Judicial presentes en el territorio de las Comunidades Autónomas", ha explicado Caamaño.

El ministro ha defendido ese reparto de funciones y ha destacado que supondrá una proximidad del gobierno de los jueces a los ciudadanos lo que, ha dicho, tiene un claro encaje dentro de la Constitución.

Caamaño ha valorado el informe realizado por una comisión de expertos sobre los cambios que deben introducirse en la nueva Ley de Planta y Demarcación, en el que se propone la creación de los tribunales de instancia -órganos colegiados- que sustituirán a los Juzgados unipersonales, medida que -ha dicho- se podrá implementar a corto plazo, así como la reforma del proceso penal, para atribuir la investigación penal al Ministerio fiscal.

El titular de Justicia ha resaltado que en la actualidad no basta con sumar y añadir nuevas unidades judiciales, sino que se necesita una nueva estructura donde no se confunda cantidad con calidad.

En este sentido, el fiscal general del Estado ha señalado que sustituir la cantidad por la calidad exige una reconsideración de las estructuras actuales.

Así, ha recordado que el 70 por ciento de los procedimientos que ingresan en los tribunales son penales y que existe una "enorme burocratización" en la fase de instrucción que puede aligerarse diferenciando las tareas de investigación, que corresponderían al fiscal, y la función jurisdiccional, de los jueces.

Además, ha destacado que en estas reformas los intereses de orden político y corporativo deben supeditarse a la mejora del servicio a los ciudadanos.

Por su parte, el presidente del CGPJ ha pedido "suma prudencia" a la hora de afrontar la nueva Ley de Planta y Demarcación debido a su complejidad y a los diferentes intereses, por lo que ha reclamado colaboración y transparencia de los sectores implicados.

"Deseamos una nueva ley que sea una ley viva y que viva muchos años", ha indicado Dívar.