La Guardia Civil y la Subdirección General de Economía Circular del Ministerio para la Transición Ecológica ha desarticulado varios grupos dedicados a la explotación ilegal de residuos peligrosos a terceros países procediendo a la detención/investigación de once personas, y la neutralización de varios flujos de residuos peligrosos a países con economía en desarrollo.
Según informa la Benemérita en una nota de prensa, recogida por Europa Press, la operación, que se ha llevado a cabo en Álava, Vizcaya, Salamanca, Valencia y Madrid, ha centrado el objetivo en varias empresas que recolectaban y enviaban residuos peligrosos a países en los que el tratamiento, bien por la falta de medidas de protección ambiental, o bien por mano de obra barata, generaba muchos más beneficios. Se estima que este negocio ilegal mueve hasta 17.000 millones de euros al año.
La organización se encargaba de adquirir los residuos en España, buscar los clientes en países com Libia, Irak, Ghana, Guinea Bissau, etc. y eludir el control de la administración, llegando a utilizar puertos de salida en Francia y Portugal. En la operación se han podido identificar un abanico de flujos a distintas partes del mundo, en función del tipo de residuo.
Asimismo, se ha puesto al descubierto que las empresas implicadas enviaban disolventes industriales en grandes cantidades para ser eliminados en Libia. Al parecer, estos componentes eran vertidos al medio sin control alguno, lo que reducía los costes, aún a pesar de que el productor del residuo ya había pagado por su gestión. Fue la colaboración con las autoridades francesas lo que alertó a las autoridades españoles, quienes iniciaron una investigación que permitió identificar a los responsables de la red. También se pudo constatar la identificación de las empresas que se dedicaban a enviar motores de automóviles y camiones a Irak.
El beneficio consistía en extraer la parte útil de estos motores, o los materiales reciclables, y desechar el resto sin ningún tipo de gestión de reciclaje. La falta de control en algunos países conlleva que empresas ilegales envíen sin ningún miramiento cualquier tipo de residuo, como es el caso de los motores al final de su vida útil. La peligrosidad de este tipo de residuos se resume en que, simplemente con el vertido de los líquidos contenidos en estos motores se puede provocar una degradación de los suelos, y la contaminación de los acuíferos de la zona.
A partir de aquí una nueva línea de investigación se puso de manifiesto como unos gestores enviaban camiones despiezados a países africanos como Ghana o Guinea Bissau. El ilícito consistía en evitar los controles de la administración, para no abonar los costes de estas exportaciones. La falta de control en estos lugares permitía el libre comercio de estas mercancías, que posteriormente podían ser recolocadas y puestas en circulación, o valorizadas, vertiendo o abandonando en el medio el sobrante.
En España, por los procedimientos establecidos, la eliminación de estos residuos es costosa, y ello permite que la emisión o vertido al medio sea prácticamente nula. En total se han detenido e investigado a 11 personas, no sólo españoles, sino también de nacionalidades siria, portuguesa, gambiana y holandesa.
