Caen 2 altos cargos Generalitat y Diputación por intentar amañar licencia ITV

Barcelona, 26 mar.- La Guardia Civil ha detenido hoy al número 2 de la Diputación de Barcelona, Josep Tous, al subdirector de Seguridad Industrial de la Generalitat, Isidre Masalles, y a tres empresarios acusados de urdir supuestamente una trama para intentar amañar en beneficio propio concesiones de ITV en Cataluña.

En la operación, dirigida por la titular del juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, han sido detenidos, además de Tous y Masalles, los empresarios Ricard Puignou -exdirector general de Menta ITV-, Sergi Pastor -exconsejero delegado de Applus- y Sergi Alsina -socio de Alta Partners, una sociedad dedicada al asesoramiento de empresas-.

Según han informado a Efe fuentes cercanas al caso, la trama de concesiones de ITV (Inspección Técnica de Vehículos) investigada trató presuntamente de influir para amañar en beneficio de los empresarios involucrados un concurso de adjudicación de licencias para la revisión de vehículos, aprovechando que estaba impugnado.

La juez abrió diligencias sobre esta supuesta trama corrupta el pasado verano, a raíz de unas conversaciones intervenidas en el "caso Campeón" -en el que se investiga por cohecho al exministro José Blanco- que apuntaban a un posible tráfico de influencias en la obtención de la concesión de los servicios de ITV en Cataluña.

En el marco de la operación, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria han registrado hoy, además de empresas y domicilios de los implicados, la sede de la subdirección general de Seguridad Industrial de la Generalitat, con la presencia de Masalles.

Masalles fue nombrado subdirector general de Seguridad Industrial en septiembre pasado, tras haber ejercido durante cerca de seis años, casi todos durante la etapa de gobierno tripartito en Cataluña, como director de servicios del Departamento de Innovación, Universidades y Empresas.

Por su parte, Josep Tous fue nombrado coordinador general de la Diputación de Barcelona a principios de marzo, en sustitución de Josep Maria Matas, que fue destituido tras trascender que su empresa había facturado casi un millón de euros a la Asociación Catalana de Municipios (ACM) cuando era su secretario general.

Durante la etapa de gobierno de Jordi Pujol al frente de la Generalitat, Tous fue director general de Consumo y Seguridad Industrial de la Generalitat y director del Instituto Catalán del Consumo, aunque desde 2004 compaginó la empresa privada con su vocación política, ya que es miembro del Consejo Nacional de CDC y en 2008 fue nombrado presidente de la sectorial de Empresa, Industria e Innovación de CDC.

Al parecer, la trama habría intentado influir para conseguir que la Generalitat emitiera informes favorables a la anulación de un concurso de concesión de varias licencias para talleres de ITV recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para poder convocar un nuevo proceso hecho a medida de las compañías de revisión de vehículos vinculadas a los empresarios investigados.

Según las mismas fuentes, en las conversaciones telefónicas intervenidas los imputados aluden en varias ocasiones a la capacidad de influencia del nuevo secretario general de CDC, Oriol Pujol Ferrusola, que no aparece involucrado en la trama ni se ha ordenado la intervención de sus comunicaciones y ni tampoco consta que llamara a los imputados.

De hecho, un escrito del fiscal Javier Rey incluido en el sumario del "caso Campeón" apunta a la posible "connivencia" de Oriol Pujol en un posible tráfico de influencias en la obtención de la concesión de los servicio de ITV de Cataluña.

El departamento de Empresa y Ocupación, de quien depende la subdirección de Seguridad Industrial, ha asegurado en un escueto comunicado que desconoce los motivos y el alcance de la operación y que en esta legislatura "no ha habido ni se ha abierto ningún concurso de adjudicación de estaciones de ITV".

Por su parte, el PSC ha pedido el cese inmediato de Josep Tous como número dos de la Diputación, el PP ha pedido que se depuren responsabilidades, ERC ha exigido una reunión urgente del ente provincial y que se aparte cautelarmente al coordinador general detenido, mientras que ICV ha reclamado la inmediata destitución del número dos de la Diputación.