El nuevo curso judicial se escribe en clave económica. A las causas de corrupción más tradicionales como el caso Lezo, Púnica o más recientemente el espionaje del comisario jubilado José Manuel Villarejo, hay que sumarle otras que cobrarán especial impulso este otoño. Así ocurre con la que se sigue en la Audiencia Nacional por la debacle del Banco Popular, la cual comenzará a celebrar sus primeros interrogatorios en octubre tras dos años de pesquisas, o de la investigación abierta contra exaltos cargos de OHL por presuntas 'mordidas' que rozan los 40 millones de euros a cambio de conseguir adjudicaciones de obra en todo el territorio español.
La constructora familiar de los Villar Mir afronta unos meses especialmente complicados en el marco de las pesquisas abiertas en el caso Lezo por estas comisiones a las que se habrían referido altos cargos de la compañía en audios grabados por el exdirectivo Paulino Hernández que ya obran en el sumario de la causa. Tanto es así que los investigadores estudian la posibilidad de que la empresa rinda cuentas en calidad de imputada por esta práctica que se produjo entre los años 2003 y 2014, de acuerdo con fuentes jurídicas consultadas por La Información.
Con todo, solo tendría que responder por los hechos ocurridos desde el año 2010 a tenor de la reforma legal que permite la imputación de personas jurídicas. Un escenario que guarda cierto paralelismo con el ocurrido en el caso Tándem con motivo de la citación como investigado del BBVA por su implicación en el escándalo de espionaje de Villarejo. De hecho, una de las citas clave este nuevo curso judicial será la que tenga lugar el próximo 24 de septiembre, día en el que el representante legal designado por la entidad tendrá que acudir a la Audiencia Nacional para explicar los pagos de más de 10 millones de euros que se produjeron al entramado del agente encubierto durante más de una década.
Pineda y Bernad, a juicio en noviembre
Otra de las causas que se convierte en actualidad en los últimos meses del año es la abierta contra Luis Pineda (Ausbanc) y Miguel Bernad (Manos Limpias) por la presunta red de extorsión puesta en marcha contra entidades, compañías y empresarios a cambio de no hacerles publicidad negativa. La vista oral, señalada en un principio para el mes de septiembre, arrancará finalmente en noviembre. El juicio vendrá marcado por la repentina salida de la causa del BBVA -que durante toda la instrucción se posicionó como acusación clave en el procedimiento- y de otros actores clave como Caixa Geral, la cual también se personó como perjudicada por esta trama. Además, el mismo juzgado que investiga el caso Villarejo tendrá que decidir si admite a trámite una querella presentada por Pineda contra el policía jubilado y el expresidente del BBVA Francisco González.
La macrocausa de corrupción Púnica también encara unos meses especialmente intensos no solo porque la Sala de la Audiencia Nacional ha sentenciado que debe estar instruida en junio de 2020 sino porque el magistrado Manuel García Castellón resolverá en los próximos días la petición hecha por la Fiscalía Anticorrupción de imputar en la causa a Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes, Ignacio González, el expresidente de Indra Javier Monzón y la entidad en calidad de persona jurídica por la presunta campaña en 'b' del PP madrileño.
Las fortunas de Rato y el clan Pujol
También avanzará la investigación que sigue el magistrado José de la Mata contra el clan Pujol desde el año 2015 por el origen presuntamente ilícito de la fortuna que amasa en el extranjero y que, de acuerdo con el último informe policial, ascendería a 290 millones de euros. Esto es así porque el juez debe pronunciarse acerca de una batería de diligencias solicitadas por una acusación del procedimiento, entre las que se encuentra la petición de cursar más comisiones rogatorias a Andorra. Otro de los casos sobre patrimonio familiar que sigue su curso es el del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato. El juzgado de instrucción número 31 de Madrid seguirá investigando los pormenores de esta causa que tendrá que juzgarse de manera conjunta después de que así lo haya acordado la Audiencia Provincial de Madrid.
Pero, al margen de estas diligencias, Rato todavía afronta la recta final del juicio por la salida a bolsa de Bankia que se reanuda este mismo lunes con la exposición de conclusiones del Ministerio Fiscal, el cual amplió su petición de cárcel para el exdirector gerente del FMI hasta alcanzar los ocho años y medio de prisión por los delitos de fraude de inversores y falsedad contable. Y de esta causa que toca su final a otra que arranca en el marco del procedimiento que sigue la Audiencia Nacional contra el banco privado de inversión Bandenia. El magistrado José de la Mata dio carpetazo a la investigación abierta contra algunos imputados, como ocurre en el caso del Cándido Conde-Pumpido, aunque abrió pieza separada para investigar a ING, Caixabank e Ibercaja por actividades que podrían ser constitutivas de delito de blanqueo de capitales.
También se espera que la juez que investiga la demanda millonaria que interpuso Felipe Benjumea contra el Banco Santander por la crisis de Abengoa, señale audiencia previa en los próximos meses, tras incorporar nuevas demandas civiles a la causa. El expresidente de la compañía sevillana reclama 1.000 millones de euros al banco que preside Ana Botín por la fallida ampliación de capital de la multinacional en 2015 que la abocó a preconcurso de acreedores. La misma entidad también afronta otro litigio en los tribunales madrileños con Andrea Orcel por el fichaje como consejero delegado de la entidad que nunca llegó a hacerse efectivo. Por estos hechos, el banquero reclama al Santander una indemnización superior a los 100 millones de euros.
Otra de las causas de corrupción 'estrella', la trama Gürtel, seguirá su curso en este órgano judicial. El próximo juicio que se celebrará en relación a esta red liderada por Francisco Correa es el relativo a las actividades de la trama en Boadilla del Monte, si bien también cobrará impulso una de las piezas más importantes de este procedimiento; la relativa al pelotazo de la red en Arganda. Los 21 acusados en esta parte concreta de las pesquisas afrontan una petición de cárcel de la Fiscalía Anticorrupción que va desde los dos años y medio a los 29 años por estos hechos concretos por los que se pagaron hasta 25 millones de euros en 'mordidas' y en los que está implicado directamente el expresidente del Real Madrid y de Martinsa, Fernando Martín Álvarez.
El desenlace judicial del 'procés'
Ya en clave más política, una de las sentencias más esperadas de los últimos años es la que dará a conocer con la llegada del otoño el Tribunal Supremo sobre la deriva independentista. El tribunal de la Sala de lo Penal que enjuició al exequipo de Gobierno de Carles Puigdemont además de los líderes soberanistas Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, determinará si los hechos acaecidos en octubre de 2017 vinculados con el proceso de desconexión catalán fueron constitutivos de delito de rebelión o más bien se trató de una sedición. El pronunciamiento de los magistrados de la Sala de lo Penal vendrá seguido del juicio que acoge desde enero de 2020 la Audiencia Nacional contra el exjefe de los Mossos Josep Lluis Trapero y otros líderes políticos del cuerpo policial autonómico, por el papel que jugaron en el bautizado como 'procés'.
Con todo, mucho más inmediato será el pronunciamiento del magistrado que ha juzgado la causa relativa a los discos duros del extesorero del PP Luis Bárcenas. Pese a no figurar en la causa, su papel en lo ocurrido propició que la formación popular acabara sentándose en el banquillo de los acusados por su responsabilidad penal en el destrozo de los ordenadores y todo pese a que el Ministerio Fiscal no ejerce acusación contra el partido. El exgerente de la formación que preside Pablo Casado, no obstante, sí seguirá rindiendo cuentas ante la Justicia por sus famosos papeles que vendrían a destapar una presunta financiación opaca de la formación a nivel nacional.
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