Varios directivos de Caixabank, entre ellos su consejero delegado, Gonzalo Gortázar, admitieron ante los agentes de la UCO graves defectos en su unidad antiblanqueo hasta 2015. El informe de la Guardia Civil, que solicita a la Audiencia Nacional la imputación de la entidad por el lavado de 38 millones de dos mafias chinas, dibuja, a partir de sus testimonios, un descontrol total en ese departamento hasta ese año. Caixabank carecía de un umbral a partir del cual sus clientes tenían que justificar el origen de sus fondos y, en ocasiones, ni siquiera se les pedía el NIF. Todo ello unido a la falta de formación de su plantilla la convirtió en un "canal de blanqueo" aprovechado por esas organizaciones criminales.
Gortázar, consejero delegado de la firma, aseguró en su interrogatorio que fue en 2015 cuando la entidad catalana ordenó solventar todas esas irregularidades y mejorar decididamente los procesos justo después de que llegara al cargo en 2014. Lo hizo, según declaró ante la Guardia Civil, a raíz de dos expedientes abiertos por el Sepblac a Caixabank y una inspección del Banco de España. El primero de ellos, iniciado en 2013 por ausencias y debilidades en el control de las operaciones sospechosas de blanqueo, concluyó en 2015 con una sanción. El segundo se abrió en 2015 por movimientos de efectivo posteriores a 2013.
El otro hecho que, según Gortázar, precipitó los cambios en el departamento de prevención, fue la Operación Snake, la desarticulación de una mafia china dirigida por el Juzgado de Instrucción número 7 de Parla (Madrid). Según la UCO, los miembros de esa organización ilícita blanquearon mediante a su envío a China hasta 35 millones de euros utilizando para ello varias sucursales de Caixabank, sin que la entidad ni sus trabajadores dieran parte al Sepblac. La irregularidad de esas operaciones, según los agentes, era palmaria.
La principal deficiencia admitida por Gortázar es un incumplimiento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Su artículo 26.2 establece literalmente que los órganos internos de prevención del blanqueo de cada entidad, los que tienen obligación de informar al Sepblac de las operaciones sospechosas, deben operar en todo caso "con separación funcional del departamento o unidad de auditoría interna". Esa obligación busca garantizar su independencia respecto del negocio que debe controlar.
Ese deber legal se incumplió de manera continuada hasta 2015. Hasta ese momento, el departamento de prevención de Caixabank dependía orgánicamente de la asesoría jurídica, que a su vez lo hacía de la auditoría interna. Fue precisamente Gortázar quien decidió sacarlo del organigrama de la entidad para ponerlo directamente bajo su supervisión garantizando así su autonomía respecto al resto de unidades.
Pero la declaración que más aportó sobre la práctica inexistencia de controles, según la UCO, fue la de Carlos López Agudo, actual director de Cumplimiento Normativo. En su interrogatorio habló de "ausencia y debilidades en los procedimientos de control establecidos por la entidad" y puso como ejemplo "la falta de umbral para justificar el origen de los fondos" (actualmente situado en 30.000 euros), "irregularidades en la identificación de los titulares y clientes de la entidad" como "la ausencia de NIF", así como "documentos de conocimiento del cliente incompletos, irregularidades en la identificación de operaciones fraccionadas, las cuales eran observadas de manera autónoma y no de manera agregada...".
Sin acceso a las bases de datos
Además, toda ese deficiente mecanismo de supervisión descansaba únicamente en el personal de las sucursales, ya que el departamento de Cumplimiento, el que se ocupaba de la prevención del blanqueo, "no tenía capacidad para acceder y explorar las bases de datos de la entidad, ni personal suficiente, ni formación adecuada, ni monitorización, ni comunicación de operativa alguna con el Sepblac", según los agentes. López Agudo aseguró que solo después de su llegada, en 2014, se dotó a esa unidad de más plantilla, mayor formación, así como de un sistema de análisis de todas las bases de datos de la entidad.
Los agentes sostienen que esa falta de controles, en el caso de las transferencias a China de las organizaciones mafiosas, fue una "ignorancia deliberada". Esos envíos se realizaban mediante un contrato de corresponsalía con la sucursal española del ICBC mediante el cual, Caixabank, según los investigadores, perseguiría obtener millonarias comisiones así como mejorar su posición en el mercado del país asiático, donde controla un 9,85% del Bank of East Asia con sede en Hong Kong.
Además de Gortázar y López Agudo, por las dependencias de la UCO pasaron el antecesor de este último, Juan Alfonso Álvarez, y el director de Asesoría Jurídica, Ignacio Redondo, entre otros. Todos ellos declararon como testigos. Los seis directores de las sucursales desde las que esas bandas criminales operaban, una subdirectora y una gestora de negocios de la entidad, lo han hecho como imputados por blanqueo de capitales.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios