La Audiencia Nacional no ve motivo para imputar a CaixaBank en el caso del 'Madoff catalán'. La Sala de lo Penal ha rechazado la petición de incluir a la entidad financiera en la investigación abierta sobre la presunta estafa piramidal con la venta de productos publicitarios liderada por Antonio Mas Samora. Los magistrados consideran que el banco no debe responder como 'heredera' de Bankia -entidad con la que se fusionó en marzo de 2021-, aunque uno de los empleados del banco extinto esté siendo investigado como miembro de la trama, cuyo fraude se estima superior a los 200 millones de euros, según el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac).
El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, encargado de instruir este procedimiento que se inició en 2017, rechazó el pasado mes de marzo imputar como persona jurídica a la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri. Una decisión que ha sido ratificada tres meses después por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal. En el auto con fecha del pasado 17 de junio, al que ha tenido acceso La Información, los magistrado comparten íntegramente los argumentos expuestos por el juez instructor, así como los ofrecidos por la Fiscalía Anticorrupción en esta misma línea.
En este sentido, la Sala explica que, pese a que la petición de imputación como persona jurídica se basó en que la entidad bancaria -entonces Bankia- no adoptó medidas de control para evitar la estafa, no se ha precisado qué delito propio habría cometido el banco. Entre los más de 1.000 afectados se encuentran personas de la alta sociedad o empresarios como Paloma Segrelles o Michael Domecq. "Como bien señala el Ministerio Público, en tales peticiones únicamente se alude a que se ha cometido un conjunto de delitos por personas que ocupaban cargos directivos en la entidad bancaria", reza la resolución.
En concreto, se trata del director de una de las sucursales de Bankia en Barcelona, a quien se le atribuye el movimiento de los fondos entre las cuentas del entramado empresarial liderado por Mas Samora, bautizado como el 'Madoff catalán', con el fin de aparentar entradas y salidas de dinero. De hecho, el Juzgado de Instrucción que dirige el juez Manuel García Castellón recurrió a seis bancos y a la Agencia Tributaria para rastrear el alcance de la presunta estafa, que habría consistido en la simulación de la adquisición de espacios publicitarios en televisión para venderlos a todo tipo de inversores.
Así las cosas, para la Sala de lo Penal no se dan los requisitos previstos en el artículo 31 bis del Código Penal, que exige a las empresas contar con un sistema de prevención de delitos y de cumplimiento normativo ('compliance'), que justifiquen la imputación de CaixaBank, ni ve en "qué medida los hechos cometidos se habrían ejecutado en su nombre o por su cuenta" y han supuesto un beneficio "directo o indirecto" para la entidad bancaria . "En este supuesto nos hallamos ante delitos que, indiciariamente, habrían sido cometido por determinados directivos, pero en su propio beneficio, no en el de la persona jurídica. Falta ese requisito que remarca la jurisprudencia", zanja el auto.
Confesión ante los Mossos
La causa del 'Madoff catalán' comenzó a investigarse en un juzgado de Barcelona en mayo del 2017, después de que el principal investigado, el empresario y promotor musical Antonio Mas Samora, se personara en una comisaría de los Mossos d’Esquadra para confesarlo todo y mostrar su arrepentimiento. Debido a la cantidad millonaria que se estima de fraude y que éste se extendió a varias comunidades autónomas, la Audiencia Nacional se hizo cargo del mismo a mediados del 2018.
Según relató el investigado, y así consta en el informe elaborado por la policía catalana, la operativa comenzó en 2003 por medio de la sociedad ATA Producciones y continuó en 2012 a través de la mercantil Publiolimpia (sociedad clave en la trama), ambas controladas por él. El 'modus operandi' era adquirir espacios publicitarios de televisión para después venderlos a posibles anunciantes. De este modo, la diferencia entre lo que le costaban esos espacios y el precio al que luego los vendía era lo que, como intermediario, ganaba.
El investigado hizo creer a los inversores que estaba cerrando la compra de espacios publicitarios para grandes compañías como Repsol, Vodafone, McDonald's, Coca-Cola, Huawei, Apple, Seat o Samsung.
Sin embargo, un día todo se torció y las operaciones comenzaron a darle pérdidas, por lo que, con miras de revertir la situación, engañó a inversores haciéndoles creer que estaba cerrando la compra de espacios publicitarios para grandes firmas como Repsol, Vodafone, McDonald's, Coca-Cola, Huawei, Apple, Seat o Samsung.
Así, primero les pedía una "financiación inmediata" para adquirir los espacios y les prometía una rentabilidad de entre el 12 y el 15% trimestral, que iba abonando a medida que conseguía nuevas víctimas, pero que nunca devolvió en su totalidad. De ahí que la estafa sea considerada piramidal o de tipo 'Ponzi'. Para dar apariencia de realidad a la estafa, el conocido como 'Madoff catalán' falsificó los sellos de los anunciantes y creó facturas falsas.
Dentro del entramado empresarial investigado se analiza también la participación de la familia San Martín, como captadora de inversores, a través de la sociedad Caná Cuatro Inversión y Gestión. La familia de constructores no solo aparece en las actuaciones como denunciada, sino también como denunciante contra Antonio Mas Samora y Publiolimipia al presentarse como damnificada. La familia de Julio San Martín alega que no ha podido devolver todas las cantidades entregadas por sus clientes porque el promotor musical no les ha reembolsado las ganancias que obtuvo con la inversión.
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