México, 7 nov.- Las reformas estructurales impulsadas en México pueden aportar un aumento de entre el 1 y el 2 % del producto interno bruto (PIB), aunque existe un marco de tensión social que puede complicar la agenda oficial, advirtió hoy la directora general para América Latina de "The Economist", Irene Mia.
"La movilización social complicará la agenda del gobierno en un contexto de débil crecimiento y necesidad de un programa económico de inclusión social", precisó Mia durante su intervención en el foro "México-Summit 2013, el Próximo Capítulo", organizado por el semanario británico.
El Parlamento mexicano ha aprobado ya reformas al sector financiero, al fiscal y a las telecomunicaciones, y tiene pendiente otra sobre la explotación de los recursos energéticos, iniciativa que ha creado un fuerte debate político en el país.
La tensión social en México se ha incrementado en los últimos meses a raíz de las protestas de un sindicato de maestros que se opone a una reforma educativa que fue aprobada en febrero pasado y que terminó con viejos privilegios gremiales.
Mia dijo que, entre los desafíos que tiene México a corto y medio plazo, la reforma energética que anunció en agosto pasado el Gobierno, que permite cierta liberalización del sector, será una prueba para el Pacto por México, firmado por Peña Nieto y los principales líderes políticos en diciembre pasado para impulsar reformas estructurales.
Indicó que si se implementan adecuadamente estas reformas económicas se podrá lograr un crecimiento adicional en la economía de entre 1 y 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
El Gobierno mexicano calcula que la economía del país crecerá este año un 1,7 %, aunque posiblemente ajuste ese aumento en las próximas semanas, cuando se den a conocer las cifras oficiales de la actividad económica al cierre del tercer trimestre.
La experta consideró que el tema de la violencia generada por las acciones del crimen organizado, que causaron unos 70.000 muertos durante la pasada gestión de Felipe Calderón, seguirá siendo un desafío importante, al igual que la informalidad laboral, que alcanza al 60 % de la población económicamente activa.
Respecto a los retos a largo plazo que debe afrontar México, Mia recalcó las "malas prácticas de gobernanza" que reducen la eficacia del Estado.
En este sentido, citó datos aportados por una reciente encuesta realizada por Transparencia Internacional, que mostraban que el 91 % de la población mexicana considera a los partidos políticos como las instituciones más propensas a la corrupción.
En su opinión, el reto de las reformas es atacar los "impedimentos domésticos" que frenan el crecimiento económico del país y que no ayudan a crear un sistema propio para desarrollar la productividad.
La experta señaló que la economía mexicana necesita atraer mayor inversión extranjera directa, y recalcó que la reforma energética podría ayudar en este sentido.
El foro contó con la participación de, entre otros, el presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, otros altos funcionarios, analistas y representantes empresariales.
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