La causa penal que sigue la Audiencia Nacional por la caída del Banco Popular ha contado este miércoles con el testimonio de una de las personas clave en el proceso de cambio de la presidencia que ostentaba Ángel Ron por Emilio Saracho. La que fuera consejera coordinadora y presidenta de la Comisión de Nombramientos, Reyes Calderón, ha rechazado en sede judicial que hubiera un plan en el seno de la entidad para apartar de la presidencia a Ron, de quien ha dicho que estuvo al corriente de todos los movimientos en la entidad, y ha descrito este episodio como si fuera "una novela".
La consejera independiente, señalada por el expresidente del banco como la persona que maniobró junto con el inversor mexicano Antonio del Valle -de quien se desvincula- para derrocarle y facilitar la llegada de Saracho a la entidad, ha afirmado ante Jose Luis Calama, magistrado instructor de la causa, que mantuvo informado en todo momento al expresidente sobre el proceso de sucesión, según informan fuentes presentes en el interrogatorio.
De este modo, Calderón, que ha declarado en calidad de imputada, ha afirmado que fue un proceso pactado y que ella actuó en el ámbito de sus competencias. Su declaración es clave en el procedimiento en tanto una parte del mismo investiga si desde dentro del Consejo de Administración se actuó para apartar a Ron del cargo de presidente que ostentaba desde hacía 11 años y si este escenario contó con la implicación de Del Valle. Al respecto Ron expuso en su declaración en sede judicial que el empresario mexicano le llegó a amenazar con acudir a la prensa o a convocar Junta de Accionistas si no promovía el relevo.
Reglamento del Popular
De hecho, Ángel Ron sacó a relucir en su interrogatorio una carta enviada en noviembre de 2016 por José Mateu, representante de la Sindicatura de Accionistas del Popular, a una serie de destinatarios, entre ellos la propia Calderón, en la que denunció que el proceso de sucesión dentro de la entidad, se estaba llevando a cabo de forma "incompatible con los estándares menos exigentes del gobierno corporativo". Calderón por su parte, ha negado estos hechos y ha insistido en que su cargo le permitía llevar a cabo estas decisiones.
Durante más de dos horas de declaración, Calderón ha detallado que había un total de siete consejeros, incluyéndose ella, a favor del cambio en la presidencia de la entidad, el cual se formalizó en febrero de 2017 en la figura de Emilio Saracho. Precisamente, el último presidente del banco antes de su resolución por parte de la JUR explicó en sede judicial que Calderón le llamó para pedirle que asumiera la presidencia del Popular. Saracho explicó que Calderón le dijo que el Consejo estaba muy dividido y que ella estaba a favor de su llegada al banco, el cual acabó en manos del Santander por un euro.
Tanto el fiscal Anticorrupción Antonio Romeral como el magistrado instructor están mostrando especial interés en esta parte concreta de la causa al sospechar que se produjeron filtraciones a la prensa que habrían hecho caer el precio de la acción y que terminaron por darle la puntilla final a una entidad que sufrió una fuga de depósitos de 16.000 millones de euros en tres meses. De acuerdo con la querella de la Fiscalía y con algunas acusaciones personadas, estos hechos serían constitutivos de falsedad de mercado, la cual ahora indaga el instructor. En lo que respecta a presuntas irregularidades en la ampliación de capital de 2016, Calderón se ha desvinculado por completo asegurando que no votó esta operativa porque todavía no contaba con el 'plácet' del Banco Central Europeo.
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