La causa de la Audiencia Nacional que investiga la resolución del Popular cuenta con datos clave de la ampliación de capital del año 2016. Dos meses después de que lo solicitara el instructor, el heredero del banco ha entregado un listado con el total de 14 consejeros que participaron en esta operación. La documental desvela cómo todos ellos invirtieron 103,5 millones de euros del total de 2.505 que costó la ampliación; es decir, el 4% de la misma. A la cabeza de todos ellos se sitúa el grupo francés Crédit Mutuel el cual participó con cerca de 100 millones de euros.
El magistrado José Luis Calama Teixeira se ha centrado en este episodio concreto de la causa tras escuchar en sede judicial a importantes clientes del Popular que confesaron que los directores de las sucursales les instaron a participar en la ampliación y que se les prestó dinero para ello. El magistrado se centró entonces en esclarecer si hubo desde la cúpula de la entidad órdenes veladas para financiarles; extremo sobre el que el último presidente de la entidad, Emilio Saracho, se pronunció en su interrogatorio. Ahora, Banco Santander cumple el requerimiento judicial y entrega los nombres de los consejeros que participaron y las cuantías que invirtieron, de acuerdo con los documentos recogidos por este diario.
Después de Crédit Mutuel el segundo consejero que más acciones adquirió fue Antonio del Valle. El empresario mexicano, que en cuatro meses se enfrenta al Estado español en La Haya por la caída del banco, se hizo con 1,79 millones de títulos por importe total de 2,23 millones de euros. Se trata de una pequeña parte del total de 450 millones que reclama en la Corte Permanente de Arbitraje al considerarse una víctima de la gestión política de un banco cuya solvencia siempre defendió. Le sigue un histórico de la entidad hasta la llegada de Saracho a la presidencia: Francisco Aparicio. El que fuera secretario del Consejo y hombre cercano a Ángel Ron participó con poco más de 693.000 euros. Precisamente el expresidente, que siempre negó irregularidades en el proceso, adquirió 100.000 acciones por 125.000 euros.
Préstamos para exdirectivos
También están en la lista el exvicepresidente del Popular Roberto Higuera (120.900 euros); la presidenta de Prosegur Elena Revoredo (355.127 euros), Reyes Calderón (invirtió 8.800 euros) o la Sindicatura de Accionistas de Banco Popular con cerca de 15.500 euros, de acuerdo con la documental que ha proporcionado la CNMV al Santander. En los papeles, el heredero del Popular explica que no consta en los archivos ninguna operación de activo concedida a los consejeros. Esta es una de las cuestiones más relevantes para los investigadores, que pidieron que se especificara si el banco concedió a los miembros del Consejo pólizas de crédito, préstamos o descuentos. El objetivo es esclarecer si hubo órdenes expresas de que se financiasen la compra de títulos a tenor de lo manifestado por los inversores.
Uno de ellos, Tedoro García, contó en su declaración ante el juez que recibió una póliza de 750.000 euros para invertir un total de 1,5 millones. Otro de los empresarios financiados por el banco fue Luis Cort. El presidente de Calatrava Real State explicó que cuando el Popular acabó en manos de la JUR a mediados del 2017 ya no pudo deshacerse de las acciones dado que el valor quedó reducido a cero. Manuel Alonso Rubio, otro de los perjudicados, confesó que invirtió 100.000 euros después de que le ampliaran la póliza de crédito. Ninguno de ellos dijo sentirse coaccionado por los directores de sucursales pero sí que les insistieron para lograr su implicación. Sus declaraciones propiciaron un vuelco en la causa penal y provocaron la imputación de una nueva tanda de exdirectivos, algunos de los cuáles habían ido a declarar en un principio como testigos de este asunto.
Parte de ellos también figuran en la documentación entregada por el Santander. Se trata de José Ramón Alonso Lobo, Jesús Arellano, José María Sagardoy o Antonio Pujol. El magistrado, que les escuchará la semana que viene, advirtió en su auto de imputación que estos hechos podrían ser constitutivos de un delito de estafa a inversores o de falsedad contable. Se basó para ello en un informe interno elaborado por los vicesecretarios del Consejo en el que les implicaba en esta práctica "tan irregular como frecuente". Los documentos que ahora desvela el Santander demuestran cómo los altos cargos también participaron en la ampliación. Así, Sagardoy (Riesgos) puso 69.200 euros; Arellano (Auditoría Interna) 76.500 euros y Antonio Pujol (Banca Minorista) participó con 51.500 euros. En contra de lo ocurrido con los consejeros, en este caso algunos exdirectivos sí tenían préstamos suscritos con el banco.
Ampliación "sorpresa"
Con todo, el tema de la financiación a clientes también salió a relucir durante los interrogatorios a los imputados. Mientras Ángel Ron negó categóricamente que desde la cúpula se ordenase ir por esa vía, su sucesor desmintió esta versión. Saracho dijo incluso que encargó una investigación interna y que el resultado fue que se ocultó la financiación de tal forma que la auditoría no pudiera probarlo. También expuso ante el juez que el exnúmero dos de Ron, Francisco Gómez, ordenó que el banco financiara con 400 millones de euros la operativa. Lo manifestó al ser preguntado por el hecho relevante que emitió el 3 de abril de 2017 en el que comunicó la reexpresión de las cuentas.
Sobre este asunto el peritaje del Banco de España concluyó que, de la lectura de las actas del Consejo, se estima que la operación se diseñó por un grupo reducido de directivos en tiempo limitado y que causó "sorpresa" en el Consejo porque no tuvo tiempo suficiente para valorarla. Tanto Anticorrupción como el juez instructor han avanzado en esta vía advirtiendo que se acreditan indicios de que ocultaron el auténtico destino de la financiación para evitar tener que deducirla del capital regulatorio. Además atribuye a esta nueva tanda de exdirectivos imputados la creación de un plan en el que se vieron implicados directores territoriales y regionales. "En los registros contables se asentaban operaciones de activo con un código que no reflejaba el auténtico destino de la financiación, conducta que implica una grave alteración de la contabilidad del banco", mantiene el juez.
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