El calvario de Rato: pendiente del juicio de Bankia y de la inspección de su fortuna

Corren malos tiempos para el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato. A la condena en firme del Tribunal Supremo de cuatro años y medio de cárcel por el uso de las tarjetas ‘black’, hay que sumarle dos procedimientos judiciales más que le afectan de manera directa: la vista oral el próximo mes de noviembre del caso Bankia y la investigación que se sigue en los juzgados de Plaza Castilla por el origen de su patrimonio.

La decisión del alto tribunal de avalar la condena impuesta en febrero de 2017 por la Audiencia Nacional hace que dicha resolución adquiera firmeza y, por tanto, contra la misma solo cabría interponer un incidente de nulidad de actuaciones. De esta forma, el que fuera presidente de Bankia podría recurrir en amparo al Tribunal Constitucional en caso de considerar vulnerados sus derechos fundamentales y, de admitirse a trámite, se suspendería la ejecución de la pena hasta que se decida sobre el fondo del asunto.

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Se trata de una estrategia que ya siguió Iñaki Urdangarín tras su condena en Nóos y por la que podría optar Rato para retrasar lo máximo posible su ingreso en prisión, que estaría casi garantizado al tratarse de una condena superior a los dos años de cárcel. La última palabra sobre este asunto queda en manos del tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que fue el que juzgó a los 65 exdirectivos y altos cargos de Caja Madrid y Bankia por el uso personal que hicieron de unas tarjetas para gastos derivados de su labor en la caja extinta.

En cualquier caso, el calvario judicial del que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) no termina aquí ya que a partir del próximo 26 de noviembre volverá a sentarse en el banquillo de los acusados por presuntas irregularidades en la salida a Bolsa de Bankia en junio de 2011.

Precisamente, el caso de las tarjetas ‘black’ fue una pieza separada de la causa general sobre la quiebra de la entidad nacionalizada, de ahí que el tribunal que juzgue la pieza principal sea el mismo que el que le condenó por apropiación indebida por el uso para gastos personales de las visas de Caja Madrid. 

Con todo, existe un tercer procedimiento penal en el que Rodrigo Rato figura como principal investigado y es el que instruye el titular del juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, por el origen presuntamente ilícito de su patrimonio familiar.

Se trata de una causa que cuenta con más de una decena de piezas, en su mayoría secretas, en las que se busca esclarecer si el exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) defraudó a Hacienda cuotas entre los ejercicios 2004 y 2015 por importe cercano a los 7 millones de euros.

En una de ellas, la relativa al presunto cobro de unas mordidas de 835.000 euros derivadas de contratos de publicidad en Bankia, Anticorrupción pidió que se abriera juicio oral contra él y otras 14 personas más por presuntas irregularidades en los años en los que fue presidente de Bankia. El instructor denegó la petición respondiendo que, aunque la instrucción se dividió para facilitar las pesquisas, es más aconsejable que los hechos se juzguen de forma conjunta.