Calviño admite contactos "informales" con el BCE por el caso de Villarejo y BBVA

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha reconocido que el Banco Central Europeo (BCE) ha entablado contactos "informales" con el Ejecutivo por la cuestión del presunto espionaje masivo llevado a cabo por el excomisario José Manuel Villarejo por encargo de BBVA bajo la presidencia de Francisco González en 2004 y 2005.

Así lo ha indicado la titular de la cartera económica del Gobierno en la rueda de prensa posterior a la reunión de ministros de Finanzas de la Unión Europea (Ecofin), aunque ha negado que se hayan planteado conversaciones "formales".

Calviño también ha confirmado que, hasta ahora, el presidente de la autoridad monetaria europea, Mario Draghi, no se ha puesto en contacto con ella directamente.

Mira también

El Gobierno avisa de la crisis reputacional que golpea al BBVA por el 'caso Villarejo'

Hace poco menos de una semana, Calviño calificaba de "tema serio" el 'caso Villarejo', al ser una situación que puede dañar la "reputación financiera" del BBVA, si bien consideró que está "encauzado" desde el punto de vista penal y afirmó que no le constaban presiones del BCE para echar de la entidad a Francisco González.

La semana pasada, la ministra de Economía ya manifestó su preocupación. "Cualquier acto, cualquier situación que pueda dañar la reputación de una institución financiera es un tema serio", declaró durante el foro empresarial 'Spain Investors Day'.

El Congreso rechaza comparecencias

La Mesa del Congreso ha rechazado este martes la admisión a trámite de las peticiones de Unidos Podemos para llamar al Congreso tanto a la exvicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega como a los ex dirigentes del BBVA Francisco González y José Ignacio Goirigolzarri por el espionaje encargado al comisario José Manuel Villarejo.

La Mesa del Congreso, con el voto en contra de Unidos Podemos, ha rechazado tramitar esas peticiones de comparecencia aplicando la doctrina habitual de los servicios jurídicos de la Cámara.

Entiende que el control parlamentario se dirige al Gobierno en ejercicio y no a antiguos altos cargos como Fernández de la Vega, ni a responsables de entidades privadas que ni siquiera están obligados a comparecer (salvo que les llame una comisión de investigación).