El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital se mantiene a la espera de recibir el informe del Consejo de Estado para posteriormente dar la 'luz verde' definitiva al proyecto de ley por el que se creará la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, según fuentes ministeriales consultadas por 'Europa Press'. La Autoridad de Defensa del Cliente Financiero es una de las reformas prioritarias del departamento que dirige Nadia Calviño y supondrá la puesta en marcha de un mecanismo que unificará los servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP).
Así, la futura figura resolverá las reclamaciones de los clientes que no hayan quedado satisfechos con la respuesta que le hayan dado los servicios de atención al cliente de sus entidades financieras. Estará dotada de autonomía e independencia y sus resoluciones serán vinculantes para las entidades financieras cuando los importes reclamados sean inferiores a 20.000 euros. Este mecanismo, además, será gratuito para los clientes y se financiará con una tasa de 250 euros que las entidades tendrán que pagar por cada reclamación admitida.
El Consejo de Ministros aprobó en abril el anteproyecto de ley y, tras recibir más de 100 aportaciones durante el proceso de consulta pública, incorporó una serie de modificaciones que ampliaban el alcance y las competencias de la futura autoridad. El nuevo documento, con sus modificaciones, se envió entonces a los organismos de consulta para que hiciesen sus aportaciones. Esta semana emitió un informe favorable al anteproyecto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en el ejercicio de sus competencias consultivas y a solicitud de Economía.
Según fuentes de Economía consultadas por 'Europa Press', el departamento dirigido por Nadia Calviño está ya solo a la espera de recibir el dictamen del Consejo de Estado para poder someter el proyecto de ley al Consejo de Ministros en segunda vuelta. Así, es previsible que el proyecto de ley por el que se creará la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero sea aprobado en breve por el Consejo de Ministros, lo que le permitirá iniciar su tramitación parlamentaria.
La medida estrella de Calviño ha levantado ampollas entre las entidades bancarias, que no han dudado en buscar las grietas a través de las que colarse para enmendar esta nueva figura administrativa que, en su opinión, solapa a otras entidades con labores similares. Para la batalla, la patronal AEB se ha armado con dos despachos de reconocido prestigio, Cuatrecasas y Díez-Picazo, para argumentar su negativa a esta suerte de ombudsman financiero.
La sensación que existe en el seno de la patronal presidida por Alejandra Kindelán y las entidades financieras que representa es que esta nueva figura traerá inseguridad jurídica y no será racional ni tampoco eficaz y eficiente. Ante todo, consideran que el modelo que rige en España con el papel de supervisor de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) o el Banco de España es suficientemente competente. La labor de los dos bufetes ahonda en la implicación que puede tener esta nueva figura, la cual podría llegar a tener tintes de inconstitucionalidad, explican las fuentes consultadas por La Información.
Los dos bufetes elegidos por la AEB son habituales asesores de cabecera de las entidades financieras. Díez-Picazo, fundado por Luis Díez-Picazo, padre del expresidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, ya saltó a los focos en 2018 por su defensa junto a las entidades financieras ante el aluvión de litigios por las cláusulas suelo. Cuatrecasas, por su parte, ha trabajado junto a otros bufetes europeos para la Federación Bancaria Europea (EBF, por sus siglas en inglés) en el marco de la trasposición definitiva de las normas de Basilea, entre muchas otras labores.
Uno de los puntos que más fricciones genera es la calificación de tasa a los 250 euros que cada entidad financiera debe abonar por cada reclamación que presente un cliente. Tampoco gusta que los veredictos de la nueva autoridad tengan carácter vinculante siempre y cuando no superen los 20.000 euros. Este último extremo, explican las mismas voces, no solo agota la vía administrativa, sino que entra de lleno en competencias propias de la jurisdicción civil.
Para más inri, en el sector consideran que el cuerpo legislativo del defensor del cliente financiero también podría ser contrario a la normativa europea, concretamente a la Directiva 2013/11, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo. A ello añaden que la experiencia con la creación de un defensor del cliente financiero no ha sido siempre positiva. Y como ejemplo mencionan el caso de Reino Unido, donde lleva años funcionando el Financial Services and Pensions Ombudsman (FSPO).
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