La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha criticado este jueves en el Congreso que España se enfrenta al riesgo de "sanciones cuantiosas" por su retraso a la hora de trasponer directivas, algunas con hasta dos o tres años de retraso, y que en algunas de ellas el anterior Gobierno de Mariano Rajoy "no había dado prácticamente ningún paso".
Por ello, ha instado a los grupos a facilitar al Gobierno la rápida trasposición de estas directivas, tanto en la convalidación en la Cámara Baja de los decretos leyes con los que se plasmen estas normas europeas como en la tramitación acelerada de aquellos que se tramiten como proyecto de ley. En este sentido, ha mostrado su predisposición a negociar con la oposición la trasposición de varias directivas europeas, entre ellas la de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, que serán tramitadas como proyecto de ley para poder ser enmendadas por los grupos, pero a cambio ha reclamado que su aprobación definitiva esté lista antes de final de año.
Concretamente, se trata de las directivas dedicadas a la protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores en situaciones de movilidad, los requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y la ya citada de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, todas ellas plasmadas en un decreto ley aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 31 de agosto.
Calviño ha advertido de que la Comisión Europea ha endurecido el procedimiento para sancionar a países incumplidores, ya que el proceso no acabaría una vez culminada la trasposición, sino que el retraso acabaría sancionándose una vez interpuesta la demanda. "Con toda la seguridad nos va a imponer una multa en caso de llegar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea", ha explicado.
Respecto a la trasposición dedicada a la prevención del blanqueo de capitales, la ministra ha destacado que reduce el pago en efectivo a partir del cual el comerciante debe cumplir con sus obligaciones de información y establece diligencia reforzada a entidades financieras en sus relaciones con operadores en países incluidos en la lista negra de la Unión Europea, así como un procedimiento de denuncia anónima para amparar potenciales 'whistleblowers'.
Respecto a los derechos a los planes de pensiones privados en la movilidad de trabajadores, ha destacado que estos contarán con condiciones más favorables, al favorecer su consolidación en caso de cese de la relación laboral. Además, se regula la información a los trabajadores. Concretamente, se establece que la edad mínima que se exija para acceder a estos derechos no puede superar los 21 años y que el periodo de antigüedad mínimo para consolidar los derechos en la empresa no puede sobrepasar los tres años.
Más de una veintena de procedimientos abiertos
Los retrasos en las trasposiciones han protagonizado buena parte del debate parlamentario. La diputada del PSOE Esther Peña Camarero ha señalado que en el primer semestre del año España recibió 19 avisos y tres denuncias. Actualmente, de las 72 directivas pendientes por trasponer, 26 ya van fuera de plazo y todas ellas, menos tres tienen ya un procedimiento de infracción abierto, ha dicho.
Por su parte, el portavoz presupuestario de Ciudadanos, Vicente Ten Oliver, ha criticado que España tarde de media 12 meses más que el resto de países en trasladar las normas europeas al ordenamiento jurídico nacional y que el país concentre el 70% de las sanciones por estos retrasos.
Esto ha supuesto 54 millones y una amenaza más de 95 millones por el retraso en la regulación hipotecaria. "Quizás no les parezca importante, pero supone diez años de gastos de personal de sus señorías", ha ejemplificado. En todo caso, la formación naranja ha avanzado su apoyo a la convalidación del decreto ley, en una postura que también ha anticipado Unidos Podemos, PDeCAT, PNV y Foro Asturias, formaciones que han agradecido la voluntad del Ejecutivo de tramitar la iniciativa como proyecto de ley para así poder enmendarlo.
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