Calviño creó un centro antiescuchas con Robles después del espionaje a Sánchez

Principios de verano de 2021. El Gobierno español recibe luz verde para llevar a cabo su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Han sido días intensos en La Moncloa, pero también en el Ministerio de Economía, que ha conseguido el respaldo de Europa para afrontar con mayores garantías una crisis inédita en el país. Sin embargo, mientras se trabajaba y negociaba en este plan económico histórico para España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su ministra de Defensa, Margarita Robles, estaban siendo espiados a través de un programa israelí llamado Pegasus. Una información que fue revelada por el propio Ejecutivo al inicio de esta semana. 

A partir del auto del juez José Luis Calama -que ha sido el encargado por la Audiencia Nacional de investigar las escuchas ilegales- Sánchez fue espiado por Pegagus los días 19 y 31 de mayo de 2021. Dos fechas que fueron facilitadas por el Centro Criptológico Nacional. Justo dos meses después, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia (que depende del Ministerio de Economía) firmó un convenio por el que transfería 5,2 millones al Centro Criptológico Nacional (que está subordinado al Ministerio de Defensa) para la creación de un centro de operaciones de ciberseguridad. 

El acuerdo alacanzado entre estos dos ministerios era el siguiente: el CNI se comprometía a "desplegar su capacidad de operación de ciberseguridad, herramientas y soluciones cibernéticas, así como capacidades de investigación y respuesta experta ante incidentes de seguridad complejos" y el ministerio de Calviño, como contraprestación a los gastos que le podría suponer este encargo a la agencia adscrita al ministerio de Robles, aportaría una cuantía económica durante los próximos tres años (5,2 millones en 2021, 3,9 millones en 2022 y 3,9 millones en 2023).

Europa Press

Tras el mes de agosto -en concreto el 28 de septiembre- el Consejo de Ministros autorizó el convenio, que dio vía libre al desarrollo de este centro. Según se desprende de la nota de prensa de aquel día, el objetivo principal de este nuevo instrumento consistía en "aumentar la capacidad de vigilancia y detección de amenazas en la operación diaria de los sistemas de información y comunicaciones, así como de mejorar su capacidad de respuesta ante eventuales ataques a la Administración General del Estado".

Unos meses después -el 9 de febrero de 2022- Calviño adjudicó, por el procedimiento de urgencia y sin publidad, el centro de operaciones de ciberseguridad a Indra y Telefónica por un monto total de 38,3 millones de euros. La Unión Temporal de Empresas (UTE), que conformaban Telefónica Soluciones e Indra Soluciones Tecnologías de la Información, fue la única que presentó oferta a este proyecto, tal y como adelantó en su momento La Información. Por lo que en apenas ocho meses el Gobierno consiguió forjar una agencia con la que combatir las amenazas de aquellos agentes externos que desde hace varios meses ya habían perpetrado ataques a los móviles de algunos miembros del Ejecutivo.

Tras el anuncio que hizo el pasado lunes Félix Bolaños, se ha ido conociendo nueva información acerca de otros integrantes del Consejo de Ministros que también podrían haber sido atacados por Pegasus, como es el caso de la propia ministra Calviño y la ministra de Transición Ecológica Ribera. Una de las principales cuestiones sin resolver de esta crisis es cuándo tuvo conocimiento el Gobierno de que había sido espiado. Aunque desde el Gobierno se defiende la idea de que fue hace escasos días, The Washington Post -junto con otros medios- ya adelantó el pasado verano que más de 50.000 números de teléfono de políticos, activistas y periodistas fueron hackeados por el programa israelí. Entre las víctimas se encontrarían otros líderes políticos como Boris Johnson, Emmanuel Macron o Mohammed VI.

Pegasus sacude la legislatura

Ayer se vivió un nuevo terremoto en la política española. La directora del CNI apareció en el Congreso de los Diputados para informar -en la Comisión de Secretos Oficiales- sobre la información publicada por el periódico norteamericano The New Yorker, que acusó a España de haber espiado-durante 2017 y 2020- a más de 60 líderes independentistas. Allí, la jefa de los servicios de Inteligencia, Paz Esteban, relató que habían sido 18 los espiados y con previa autorización judicial. 

Por otro lado, apuntó a un país extranjero u otro organismo estatal como los causantes del resto de espionajes denunciados. Una información que fue revelada por algunos de los diputados presentes, que, incumpliendo con su obligación, desvelaron lo que presuntamente dijo Esteban. Un escenario que ha generado irritación dentro de las filas socialistas, pero también indignación entre sus socios, que han constatado de primera mano que su actual president, Pere Aragonés, y otros líderes políticos han sido espiados por el Estado; y sin ellos conocerlo.