La CAM asumió pérdidas de más de 1.000 millones por las inversiones de su ladrillo

  • El Fondo de Garantías se apoya en el supervisor para reclamar 28 millones de euros por el 'roto' que dejó a la caja los negocios de Valfensal.
Sede CAM
Sede CAM
EFE

El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) reclama a los acusados en la pieza de la CAM relativa a los negocios de Valfensal en el Caribe el 'roto' de 28 millones de euros que habría provocado en la caja las actividades "irregulares" que juzgará la Audiencia Nacional a partir del mes de julio. Este importe, calculado por el supervisor, formaría parte del total de 1.011 millones de euros de pérdidas que tuvo que asumir la caja alicantina por las financiaciones en los proyectos de inversión inmobiliarios de 65 sociedades.

La magistrada Carmen Lamela abrió juicio oral hace ahora un año contra un total de once personas -entre ellos el que fuera director de la caja Roberto Abad y el también exdirectivo Daniel Gil- en esta pieza separada por irregularidades en la adquisición de diversos hoteles en México y de una parcela en República Dominicana. Igualmente concluyó que debían sentarse en el banquillo de los acusados los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó en calidad de gestores de Valfensal y les impuso a todos ellos una fianza de 37 millones de euros. 

En el juicio, señalado por la Sección Tercera en un primer momento para el mes de junio si bien finalmente arrancará a primeros del siguiente mes, se dirimirá si los acusados cometieron delito de administración desleal y contra la hacienda pública por las inversiones de la caja entre los años 2004 y 2006. Estos hechos llevaron al Fondo de Garantías de Depósitos (FGD) a personarse como acusación en el procedimiento al considerar que son los principales perjudicados del presunto desvío de fondos los cuáles no se sabe dónde fueron a parar puesto que se desconocía "el destino real de la financiación", según figura en su escrito de acusación recogido por La Información. 

El Fondo denuncia en este documento que la CAM, que compró el Sabadell por el simbólico precio de un euro, creó en el año 2001 la Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP) para gestionar los proyectos de inversión de la caja. Sin embargo, lejos de asumir los mecanismos de control necesarios, el FGD considera que existía una "sumisión puramente formal" ante dichos mecanismos poniendo el acento en que los miembros de la Comisión de Control de TIP eran los mismos que los de la caja y, por añadidura, de los miembros de auditoría interna. 

En lo que respecta a Valfensal, el Fondo razona que tanto Ferri como Baldó ostentaban un poder "casi total" en la gestión de la mercantil junto con el 'ladrillo' de la caja extinta. Si bien los informes de auditoría aportados a la causa determinaron que este último dio luz verde a los proyectos de inversión sin tener en realidad información previa de los mismos y sin que las propuestas de inversión que se realizaban cuadraran finalmente con las cifras definitivas. Tampoco se habían realizado estudios específicos de mercado en México ni en Punta Cana, de acuerdo con las conclusiones alcanzadas por la UCO y que fueron aportadas a la causa. 

"Cuadra echando imaginación"

De hecho, el FGD se hace eco de la investigación efectuada por el Instituto Armado que incluyó declaraciones de exdirectivos de la caja que reconocieron abiertamente que no disponían de la "información contable suficiente" de Valfensal para hacer dicha inversión. Igualmente recoge las instrucciones que plasmó por escrito el exdirectivo de la CAM Daniel Gil al que fuera responsable del Departamento de Riesgo, Eleuterio Jover, a quien le dijo: "Eleuterio, por favor, échale imaginación para que cada operación quede 'cuadrada' con el importe de principal de necesario. El BE ha pedido este expediente y tenemos que conseguir que no nos lo califique", rezan los escritos. 

Por todo ello el FGD pide que se le imponga un total de cuatro años de prisión a todos los acusados y además que respondan con una fianza de 92 millones de euros (28 millones de responsabilidad civil más64 millones de pena de multa). Con todo, no es la única pieza pendiente de enjuiciar la Audiencia Nacional puesto que el pasado mes de marzo, la magistrada María Tardón, que sustituye a Carmen Lamela al frente del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, abrió juicio oral contra varios exaltos cargos de la caja -entre ellos la exdirectora Dolores Amorós- por operaciones inmobiliarias con la promotora Hansa.

Por su parte, los empresarios acusados en el procedimiento solicitaron al tribunal el archivo de su causa rechazando haber cometido infracción penal por estos hechos. En concreto, explicaron en un escrito remitido la juzgado que todas y cada una de las operaciones inmobiliarias investigadas fueron aprobadas por órganos internos de la entidad bancaria y se concedieron a sociedades "completamente solventes". Respecto al informe del Banco de España, la defensa de los acusados expone que "son innumerables las ocasiones" en las que el inspector perito puso de manifiesto en la diligencia de ratificación de su informe, que éste se había elaborado en base a información parcial o sesgada.

Mostrar comentarios