El Gobierno evita entrar en guerra con los grandes 'súper' por la crisis del campo

Sin pisar callos y pasando de puntillas sobre los intereses de los grandes distribuidores y de los exportadores. Así intenta solucionar el Gobierno la crisis del campo. El decreto de medidas urgentes aprobado ayer en consejo de ministros contempla una serie de soluciones que intentan, principalmente, elevar los precios que cobran los agricultores y ganaderos en origen por sus productos. Sin embargo, la nueva legislación no establece ninguna solución en caso de que quienes acaben finalmente pagando ese incremento de los precios sean los consumidores finales. En Agricultura creen que el propio mercado tenderá a la autorregulación.

De la batería de medidas dadas a conocer ayer martes por el ministro Luis Planas, Agricultura destaca una por encima de todas: poner un suelo a los precios. De esta forma, en los contratos que firme la industria con agricultores y ganaderos a partir de ahora se deberá especificar un precio mínimo. Ello evitará, en primer lugar, la venta a pérdidas, salvo en una excepción: los productos perecederos, que podrán ser puestos a la venta por debajo de ese precio para evitar el despilfarro alimentario.

Esta medida supone, en la práctica, una especie de fijación de los precios (que es algo que solicitaba Unidas Podemos), pero deja a disposición del distribuidor o del exportador el establecimiento del precio final del producto. De esta forma solo la ley de la oferta y la demanda podrá evitar que un cliente pague más o menos. En el Gobierno, de hecho, confían en que al tratarse de un sector tan competitivo en cuanto a precios serán los propios consumidores los que obligarán a las grandes superficies a no disparar los mismos. 

El propio sector agroalimentario ha reconocido que los problemas que más les afectan no están tanto en lo que los hipermercados hacen con su negocio, como en la elevación de costes que se ha producido en su propia actividad en los últimos años. Así, por ejemplo, Asaja y el resto de las organizaciones profesionales agrarias (UPA, COAG y la Asociación de Cooperativas) han denunciado en reiteradas ocasiones el elevado coste de los fertilizantes o los pesticidas que están sufriendo en los últimos años, sobre todo desde que la presión medioambiental prohibió la quema controlada de rastrojos en el cereal de secano, que es la principal producción agrícola española. A todo ello se añade la necesidad de invertir en maquinaria para poder trabajar con esas nuevas normas y la obligación legal de realizar (y pagar) cursos de formación para poder manipular ese tipo de productos.

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A esa situación ya de por sí apretada y que afecta sobre todo a las pequeñas y medianas explotaciones, se la he unido la elevación del nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que obliga a tener unos sueldos mínimos de 950 euros (pago en especie aparte) en las contrataciones que se realizan en las temporadas de más trabajo, algo que en muchos círculos del sector primario ha sido la gota que ha colmado el vaso y ha provocado las movilizaciones generalizadas. "Lo de lo supermercados es solo ruido, los verdaderos problemas del campo son otros y vienen de una especie de tormenta perfecta que se ha generado sobre nuestros costes que ya no se puede aguantar con los mismos precios mayoristas de hace más de diez años", aseguran desde Asaja.

La polémica sobre los precios de los alimentos en origen y la venta al público en los lineales de los supermercados ha perseguido siempre al sector primario y al Ministerio de Agricultura. De hecho, hace cerca de dos décadas desde que se formó el observatorio de los precios de los alimentos, para analizar la evolución de toda la cadena y atacar aquellos pasos en los que los márgenes puedan dispararse. Otro objetivo era controlar situaciones de cuasi monopolio en ciertos productos de los mercados mayoristas, que permitían a los grandes productores adaptar su oferta a la demanda y controlar el nivel de precios, algo que entonces se producía sobre todo en lonjas y grandes mataderos, de productos de consumo muy intensivo, como el pollo o los plátanos.

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Las grandes superficies y los supermercados fueron los primeros en tomar medidas sobre las compras masivas que hacían de algunos productos, para evitar situaciones de abuso en los agricultores y ganaderos, así como distorsiones en la transformación, limpieza, envasado, transporte, etc… Tanto es así, que en la actualidad, algunas de las grandes superficies que más operan en nuestro país, como Mercadona o Carrefour, comprar la mayor parte de sus productos en la tierra o en el árbol, de forma que son ellas mismas quienes se encargan de ponerlo en el punto de venta al precio más ajustado posible. Esta acción les permitía, sobre todo, quedar fuera de las comparativas entre el precio en origen y destino, y marcar con más transparencia la trazabilidad de cada grupo de productos.

Desde el negocio minorista se defiende siempre que el margen medio con el que trabajan está en el entorno del 2%, de forma que su beneficio está más en el volumen de ventas que en la aplicación de grandes diferencias de precios. Evidentemente, la formación de precios de las llamadas marcas blancas o marcas propias de cada cadena está más ajustada que la de las otras grandes marcas que se venden y que dependan más de las grandes empresas transformadoras especializadas. La mayor parte de esta industria se engloba en la Federación de Industria de alimentación y Bebidas (FIAB), perteneciente a la CEOE, a cuyos socios les afecta de forma directa la Ley de la Cadena Alimetaria y los cambios que el Gobierno acaba de poner en marcha.