El acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial es prácticamente una realidad para el ministro de Justicia. Juan Carlos Campo sigue insistiendo en que "no hay ni un solo elemento de diferencia" en lo que a las negociaciones se refiere, aunque el Partido Popular siga mostrándose reticente a sellar un pacto que llega cerca de dos años tarde. Así, mientras el principal partido de la oposición insiste en guardar distancias y no lanzar las campanas al vuelo todavía, desde el Gobierno aseguran que "es poco" lo que les separa.
Durante su intervención en un desayuno informativo de Europa Press, el ministro ha dicho que "solo falta hacerlo público" aunque luego ha suavizado el mensaje matizando que no está cerrado el pacto en tanto todavía no se ha exteriorizado. Entre las condiciones que ha puesto sobre la mesa la formación que lidera Pablo Casado se encuentra la de que Podemos no integre el reparto de los vocales que sustituirán al CGPJ de Carlos Lesmes. Al respecto el ministro ha negado dar detalles sobre este asunto pero ha sido claro: "Aquí no hay nadie que tenga el carnet de autenticidad. Creo que Izquierda Unida, PNV, CiU... han estado prácticamente en todos los Consejo. No es legítimo vetar a nadie", ha dicho.
Ahora bien, de no materializarse el pacto que estuvo a punto de sellarse en verano, el Gobierno seguirá adelante con su proyecto de reforma del Poder Judicial. Campo ha hecho alusión a la proposición de ley que registraron en el Congreso en octubre Unidas Podemos y el propio PSOE para reducir la mayoría actual. "Hay veces que engancharnos a clavos ardiendo no tiene sentido. Ellos saben perfectamente que el presidente del Gobierno ha dicho que está paralizada. ¿Y si el PP nunca quiere? Los relojes de la democracia tienen que seguir funcionando", ha respondido el ministro dejando claro que la iniciativa parlamentaria que tanto rechazo suscitó en la carrera judicial está congelada pero no descartada por completo.
Sobre el contenido de las negociaciones así como las quinielas a sustituto de Carlos Lesmes no ha querido pronunciarse. De hecho, ha asegurado que serán los nuevos vocales los que elijan a su presidente si bien suena con fuerza el nombre de Pilar Teso. Fuentes de las negociaciones consultadas por este diario explican que la propuesta del PSOE de que la actual magistrada de la Sala de lo Contencioso sea la primera mujer presidenta del Supremo cuenta con el beneplácito del Partido Popular. Con todo, Campo recuerda que no solo está en juego la reforma del CGPJ sino también de otros órganos como el Tribunal Constitucional.
De la investigación que sigue la Fiscalía del Tribunal Supremo sobre las cuentas del Rey Emérito, Campo ha preferido ser cauto haciendo hincapié en que si se le tuviera que llamar a declarar, "no tardaría un minuto en venir". Al respecto ha recordado que lo que hay hasta la fecha son tres vías de investigación no judicializadas por lo que es un ciudadano "absolutamente libre" y puede viajar donde quiera. El órgano que dirige Dolores Delgado abrió una tercera investigación hace apenas unas semanas, tras recibir un nuevo informe del Sepblac en el que se hacía alusión a una cuenta oculta en la isla de Jersey a nombre de Juan Carlos I.
La desobediencia al TC
Otro de los asuntos que más interés ha despertado en el encuentro es el relativo a la reforma del Código Penal. Campo ha justificado la modificación del delito de sedición asegurando que se hace mirando a Europa y considerando la realidad social actual puesto que se trata de figuras penales del siglo XIX. Sobre la posibilidad de reforzar el delito de desobediencia al Tribunal Constitucional ha dicho que está en la propuesta del PSOE y que es, sin duda, una de las "carencias" más claras. Al hilo se ha pronunciado sobre la petición de indulto de los condenados del 'procés' y ha dicho que, sin entrar en detalles de cómo transcurra, se estudiarán los casos uno a uno.
"Se tendrá que ver si son acreedores del derecho de gracia. El ministro de Justicia es el último que debe hacer valoraciones sobre procedimientos judiciales y yo no lo voy a hacer. El Tribunal Supremo dirá lo que tenga que decir, se analizará uno por uno y el Ministerio de Justicia elevará al Consejo de Ministros unos posibles acuerdos que serán denegatorios o de estimación total o parcial", ha dicho, sin dar más detalles acerca de cuál será el dictamen del Gobierno. El departamento que dirige Campo comenzó a tramitar los indultos el pasado mes de septiembre, coincidiendo con las negociaciones en el arco parlamentario de los PGE, incluidos los independentistas. Sin embargo, el equipo de Pedro Sánchez niega que el arranque de esta tramitación, que se puede demorar hasta seis meses, tenga que ver con ninguna concesión al independentismo en Cataluña.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios