El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, afronta su primera prueba de fuego en el Congreso de los Diputados. La cámara baja vota este miércoles la aprobación del Real Decreto de medidas urgentes para paliar los efectos de la crisis en la Administración de Justicia. El Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende sacar adelante la medida con los votos favorables de Ciudadanos y de ERC. Se trata de dos apoyos clave de los que depende para lograr el respaldo de una norma con la que busca evitar a toda costa el colapso en la Administración de Justicia ante la previsible oleada de recursos y escritos consecuencia en su mayoría de actuaciones del Gobierno contra la pandemia.
El Ejecutivo necesita los votos favorables de la formación que preside Inés Arrimadas y del partido independentista, con los que ha negociado 'in extremis' el apoyo favorable. Fuentes de ERC consultadas por este diario no daban por cerrado el 'sí' al Gobierno, al igual que ocurre con la formación naranja, desde donde apuntaban a última hora de este martes que no había nada decidido. No obstante, en este último caso puede inclinar la balanza el acercamiento entre el partido naranja y el Gobierno que preside Pedro Sánchez después de su respaldo a la cuarta prórroga del estado de alarma. Un acercamiento de posturas que puede que se prolongue en las sucesivas votaciones en la cámara baja.
El sucesor de Dolores Delgado al frente de la cartera de Justicia busca de esta forma garantizar la convalidación de una medida que ya cuenta con el aval del PNV y de sus socios de Gobierno y que cuenta tanto con defensores como con detractores dentro de la Administración de Justicia. En el lado contrario se encuentran el Partido Popular, Vox y Junts per Catalunya (JxCat). El diputado de la formación y portavoz del Grupo Parlamentario Plural en la Comisión de Justicia, Jaume Alonso-Cuevillas, apuntaba en su cuenta de Twitter que votarán en contra de este Real Decreto porque "es un brindis al sol" y ha conseguido la oposición "casi unánime" de todos los operadores jurídicos.
Acabo de parlar amb el Ministre i li he avançat que @JuntsXCat votarà en contra del RDL de justícia
— Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol (JACS) (@JACS_JaumeACS) May 12, 2020
Perquè es un brindis al sol sense cap eficàcia pràctica
Perquè ha aconseguit l’oposició quasi unànime de tots els operadors jurídics
I perquè recollim el clam de l’Advocacia
Los puntos calientes del decreto
Se refiere el también abogado de Carles Puigdemont a la polémica que ha suscitado la propuesta de declarar hábiles los días comprendidos entre el 11 y el 31 de agosto. La decisión, que se incluye en el Real Decreto, provocó un cisma en la carrera judicial y frente a las voces que respaldaron esta medida sin procedentes, hubo protestas férreas principalmente procedentes del sector de la Abogacía y la Procura. De hecho, muchos abogados han planteado la posibilidad de emprender acciones tales como manifestaciones contra esta medida de Justicia, desde donde insisten en que se trata de una acción excepcional que solo tendrá cabida este año con el fin de no atascar todavía más los juzgados del país.
Una de las claves en la votación reside en la naturaleza del Real Decreto. Algunas formaciones así como sindicatos y operadores jurídicos, niegan el apoyo a la norma de Justicia porque no se va a convalidar como un real decreto ley. De votarse como tal, los grupos parlamentarios podrían presentar enmiendas al texto que cuenta con 28 artículos destinados a evitar un 'tapón' en todos los órdenes jurisdiccionales con tanta entrada de asunto tras reactivarse la actividad judicial. Este mismo martes la carrera judicial entraba en su propia fase uno de 'desescalada' con la reincorporación de entre el 30 y 40% de funcionarios en cada órgano judicial.
Agosto, en el aire
Aunque fuentes de Justicia afirman que la norma que dio luz verde el Consejo de Ministros ha estado consensuada con los consejeros de Justicia de todas las comunidades (incluido el popular Enrique López) muchos actores han mostrado su disconformidad con este plan que prevé prolongarse todo lo que dure el estado de alarma y otros tres meses más. Tal es así que asociaciones de jueces y fiscales y otros entes como los sindicatos de secretarios judiciales han mostrado sus dudas de que este proyecto llegue a buen término principalmente por la falta de medios y de personal que existe en la actualidad en la Administración.
Esta misma semana el CGPJ calmaba las aguas recomendando en sus criterios para la reanudación de la actividad, que se concentraran las vacaciones en el mes de agosto y se señalara el menor número posible de vistas orales esas semanas pese al Real Decreto de Justicia. Campo, que compareció en la cámara baja el pasado 4 de mayo, defendió la necesidad de aplicar todas las medidas incluidas en su plan y dijo que no tenía "la más mínima mácula de inconstitucionalidad". Igualmente, y en lo que respecta a la propuesta más polémica, apuntó que había recibido unas críticas "injustificadas" y que el Gobierno hubiera sido irresponsable si no hubiera declarado hábil parte de agosto para que cada juzgado actúe en función de su criterio.
Más allá de estos aspectos, el Real Decreto que será convalidado en el Pleno de este miércoles también incluía muchas medidas de respaldo sobre todo en el orden social y contencioso. Así, acuerda el impulso de medios telemáticos para agilizar las causas pendientes, prevé turnos voluntarios de tarde entre los funcionarios y prioriza todos los trámites relacionados con ERE, ERTE, despidos y otras causas que devengan de las medidas del Ejecutivo en su lucha contra el coronavirus. Además, opta por poner el marcador a cero en lo que respecta a los plazos procesales y propone crear juzgados especializados en coronavirus en aquellos que estén pendientes de entrar en funcionamiento.
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