El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha solicitado el respaldo de las formaciones políticas para impulsar las reformas pendientes en la Administración de Justicia y lo ha hecho apelando a los acuerdos que ayer alcanzó el Gobierno con las formaciones de Ciudadanos y Bildu para sacar adelante la prórroga del estado de alarma. El ministro ha aprovechado su comparecencia en el Senado para apuntar que la ciudadanía está reclamando de los líderes políticos "capacidad de entendimiento" y por eso ha pedido hasta en 17 ocasiones "consenso" para impulsar las reformas pendientes en la Administración.
"Hoy se nos reclama, más que nunca, capacidad de entendimiento y de alcanzar acuerdos desde posiciones distantes. Ayer, de hecho, vimos un ejemplo de ello en el Congreso con la aprobación de la prórroga del estado de alarma. Esa capacidad de pactar con unos y con otros, de forjar acuerdos que resuelvan problemas, es en mi opinión la principal exigencia política", ha dicho Campo restando de este modo importancia a la polémica surgida por el acercamiento del Ejecutivo a la formación indepentista. El ministro comparece en el Senado para explicar los planes en la Administración de Justicia en materia de reanudación de la actividad tras el parón acordado por la crisis sanitaria.
De este modo, ha pedido "lealtad" no solo para impulsar las medidas que eviten el colapso de los juzgados sino también para el bautizado Plan Justicia 2030 con el que pretende reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal o del Registro Civil. En lo que respecta a la LECrim, Campo ha asegurado que se trata de uno de los proyectos más importantes en los que trabaja el Ministerio y con el que pretende "superar una legislación decimonónica". El objetivo es lograr una norma más "moderna y justa" que atribuya la investigación de las causas al Ministerio Fiscal. Para ello se ha constituido la Comisión de expertos que van a asesorar al ministerio en esta materia y que está liderada por el magistrado Juan José López Ortega. Según ha adelantado, esperan presentar Anteproyecto de Ley antes de que termine 2020.
Respalda una iniciativa del PP
El ministro también se ha referido a una reforma de la Ley del Registro Civil ante la imposibilidad de poner en marcha la norma aprobada en el año 2011. Así, ha trasladado a los senadores que el decreto ley surge ante la imposibilidad de poner en marcha las estructuras que demandaba la Ley de 2011 y también para evitar la desaparición "abrupta" de más de 8.000 oficinas de registro civil. Esta reforma parcial de la Ley de 2011 la basarán, según ha anunciado, en una iniciativa que ha registrado el PP en el Congreso de los Diputados.
Según ha explicado, se trata de medidas ambiciosas cuyos frutos se verán a largo plazo aunque son igual de necesarias que las recogidas en el Real Decreto aprobado la semana pasada en el Congreso de los Diputados para evitar el colapso en la Administración. Al respecto, ha dicho que en esta particular fase de desescalada de la Justicia se han creado 117 salas de videoconferencia para facilitar la celebración de reuniones entre juzgados de guarida y comisarías de policía. En esta línea, ha aplaudido las medidas tomadas para impulsar el teletrabajo y evitar así la presencia de funcionarios en la fase de crecimiento de la pandemia. Según ha explicado, la actividad presencial se redujo hasta un 95% en los meses más duros de la crisis.
De cara a la reanudación de la actividad, Campo, que ha recordado que trabaja de manera conjunta con el CGPJ y la Fiscalía General del Estado, ha anunciado la necesidad de impulsar juzgados especializados en la Covid-19. Pese a que algunos senadores han calificado esta medida de innecesaria, el ministro ha tirado de previsiones para avanzar lo que puede suponer todo un colapso en la Administración. En la jurisdicción de lo Social esperan que el crecimiento de asuntos aumente este año hasta un 31%, llegando al 140% en 2021. Se trata, según ha dicho, de más un millón de nuevos asuntos que se tramitarán como consecuencia de todas las demandas consecuencia en su mayoría de las medidas económicas adoptadas por el Ejecutivo para frenar la pandemia.
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