El Gobierno ha conseguido el respaldo del Congreso para sacar adelante su plan de reactivación de la Justicia y evitar así lo que el ministro Juan Carlos Campo ha calificado de "cuello de botella" en juzgados y tribunales de todo el país. El apoyo de ERC, conseguido casi 'in extremis', ha permitido al responsable del departamento pasar su primera prueba de fuego en la cámara baja pese a las duras críticas de los grupos de PP, Vox y Ciudadanos. De este modo ha convalidado el Real Decreto con 178 votos a favor y 161 en contra y se ha comprometido a perjudicar lo mínimo posible a abogados y procuradores tras insistir en la necesidad de que se debe trabajar en agosto.
Campo ha centrado su intervención en dos aspectos concretos: de un lado, en reclamar el apoyo de los partidos, a los que ha pedido "altura de miras" y, de otro, en destacar la "extraordinaria necesidad" de que vean la luz las medidas urgentes que incluye la norma. "Si tienen que disentir, háganlo, pero no porque el Real Decreto lleva el nombre de un presidente del Gobierno que no les gusta", ha dicho Campo nada más subir a la tribuna. El ministro ha tirado de cifras para apuntar que se espera que al ya alto volumen de litigios se sume un 80% del trabajo congelado más los asuntos que ingresen consecuencia de la crisis y ha puesto el foco en el orden social, donde vaticinan un volumen de concursos de acreedores de 50.000 frente a los 7.000 alcanzados el pasado año.
Campo ha hecho alusión en varias ocasiones a la "cogobernanza" que considera necesaria en tiempos de crisis y ha calificado de "inaceptable" que se instrumentalice a la Abogacía o la Procura para criticar el Real Decreto. El otrora portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia no ha eludido el fuego que ha desatado en la Administración el precepto más polémico del Real Decreto, relativo a la habilitación del mes de agosto. Así, ha razonado que hubiera sido un ejercicio de irresponsabilidad no actuar en este sentido y ello pese a que desde la oposición le han advertido de que no es la medida para solucionar una Justicia que arrastra atascos desde años porque, además, perjudica a los pequeños despachos.
"Ha enfadado a todo el mundo"
Una de las críticas más feroces que ha recibido el ministro ha sido la pronunciada por el diputado de Ciudadanos Edmundo Bal. El abogado del Estado le ha reprochado en una dura comparecencia que haya enfadado a todo el sector jurídico con este paquete de medidas que permanecerá vigente hasta tres meses después de que se levante el estado de alarma. "Diga que estamos en una situación de colapso agravado", le ha espetado Bal a la par que ha apuntado que ha "incendiado el campo de la Justicia y ha llamado al CGPJ para que apague el fuego". Se refería Bal al pronunciamiento esta misma semana del órgano de gobierno de jueces en el que recomienda a los magistrados agrupar sus vacaciones en agosto y no fijar juicios en esta fecha.
En sintonía con el portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Justicia se ha pronunciado Jaume Alonso Cuevillas (JxCat) el cual ha dicho que lo que de verdad hace falta en la Administración de Justicia es inversión. "Vamos a votar en contra porque creemos que la medidas son un puro marketing político", ha apostillado el también abogado de Carles Puigdemont. Para Joan Baldoví (Compromís) o Mikel Legarda (PNV) el Real Decreto puede entenderse como un "brindis al sol" aunque los nacionalistas vascos sí han respaldado la propuesta de Justicia. Al grupo de votos en contra se han sumado los grupos parlamentarios del PP y Vox mientras que EH Bildu y el Bloque Nacionalista Galego han optado por la abstención.
Pese a la insistencia de Campo de que el Real Decreto es fruto del consenso entre todas las comunidades autónomas, algunos portavoces le han afeado que no lo ha debatido lo suficiente con los grupos parlamentarios y que tiene carencias importantes en lo que al impulso tecnológico respecta, tal y como ha expuesto Oskar Matute (EH Bildu). Por contra, sí han mostrado su adhesión al proyecto que acaba de convalidarse el Partido Regionalista de Cantabria (PCR), ERC, el PSOE y su socio de Gobierno, Unidas Podemos. El abogado Enrique de Santiago ha asegurado en nombre de la formación morada que se trata de un decreto "imprescindible" para salvaguardar la integridad de los funcionarios en los juzgados a tenor de la amenaza que supone el contagio del coronavirus a la par que ha confiado en que Justicia siga trabajado en las medidas necesarias para mejorar la situación actual, sobre todo en lo relativo a contrataciones de personal interino y sustituciones voluntarias de funcionarios.
El ministro ha defendido algunas de las medidas estrella que contienen este Real Decreto tales como la creación de juzgados especializados en Covid-19, los turnos de mañana y tarde para los funcionarios de la Administración de Justicia o la apuesta por la vía telemática para evitar el atasco en todos los órdenes jurisdiccionales. "No perdamos el foco, que tiene que estar en la ciudadanía. El colapso puede venir una vez alzado el estado de alarma y al igual que ha hecho el sistema sanitario, nosotros haremos un esfuerzo excepcional en un momento excepcional. La sociedad no solo lo entiende sino que lo exige", ha apostillado el ministro de Justicia.
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