El nuevo ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha dado un paso al frente y ha anunciado que este nuevo Gobierno no solo promoverá la tan ansiada reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) sino que se ha comprometido a presentar un anteproyecto de Ley al Consejo de Ministros antes de que termine el año. Se trata de una modificación con la que pretende atribuir la dirección de la investigación de las causas a los fiscales, tal y como ha anunciado en su comparecencia en el Congreso, lo que ha provocado la reacción negativa de los portavoces parlamentarios de la Comisión de Justicia por considerar que otorgará más poder a la Fiscalía que va a dirigir Dolores Delgado.
En su primera intervención en la cámara baja para presentar su proyecto de reforma de la Justicia (que ha bautizado como 'Plan de Justicia 2030'), Campo ha reconocido que se hace necesario modificar la normativa para adaptarla al momento actual. "No podemos decir que tenemos una LECrim de 1882 y quedarnos tan anchos. Tenemos que acabar con los desfases e incoherencias acumuladas a lo largo del tiempo", ha dicho el ministro en su turno de palabra pese a las críticas de los grupos parlamentarios que han calificado la elección de la futura fiscal general del Estado como un "atentado a la independencia" del Ministerio Público.
"Es bueno que la propuesta al Rey venga del Gobierno porque es el que tiene la encomienda de dirigir la política", ha asegurado el sustituto de Delgado en el Ministerio de Justicia, el cual se ha comprometido a dar la cara en la cámara baja por la gestión Delgado. "Tiempo van a tener y oportunidad de criticar a quien quiera pero dejemos que actúe. No nos adelantemos a la condena porque el Gobierno ha ejercido una competencia constitucional", ha sentenciado Campo tras la intervención del portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Justicia, Edmundo Bal, y del portavoz popular, o Luis Santamaría.
Iglesias, Garzón y los "malentendidos"
La reforma de la LECrim en aras a conseguir una regulación más moderna se ha convertido en uno de los asuntos troncales de su intervención teniendo en cuenta que es una reivindicación continua en el mundo de la Judicatura. Tanto es así que el actual presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ llegó a decir que esta ley está pensada "para el robagallinas y no para el gran defraudador", tal y como ha recordado hoy el actual portavoz del PSOE en esta comisión, Pablo Arangüena. Con todo, Campo se ha comprometido además a buscar el consenso entre los grupos parlamentarios para adelantar principalmente en la negociación de tres aspectos clave: acceso a la Justicia, promover la eficiencia del servicio público de la Justicia y fomentar la transformación digital.
El responsable del departamento de Justicia también se ha referido a las polémicas declaraciones del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, en las que ponían en solfa la independencia del Poder Judicial y al respecto ha declinado que comparezcan en la cámara baja por este asunto. "Somos un Gobierno de coalición, el primero en nuestra historia democrática. Es todo un logro y un reto, pero como es normal hay y habrá discrepancias, dificultades, malos entendidos y equivocaciones. Es parte del juego democrático", ha respondido aludiendo a que este tipo de peticiones hace perder "mucho tiempo y mucho dinero".
"En la España que defiendo cabemos todos"
En lo relativo a la deriva catalana y la postura del Gobierno sobre un posible indulto de los líderes independentistas condenados en el procés, el nuevo ministro de Justicia le ha reprochado al portavoz de Vox en esta comisión, Javier Ortega Smith, falta de consenso en este asunto. "Usted invoca muchas veces la Constitución. Todos la invocamos pero en la España que yo defiendo cabemos todos. No estoy tan seguro de que en la suya quepa yo", ha apostillado a la par que ha insistido en apelar a la negociación para sacar adelante una reforma del sistema judicial. "Quiero brazos tendidos porque es más lo que nos une que lo que nos separa", ha apostillado en repetidas ocasiones en sus más de cuatro horas de intervención.
Campo tampoco ha eludido pronunciarse sobre el principal reclamo de las asociaciones de magistrados: la reforma de elección de vocales del CGPJ. Al respecto ha dicho que, aunque hay que acatar la Constitución, el derecho "no es algo petrificado" y puede cambiar, dejando de este modo la puerta abierta a que sean los jueces los que elijan a sus representantes en su órgano de gobierno de jueces. Igualmente se ha comprometido a lanzar la mayor oferta pública de empleo de jueces y fiscales en los últimos siete años pero ha recordado en más de una ocasión que el verdadero problema de la Justicia no se resolverá con más medios sino con un nuevo modelo de organización.
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