Las confesiones de Ricardo Costa y los principales acusados en el juicio a la rama valenciana de la trama Gürtel provocaron la reapertura de la pieza número 5 de esta macrocausa de corrupción y la consiguiente citación como investigado del expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps. El juez, que atendió a este reclamo de Anticorrupción por los presuntos contratos que su gabinete firmó con las empresas de Francisco Correa, ya ha puesto fecha para interrogarle en sede judicial: el 3o de enero.
El titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional tomará declaración a un total de 13 personas como testigos e imputados, entre los días 28, 29 y 30 de enero. Camps será interrogado la última de estas tres sesiones junto con los también investigados Pablo Crespo, exsecretario de organización del PP gallego, y Cándido Herrero, exgerente de Orange Market, de acuerdo con una diligencia del juzgado en la que se le comunica al expresidente valenciano su personación en esta pieza. En concreto, lo que intenta esclarecer el instructor es quien está detrás de la adjudicación presuntamente irregular a la empresa Orange Market del montaje de Fitur 2009 en la Comunidad Valenciana.
En el primero de los días habilitados para los interrogatorios, el juez escuchará a Ricardo Costa, exsecretario general del PP valenciano; Paula Sánchez, exdelegada del Gobierno valenciano; Nuria Romeral, exjefa de prensa de Camps; Juan Sanz, vinculado a las empresas de la trama, y Alicia Verdú, exresponsable de Ventas de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Todos ellos están citados como testigos por el conocimiento que puedan tener acerca de esta adjudicación concreta a la empresa del cabecilla, Francisco Correa.
El día 29 desfilarán por la Audiencia Nacional como testigos Concepción Godoy, directiva de la fundación de restauración La Luz de las Imágenes y Vanesa Borràs, empleada de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Como imputados están citados igualmente el cabecilla de la trama Francisco Correa, Álvaro Pérez 'el bigotes' y Dolors Ibars, entonces jefa de Promoción Institucional de la Generalitat Valenciana. Precisamente esta última fue la que contrató directamente con la empresa de la red por encargo, presuntamente, de sus jefes superiores.
A falta de conocer la versión que preste Camps como imputado, su defensa anunció que iba a recurrir esta citación al considerar que "no hay una sola declaración ni directa ni indirecta" que le vincule con los contratos que están bajo sospecha. Su defensa expone además que no existe un solo fundamento jurídico que sostenga esta imputación por los delitos de prevaricación y fraude y reprochó que no se le dedujera testimonio de la declaración que prestó como testigo en el juicio por las actividades de la trama en la Comunidad Valenciana.
De la Mata reabrió esta pieza número 5 de la trama después de que el pasado mes de septiembre la Sala le ordenara al instructor poner el foco en esta adjudicación. En esta decisión influyó, y mucho, la versión que mantuvo Ricardo Costa en el juicio celebrado el pasado año de que existía una campaña en negro para financiar las elecciones autonómicas y que detrás de la misma estaba Camps. Una tesis que venía a respaldar la mantenida en ese mismo procedimiento por los empresarios que participaron en la misma y que admitieron ante el tribunal que recibieron pagos por servicios nunca prestados.
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