Camps anuncia un segundo plan de austeridad que continúe con la contención del gasto

Valencia.- El president de la Generalitat, Francisco Camps, ha anunciado un segundo plan de austeridad para el ejercicio 2011 que profundizará "en la contención del gasto corriente, sin comprometer" las prestaciones en educación, sanidad, bienestar social y justicia.

Camps, quien en el debate sobre el estado de la Comunitat se ha comprometido a seguir impulsando una administración pública "austera, ágil y eficiente", ha destacado que seguirán reorganizando el sector público valenciano, "reduciendo y reestructurando las entidades y departamentos dependientes de la Generalitat".

Así se disminuirá un 10 por ciento el capítulo de gastos corrientes de todas las consellerias, excepto el vinculado al gasto social, cada departamento del Gobierno valenciano revisará y optimizará sus contratos de mantenimiento y diseñarán planes para una reducción suficiente de los consumos energéticos de al menos un 15 por ciento hasta 2013.

La optimización de los contratos de mantenimiento, la elaboración de un estudio específico de puestos vacantes y de la plantilla de los empleados públicos; junto con una "profunda revisión de las subvenciones y transferencias de los capítulos IV y VII, con criterios de economía, eficiencia y oportunidad", han sido otras de las propuestas de austeridad.

En esta política de contención ha anunciado que adoptarán medidas que "contengan el gasto en la gestión sanitaria", sin que se produzca una disminución de la "calidad de la atención médica", para lo que ha propuesto medidas como que todos los hospitales sean "cero papeles".

Con este objetivo se centralizarán todos los actos sanitarios con el uso de la tarjeta SIP, ha explicado Camps, quien también ha asegurado que seguirán aplicando medidas para el uso racional del medicamento y se impulsará la central de compras y la subasta electrónica, que permitirán ahorrar "un 20 por ciento en suministros y servicios sobre el precio del mercado".

El president también ha anunciado que se reducirán las cargas administrativas un 30 por ciento, "lo que supondrá el ahorro de 182 millones de euros a ciudadanos y empresas" así como un plan para la modernización integral de la Justicia 2011-2014.